El Constitucional avala el decreto valenciano de tanteo para ampliar el parque público de vivienda

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 senadores del PP en 2020 contra el decreto-ley para la ampliación de vivienda pública en la Comunidad Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto que promovió la pasada legislatura la Vicepresidencia y Consejería de Vivienda de la Generalitat valenciana, que dirige Podemos.

El objetivo de las cláusulas de tanteo y retracto del decreto ley valenciano buscaba, según argumentaron sus redactores, frenar los movimientos especulativos, incrementar el parque público de vivienda y evitar las subidas del alquiler después de la pandemia. En él, la Generalitat se reserva la posibilidad de intervenir en el mercado y adquirir vivienda a precios a los que habitualmente se les venden a entidades financieras. La intención del decreto es duplicar el parque público de viviendas en 10 años.

Los grupos parlamentarios en la oposición de la Comunidad Valenciana, PP, Ciudadanos y Vox se opusieron a la validación del decreto que calificaron de “inconstitucional”. El PP alegó que el decreto ley del Gobierno valenciano invadía competencias exclusivas del Estado y suponía la “expropiación de un derecho fundamental”. Adujeron además que tres meses después de aplicarse el decreto-ley había cientos de operaciones de compraventa paralizadas a la espera de que la Consejería respondiera si eran de su interés.

El vicepresidente segundo y consejero de Vivienda valenciano, Héctor Illueca. se ha mostrado satisfecho con la decisión del Constitucional: “Creo que la sentencia demuestra que el único objetivo del recurso que interpuso el PP era impedir que la Generalitat pudiera disponer de una herramienta para ampliar el parque público de viviendas y ponerlas a disposición de la ciudadanía”.

Según la sentencia, el Constitucional considera que sí que concurre una situación de extraordinaria y urgente necesidad en relación con el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, y que el decreto-ley permite dar “una respuesta más rápida para colmar las necesidades de vivienda de los colectivos vulnerables” que con la tramitación ordinaria de un proyecto de ley.

El Alto tribunal tampoco aprecia que haya invasión de competencias del Estado, pues por ejemplo señala que el derecho de adquisición preferente no se establece respecto de la adquisición de una vivienda dentro del proceso de ejecución hipotecaria, sino que afecta a las ulteriores transmisiones de viviendas.

Y apostilla que “la afirmación de que los derechos de adquisición preferente del decreto-ley ocasionan una pérdida patrimonial con relación a los costes de la transacción no se corresponde con la interpretación sistemática de las normas, ya que la legislación que desarrolla el régimen jurídico de esta institución, de naturaleza civil, determina la obligación de pagar los gastos de la transmisión, reflejándose esta obligación en el decreto Ley”.

Políticas de referencia, según Belarra

El vicepresidenta ha acusado este lunes a los senadores del PP que rubricaron el recurso de comportarse “como un grupo de lobistas, defendiendo los intereses de los fondos buitre, de los fondos de inversión de las grandes inmobiliarias”. Según el titular de Vivienda, los populares han actuado como “mamporreros” de los intereses “que conspiran cada día para impedir que podamos construir en la Comunidad Valenciana un sistema público de vivienda”.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de visita este lunes a Valencia, ha asegurado que las políticas de vivienda valencianas son “una referencia en todo el Estado” y “para todos los progresistas que apuestan por la gente”. En esta dirección, Belarra ha emplazado al PSOE, su socio en el Gobierno de España, que apruebe la ley estatal de Vivienda. “Mi compromiso y el de Podemos con esa ley es férreo, no vamos a parar hasta disponer de ella y regular los precios del alquiler en las áreas con precios más tensionados”.

Sobre el retraso en su aprobación, la ministra ha explicado que “quien tiene que explicar por qué está bloqueda, es el PSOE”.