El vicepresidente valenciano denuncia “amenazas y presiones” por ampliar el parque de vivienda pública

El vicepresidente segundo y consejero de Vivienda del Gobierno valenciano, Rubén Martínez Dalmau, de Podem, ha denunciado este domingo en su cuenta de Twitter que, desde la aprobación por parte de la Generalitat del decreto-ley para la ampliación del parque de vivienda pública mediante el derecho de tanteo y retracto y que permitirá a la administración adquirir viviendas procedentes de ejecuciones por impago de la hipoteca o aquellas que se transmitan en grandes operaciones inmobiliarias. “No se han detenido las presiones y amenazas, tanto públicas como privadas, por parte de los poderes fácticos que defienden a los fondos de inversión”, ha denunciado Dalmau.

“Presiones y amenazas que se están ejerciendo no solo sobre mí, sino también a personas del equipo que ha trabajado en el decreto. Por eso hemos decidido denunciarlo públicamente, porque están presionando para cargarse el decreto y que no se convalide en las Cortes valencianas el próximo 15 de julio. Son presiones de todo tipo, informales, directas. Si fueran amenazas físicas lo hubiéramos denunciado ante la policía, por supuesto”, ha explicado Dalmau a EL PAÍS esta mañana. El vicepresidente ha declinado concretar sobre quién estaba ejerciendo esas presiones y amenazas.

La denuncia de Dalmau, a través de un hilo de publicaciones en su cuenta de Twitter, se produce después de que el 5 de junio el pleno del Consell, gobernado por el PSOE. Compromís y Podem, aprobase un decreto ley que amplía los supuestos en los que las administraciones pueden adquirir inmuebles para destinar a vivienda pública mediante el derecho de tanteo y retracto. Con esta normativa, la administración podrá adquirir viviendas procedentes de ejecuciones por impago de la hipoteca o aquellas que se transmitan en grandes operaciones inmobiliarias, aumentando el parque público para poder dar respuesta a las situaciones de emergencia habitacional. La Generalitat valenciana tiene una lista de 14.000 demandantes de vivienda pública.

“La propuesta llegó a oídos de los lobbies de sectores económicos poco transparentes y de los grupos de inversión, y sonaron las alarmas”, subraya el dirigente en su cuenta. “Empezaron entonces las presiones y las amenazas, públicas y privadas, por parte de quienes quieren mandar sin presentarse a unas elecciones”, denuncia el también profesor de Derecho Constitucional. Dalmau destaca que la normativa “ayudará a aumentar el parque público de la Generalitat y de los ayuntamientos, como recomienda el Banco de España”. Para su elaboración, “contó con la participación de los agentes involucrados, organizaciones sociales y empresariales, operadores jurídicos y expertos varios”. “Hay resistencia al decreto, pero hablamos con todos: registrados, notarios, organizaciones sociales, la Abogacía de la Generalitat”, añade.

“En primer lugar, el propósito, es poder intervenir por el mismo dinero, antes de producirse el movimiento especulativo, incorporando esas viviendas al parque público. En segundo lugar, este tipo de derecho se puede ceder a los ayuntamiento a través de convenios con la Generalitat. En tercer lugar, la calificación permanente impide que esas viviendas ya no van a poder ser enajenadas una vez adquiridas por la Administración durante la vigencia del decreto, evitando la privatización del parque público, como hizo el PP aquí en la Comunidad Valenciana y en casos tan sangrantes como la compra por fondos buitre de viviendas públicas de Madrid”, señala.

Dalmau recuerda que el derecho de tanteo y retrato ya fue incorporado por el PP en la Ley de Vivienda de 2004 de la Generalitat. “Ahora lo que se ha hecho es potenciarlo y ampliarlo, haciéndolo más operativo con una de las medidas más progresistas en este sentido”, agrega. Apunta que la figura de la calificación permanente ya funciona en países como Austria, Suecia o Finlandia y otras administraciones españolas también contemplan su introducción.

Preferencia en transmisiones

El vicepresidente insiste en que el decreto-ley permite a las administraciones públicas “actuar con preferencia en transmisiones de viviendas como las adquiridas mediante dación en pago, proceso judicial de ejecución hipotecaria, procedimiento de venta extrajudicial o en edificios completos de viviendas”. “La necesidad es clara: después de la pandemia, y ante la posibilidad de nuevas amenazas, hay que asegurar que nadie se quede sin techo”, defiende en el hilo de su Twitter. El consejero recuerda que el 15 de julio se convalidará el decreto-ley en Les Corts, “lo que le dará carácter permanente”, pero ha lamentado que “hasta entonces las presiones no cesarán”. “En esa votación veremos quién está al lado de los fondos buitre y quién al lado de la gente”, concluye en su hilo de Twitter.