Los socialistas proponen elevar en altura los edificios para ganar vivienda pública en Valencia

Es una fórmula a la que ha recurrido Barcelona, Madrid o Palma de Mallorca para intentar solucionar el problema de emergencia habitacional que padecen las ciudades y que consiste en hacer crecer los bloques hacia arriba, edificando nuevos pisos sobre la estructura original. Los socialistas de Valencia llevan este miércoles la propuesta a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia porque, según sus cálculos, con esta política el exiguo parque de vivienda pública de la capital podría ganar más de 72.000 pisos.

La escasez de vivienda se ha agravado en Valencia durante los últimos años, tanto en la venta como en el alquiler, hasta niveles nunca vistos. En estos momentos, hay unos 300 pisos públicos en obras en la capital pero la demanda exigiría la disponibilidad de muchos más, sobre todo después de la dana.

El grupo municipal del PSPV ha estudiado varias opciones y en la comisión de este miércoles propondrán una modificación en el PGOU de la capital para poder subir de una a dos plantas la altura de los edificios en la capital. Han hecho cálculos y, según lo que han arrojado los números, aumentando una planta todos los edificios de la capital se obtendrían 86.644 viviendas de protección pública repartidas por toda la ciudad. “Si restamos un 20% por entender que en los centros históricos y edificios protegidos no se podrá, saldrían 72.220 nuevos pisos —cantidad que se elevaría a 144.440 si se añadieran dos plantas por bloque—”, apunta la concejala socialista Elisa Valía.

Esta fórmula, añade la edil, evitaría la expulsión y el desarraigo de los vecinos de sus barrios y puede ser una salida innovadora a la emergencia habitacional. Este aprovechamiento del vuelo de los edificios no es nuevo, ya se ha puesto en práctica en otros lugares y existen fórmulas, con prefabricados y otros materiales ligeros, para elevar las alturas de acuerdo a la estructura con un estudio de edificio a edificio.

La idea es que una comunidad de propietarios pueda promover esa altura de más y las viviendas que salgan pasen a ser declaradas de protección pública. Con los recursos económicos que se generen de vender la edificabilidad, los vecinos pueden afrontar reparaciones estructurales en sus edificios (ascensores, rehabilitación energética, accesibilidad, reparar estructuras), plantea la edil socialista, que advierte que el parque de vivienda de Valencia está muy envejecido. “La vivienda pública nunca va a llegar a barrios muy consolidados si no es con soluciones de este tipo”, añade la edil.

“Cuando se va a hacer, por ejemplo, un colegio o una biblioteca en un solar donde se permiten seis alturas y la nueva construcción solo tendrá dos, se podría estudiar que encima de ese inmueble se construya vivienda dotacional para menores de 35 años, mayores de 65 y otros colectivos vulnerables”, añade Valía.

No es la única iniciativa que los socialistas han propuesto en los últimos meses al Gobierno local de PP y Vox para aliviar la emergencia habitacional: desde declarar zonas tensionadas para limitar la subida de los alquileres en aplicación de la ley estatal de Vivienda, hasta recurrir al derecho de tanteo y retracto de edificios enteros de viviendas pero “han sido rechazadas por el gobierno de María José Catalá”, apunta Elisa Valía.

El Ayuntamiento de Valencia ha renunciado en los últimos meses a la compra de ocho edificios, con 435 viviendas, en diferentes barrios de la capital pese a su derecho prioritario al tanteo y retracto en un momento de escasez de pisos y de altos precios por motivos técnicos, critican los socialistas. Por otro lado, el Consell subió en septiembre del año pasado el módulo de la vivienda de protección pública en un 9%, pasando de un máximo de 2.200 euros el metro cuadrado establecido en 2023 a los 2.400 euros desde el año pasado con el argumento de hacerla más atractiva a los promotores.

“Catalá sigue alimentando la especulación urbanística” en plena escalada de los precios de la vivienda”, apunta Valía en referencia a la permuta anunciada a principios de febrero por el Ayuntamiento de Valencia de un edificio con 86 viviendas con un promotor “a cambio de suelo municipal donde se podían haber construido 400 viviendas de protección pública”. Según los socialistas, han valorado las 86 viviendas construidas en 20 millones, las parcelas en 15,7 millones y el consistorio ha tenido que pagar los 4,8 millones de diferencia, explican.

Otro elemento que, según los socialistas, serviría para destensar el mercado de la vivienda en la capital, es incentivar la salida al mercado de las 36.500 las viviendas que hay vacías en la capital. “Pero no les están ofreciendo ninguna medida”, añade. También han pedido que el registro de solares —cuyos dueños están obligados a construir en unos plazos o de forma subsidiaria el Ayuntamiento— se amplíe al conjunto de la ciudad y no exista sólo a Ciutat Vella o El Cabanyal.

El Gobierno municipal construye en la actualidad 307 viviendas de protección pública a través de Aumsa y se ha propuesto a final de mandato alcanzar las 955 con fórmulas como la adquisición directa, las permutas o los derechos de superficie. “La conclusión del plan de vivienda de Catalá es que de ese millar de viviendas protegidas que se han propuesto como objetivo, al final en obra ha aumentado el parque público de vivienda del Ayuntamiento en las 86 que ha permutado porque las 307 estaban ya en marcha de antes y el resto de protegidas las van a construir agentes privados”, concluyen.