El Constitucional admite el recurso del PP contra el decreto ley de vivienda del Gobierno valenciano

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 senadores del PP contra el decreto-ley para la ampliación de vivienda pública en la Comunidad Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto promovido por el vicepresidente segundo y consejero de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. Así consta en una providencia hecha pública este miércoles, en la que el Tribunal ordena dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como a Les Corts Valencianes y al Consell para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha manifestado su “satisfacción” por este trámite procesal y ha asegurado que este decreto ley es “innecesario” y supone “un ejercicio más del sectarismo de la izquierda” y de su intención de “intervenir en la economía”. En comparecencia de prensa, ha destacado que en tres meses hay “5.000 operaciones de compraventa de inmuebles paralizadas esperando la contestación de la Conselleria” de Vivienda, algo que para la dirigente del PP es “una barbaridad” en estos momentos “de tanta dificultad económica”.

Para Bonig, este decreto “es inconstitucional, no da seguridad jurídica y es una cortina de humo para tapar la nefasta política en materia de vivienda pública del gobierno del Botànic, especialmente de Podemos”. Ha destacado que todas estas compraventas que están paralizadas no son de fondos buitre sino de particulares, la inmensa mayoría, que pagan sus impuestos, gracias los cuales “se puede pagar a los médicos o a las enfermeras”. “Ojo con cargarnos la economía”, ha advertido la presidenta regional del PP, para quien este decreto es “un claro ejemplo de cargarse la economía para nada, por controlar”.

En su defensa del decreto ley en las Cortes valencianas, Martínez Dalmau defendió a mediados de julio que el objetivo de las cláusulas de tanteo y retracto busca frenar los movimientos especulativos, incrementar el parque público de vivienda y evitar las subidas del alquiler en la postpademia. “En las operaciones que veamos que hay posibilidad de adquirir vivienda a precios a los que habitualmente se les venden a entidades financieras intervendremos y adquiriremos las viviendas para la Generalitat o los ayuntamientos correspondientes”, subrayó.

Los grupos parlamentarios de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox se opusieron a la validación del decreto que calificaron de “inconstitucional” , de un “decretazo”, y de una “gran chapuza”, que genera inseguridad jurídica. La iniciativa salió adelante por la mayoría del Parlamento valenciano gracias a los votos de los tres socios del Gobierno valenciano, PSPV, Compromís y Unides Podem.

Martínez Dalmau ejerció a principios de julio ese derecho al tanteo en la operación de compra por parte de la Generalitat sobre un paquete de viviendas que el Banco de Sabadell iba a vender a un fondo de inversión, mediante la cual se incorporarán al parque público 218 inmuebles. Lo que le valió las críticas de la oposición y también de algunos agentes privados.