Un grupo de expertos calcula que España necesita 1,8 millones de viviendas sociales y asequibles

España necesitaría 814.000 viviendas asequibles y sociales para paliar la actual crisis de vivienda, y sumar otro millón para atenuar la situación en los próximos 10 años. En total supondría incorporar al parque de casas que se quedan fuera de los precios de mercado hasta 1.822.000 inmuebles en una década, y para ello se requeriría un esfuerzo inversor de alrededor de 250.000 millones de euros, casi tanto como lo que recauda la Agencia Tributaria en un año. Son los cálculos de Grupo Viso, un laboratorio de ideas impulsado por empresas vinculadas a la economía social, a partir de una metodología novedosa con la que han analizado las necesidades de vivienda de España.

El estudio, que se presenta este jueves al Ministerio de Vivienda, usa datos públicos y proyecciones de creación de hogares para los próximos años. Y divide el análisis entre el presente y el futuro. Respecto a la situación actual, cruza los datos de los más de 2,9 millones de casas de alquiler que hay en España con los ingresos de los hogares. A partir de ello y con el análisis de las tasas de esfuerzo (la proporción del presupuesto de una familia que hay que dedicar a pagar la renta) concluye que actualmente harían falta ya 814.000 viviendas asequibles o sociales.

Las primeras, que se definen como aquellas que estén al menos un 20% por debajo de los precios de mercado e irían destinadas a familias que necesitan “un grado de intervención medio”, se cuantifican en 684.000 y deberían salir fundamentalmente de iniciativa privada con algún tipo de apoyo público. Las segundas, cuya renta se debe adaptar a los ingresos de cada hogar porque se destina a los que están en situación más vulnerable, se elevan a 102.000 casas necesarias, más otras 28.000 para acabar con el problema del sinhogarismo. Y pertenecerían fundamentalmente al parque público o de entidades sin ánimo de lucro.

Los cálculos, basados en estadísticas oficiales, permiten ver también dónde se concentra territorialmente la mayor urgencia. Madrid, por ejemplo, es la autonomía donde se necesitaría más vivienda asequible, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Pero es en Andalucía donde harían falta más pisos sociales, seguida de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Estas tres comunidades, de hecho, concentran el 80% de la necesidad de vivienda social del conjunto de España. Y casi el 90% si se les suma Canarias. Por el contrario, el análisis detecta que ni Aragón ni Navarra necesitarían ninguna.

La segunda parte es la proyección a futuro, para lo que se parte tanto del déficit de casas ya detectado por el Banco de España (600.000) como de las expectativas de creación de hogares en 10 años. En total se estima que harán falta 1,7 millones de nuevas viviendas, de las que el 60% tendrían que ser asequibles o sociales. En concreto, harían falta (usando un esquema similar al que analiza el parque actual) 806.000 inmuebles del primer tipo y 202.000 del segundo, destinado a las familias con mayor vulnerabilidad.

Los autores del informe, titulado La vivienda, quinto pilar del Estado de bienestar, son conscientes de la dificultad de incorporar al exiguo parque social y asequible español (que el último boletín del Ministerio de Vivienda estima en el 3,3%, por debajo de la media Europa del 8%) más de 1,8 millones de alquileres. Y por ello proponen varias soluciones que van desde la compra de viviendas existentes por parte de las Administraciones hasta la reconversión de usos, la redensificación de las ciudades o la construcción, por la que pasa la mayor parte del objetivo.

La edificación es más lenta que otras soluciones (que tienen más peso en las primeras fases de desarrollo del parque) pero permitiría incorporar 772.000 vivienda en fórmulas de colaboración público-privadas y 175.000 directamente con promoción pública, que serían las destinadas a alquileres sociales. Los expertos ven en todo ello “indispensable la participación de inversores privados no especulativos” y apuestan por fomentar la aparición de asociaciones de desarrollo y gestión de parques de vivienda, con lucro limitado, como existen en otros países europeos.

Aumentar el gasto

España solo destina actualmente el 0,15% del PIB a vivienda y el estudio propone elevarlo al menos al 0,55% de media europea, lo que significaría un presupuesto de unos 8.000 millones por año. Alcanzar el 1,05% de la eurozona supondría elevar eso hasta los 14.000 millones, aunque siguen siendo cifras alejadas de la inversión estimada de 250.000 millones en 10 años. Por ello proponen complementarlo con algunas reformas tributarias y con una estrategia global que se beneficie también de las partidas de otros ministerios en áreas de confluencia con la vivienda, como las políticas sobre juventud. Aunque el plan se centra en el alquiler, no se descarta la construcción de vivienda protegida para venta, lo que ayudaría también a financiar las operaciones.

El estudio, que el ministerio se ha mostrado dispuesto a recibir pero en cuyo encargo no ha participado, está dirigido por Paco Campos, socio fundador de la compañía We Rent, y Albert Sala, directivo de Ingeus y Daleph. Estas son las empresas que impulsan el think tank Grupo Viso. En la elaboración ha participado Javier Burón, gerente de la empresa navarra de vivienda pública Nasuvinsa; Gregori Cascante, consejero delegado de Ingeus y Daleph; Phlip Miles, director de la mayor asociación de vivienda del Reino Unido (Clarion); Alejandra Mora, socia directora de la gestora de inversiones de impacto social Alas; Cristina Monge, profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza; y Maria Dolors Roca, experta en Derechos Urbanístico de Roca Junyent.