La industria se aferra a los ERTE para evitar despidos masivos

En 2024 se produjeron más despidos colectivos, suspensiones de contrato y reducciones de jornada en España que en el año anterior. En consecuencia, 189.203 trabajadores se vieron afectados, 8.000 más que en 2023 (+4,45%); y, por tercer año consecutivo, seis de cada diez se focalizaron en la industria, según datos del Ministerio de Trabajo. Desde la pandemia, las empresas se han acostumbrado a recurrir a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ante las dificultades para evitar despidos masivos. Pese a la recuperación de la actividad tras la covid, el sector industrial lidia con un contexto internacional de inestabilidad política, volatilidad en los precios de la energía e incertidumbre económica que augura nuevas turbulencias.

La guerra arancelaria que ha iniciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que tiene en su punto de mira a la Unión Europea, se observa como una espada sobre la cabeza de sectores como el automovilístico, que empiezan a dar ya muestras de agotamiento. Los ERTEs, un instrumento concebido para proteger el empleo cuando las empresas atraviesan dificultades que se presumen temporales, están sirviendo para evitar una sangría en el empleo.

La lista de empresas que han recurrido en los últimos meses a los ERTE para evitar despidos masivos evidencia la transversalidad del problema: firmas automovilísticas (Ford , Volkswagen Navarra, Stellantis o Silence), metalúrgicas (ArcelorMittal), alimentarias (Danone y Bimbo), y de telecomunicaciones (Cellnex y MasOrange), entre otras, se han acogido a esta herramienta tras sufrir problemas económicos. Miles de trabajadores han visto alterada su estabilidad laboral en un sector que atraviesa un complejo proceso de reconversión. Esta travesía es fundamental para que la industria recobre su peso sobre el balance económico del país, advierten los sindicatos.

El sector del automóvil es uno de los más golpeados en este contexto de inestabilidad por la incertidumbre regulatoria de los coches de combustión, las dudas en el arranque del vehículo eléctrico y el desembarco masivo de vehículos eléctricos ensamblados por fabricantes chinos. La difícil situación del sector, muy importante en España, que es el segundo fabricante europeo, llevó al Gobierno a aprobar a finales del año pasado un mecanismo RED de ERTE para sectores que atraviesan dificultades por reconversión industrial. “El automóvil representa un 10% del PIB y da empleo, de manera directa, a unas 200.000 personas”, destacó el Ejecutivo al aprobar el instrumento legal. “Este sector enfrenta importantes problemas estructurales y coyunturales, como la transición hacia la movilidad eléctrica, los avances en la automatización y la presión de competidores internacionales”, agregó.

Para los representantes de los trabajadores, la transformación del sector justifica la situación. “Con la llegada del coche eléctrico, por ejemplo, se va a tener que replantear la fabricación de algunas piezas. Los embragues van a desaparecer, así que habrá que recomponer líneas de producción y recualificar a las personas trabajadoras en los diversos sectores productivos para abordar procesos de reindustrialización de diferentes comarcas donde se pudiera cerrar la empresa que da empleo a esas personas”, explica Gerardo Cortijo, secretario de Política Industrial de CC OO. De acuerdo con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para 2050 todos los vehículos que circulen en España deberán ser de cero emisiones.

Los registros señalan que durante los últimos 12 meses se ejecutaron 8.651 despidos colectivos en la industria, 1.196 más que en 2023, lo que evidencia las crecientes dificultades por las que atraviesan muchas fábricas. Sin embargo, los analistas consideran que las consecuencias sobre el empleo se están viendo atenuadas por el recurso a los ERTE. Como prueba, argumentan que las suspensiones de contrato (99.647 el año pasado) suponen prácticamente el doble que en 2019, antes de que la covid provocase un frenazo sin precedentes de la actividad e impulsase el uso de estos mecanismos.

“No se está perdiendo empleo ni estabilidad en la industria”, señala Juan Antonio Vázquez, secretario de Política Industrial de UGT-FICA. “El sector está atravesando una transformación derivada de un cambio en los procesos productivos que lleva aparejado estos procesos de regulación del empleo, que en muchos casos están siendo pactados”, añade.

Para los sindicatos, no hay duda de que los ERTE están funcionando nuevamente como un recurso de protección para el empleo, como ya sucedió durante la pandemia. Esta herramienta de suspensión laboral ―cuyo origen se remonta al Estatuto de los Trabajadores de 1980, y que desde entonces ha sido reformulada en varias reformas laborales―, adquirió la dimensión de salvavidas durante la crisis de la covid, tanto para empresarios como trabajadores. A las bonificaciones en el pago de las cuotas a la Seguridad Social para los empleadores que decidieran no despedir a personas de su plantilla, se sumó la eliminación del consumo de derechos de desempleo acumulados para los empleados, por ejemplo, entre 2020 y 2021. Sin embargo, en la reforma laboral aprobada a finales de ese último año, el Gobierno, con el apoyo de sindicatos y patronales, introdujo por primera vez el Mecanismo RED (un sistema estructural para situaciones de crisis cíclicas o sectoriales); simplificó los formalismos de solicitud y aprobación de expedientes y mantuvo las bonificaciones y exoneraciones.

Superada la recesión que originó el coronavirus, actualmente la industria atraviesa un momento crucial. “Estamos viviendo transformaciones que van a ser históricas, hasta el punto de que casi podríamos hablar de una nueva revolución industrial”, analiza Cortijo (CC OO). En su opinión, la electromovilidad va a trasformar por completo al sector del automóvil, así como las nuevas formas de consumir y de producir de una manera más sostenible serán los puntos centrales de un cambio imparable. “Como nos demostró la pandemia, la falta de autonomía estratégica y la incapacidad de crear productos básicos para abastecer a nuestra población de una manera eficaz es algo que tenemos que corregir. Por eso, la línea industrial ha de ser la palanca que, acompañada por el Estado, permita transformar los modelos productivos de una manera que la industria llegue a representar ese 20% del PIB que marca la Unión Europea”, añade.

Según este índice, el aumento de la facturación en 2024 fue resultado de los avances de las ventas de bienes de consumo no duradero (+4,5%) y bienes de equipo (+0,2%). Por contra, se registraron descensos en energía (-4,4%), bienes intermedios (-1,8%) y bienes de consumo duradero (-1,2%).

Pese a que la revisión de las cifras por territorios arroja un saldo común positivo, ya que 13 de las 17 comunidades autónomas registraron subidas ―las mayores se dieron en Baleares (+8,1%), Andalucía (+6,9%) y Extremadura (+4,7%)―, en las que esto no sucedió, como País Vasco (-5%), Cantabria y Comunidad Valenciana (-3,9% en ambos casos) y Navarra (-1,6%), el golpe fue mayor. Especialmente en la primera y la última, puesto que la representatividad de este sector es mayor que en otros lugares. La distancia sobre los resultados de 2022 de Navarra y País Vasco es también significativa (entonces registraron alzas del 20,5% y 26,4%, respectivamente), siendo, además, la comunidad vasca la que marcó el tercer mejor registro ese año.

Impacto territorial

También el golpe sobre el empleo en la industria repercute de manera desigual a lo largo del país, afectando en mayor medida a aquellos territorios en los que existe una mayor presencia del sector. Sin embargo, el desglose geográfico está más condicionado que los demás por los estragos de la dana, ya que la Comunidad Valenciana presenta el mayor número de trabajadores afectados (63.889), un 84,2% de ellos en la provincia de Valencia. Cataluña (19.062) y Navarra (18.525) copan los siguientes escalones de la lista. En esta última comunidad, se registraron varios ERTE en el sector de la automoción, como los que presentaron las compañías Sunsundegui (histórica empresa de autobuses) o Volkswagen.

Una parte del grueso de las afectaciones sobre el empleo en el sector se debe a los devastadores efectos de las inundaciones que provocó la dana, principalmente en la provincia de Valencia. Los datos de Trabajo señalan que 31.442 tuvieron su origen en los ERTE que se aplicaron a consecuencia de los desperfectos ocasionados por las lluvias torrenciales, lo que distorsiona ligeramente la contabilidad del año pasado. Algo que, en opinión de los expertos, no esconde la transformación que están experimentando muchos territorios a consecuencia del cambio de paradigma productivo.

“Es necesario que se busquen alternativas industriales en determinadas zonas para que la industria pueda repartirse de una manera equilibrada por todos los territorios. Ahora tenemos la oportunidad de caminar hacia una situación que reduzca nuestra dependencia de otros países”, señala Vázquez, en alusión a la Ley de Industria y Autonomía Estratégica que el Gobierno aprobó en diciembre, para sustituir la actual norma, de 1992. “Todas las Administraciones deben aprovechar esta oportunidad y dejar de lado la confrontación política, porque de no hacerlo, puede que no vuelva a pasar”, advierte.

Mal pronóstico

Dentro de los paquetes de ayudas aprobados por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la dana se encontraban los ERTE ETOP, que se aplican cuando se producen fenómenos que impactan sobre la situación económica, técnica, organizativa y de producción de las compañías, y que, además de remediar los efectos de este fenómeno meteorológico en la Comunidad Valenciana, han funcionado durante todo el año como refugio para otras empresas en problemas.

En función de la causas alegadas por las compañías el año pasado, de acuerdo con los datos de Trabajo, de los 113.836 trabajadores de la industria cobijados por todos los instrumentos de reducción de empleo, 67.676 (59,5%) lo fueron por causas de la producción, seguidos de 14.339 (12,5%) por razones económicas, 12.016 (10,5%) por cuestiones organizativas, y 5.449 (4,8%) por razones técnicas. A ellos se suman 14.356 (12,7%), que lo estuvieron por fuerza mayor como lo fueron, por ejemplo, las inundaciones.

Por divisiones de actividad y sumando las cinco categorías, los empleados más impactados fueron los de la fabricación de vehículos de motor (55.624), habiéndose visto perjudicados el 56,3% de ellos, algo más de la mitad, por recortes en la producción. El sector automovilístico en España está atravesando un periodo muy delicado y que presenta un mal pronóstico para 2025, toda vez que las plantas nacionales han sufrido una caída del 27,2% en el primer mes del año por la falta de pedidos, el mayor descenso interanual desde noviembre de 2021.