La jueza del ‘caso Barbate’ denuncia que le han pinchado las ruedas del coche y lo han rociado con pintura

La jueza María Eulalia Chanfreut, primera instructora del caso Barbate ―en el que se investiga la muerte de dos guardias civiles al ser embestidos por una lancha el 9 de febrero de 2024 en el mismo municipio gaditano― ha denunciado ante la Guardia Civil que le han pinchado las ruedas de su vehículo y lo han rociado de pintura cuando lo tenía aparcado en la puerta de su casa. Los actos vandálicos denunciados se produjeron el 8 de marzo, según ha informado este jueves la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que ha urgido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que se regule la compensación de daños a los miembros de la carrera judicial que estén relacionados con el ejercicio de sus funciones. “Estos sucesos causan una profunda inquietud en la judicatura”, ha denunciado Sergio Oliva Parrilla, portavoz de AJFV. “Por eso ―ha añadido―, es fundamental que contemos con garantías personales y materiales que nos protejan. Y así lo hemos exigido al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia”.

Chanfreut trabaja como jueza sustituta adscrita a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de la localidad gaditana de Barbate. Según su relato, la mañana del 8 de marzo, al ir a coger el coche, se encontró con que tenía las cuatro ruedas pinchadas, había sido rociado con pintura tanto en el capó como en el techo y en los laterales, y el símbolo trasero de la marca del fabricante había sido sustraído. La jueza denunció lo que le había ocurrido en el cuartel de la Guardia Civil de Barbate (Cádiz) y lo acompañó con fotografías de los desperfectos, cuyo coste de reparación ha anticipado. El autor o los autores no han sido aún identificados, según ha informado la asociación en un comunicado.

La asociación AJFV, la segunda con más afiliados, reclama que la Audiencia Nacional asuma la competencia de los delitos “relacionados con el narcotráfico”, “independientemente del ámbito en el que se desplieguen los efectos de los mismos”. “Esta distribución competencial evitaría, en definitiva, la tentación de tratar de condicionar a los miembros de la carrera judicial en la investigación y enjuiciamiento de estos delitos”, añaden. En la actualidad, la Audiencia Nacional asume los casos de tráfico de drogas siempre que sean cometidos por grupos organizados y produzcan efectos en distintas provincias.

La asociación envió el 17 de marzo un escrito al Poder Judicial para instar al órgano constitucional a que regule un procedimiento para compensar por los daños a bienes de los miembros de la carrera judicial que estén relacionados con sus funciones, algo que hasta ahora no existe para los jueces españoles. “Este protocolo podría tramitarse vía reglamento o modificación reglamentaria y beneficiaría a todos los jueces y magistrados en activo que sufran daños materiales en bienes de su propiedad o de aquellos de uso profesional asignados por la Administración de Justicia”, explica la asociación. Los casos que se incluirían serían los que tienen un autor desconocido, un autor conocido que sea insolvente, y siempre que se pruebe el vínculo entre el daño y el ejercicio de la función jurisdiccional.

La AJFV considera que “es el caso” de lo ocurrido a la jueza sustituta de Barbate, de la que destaca que instruyó la causa en la que hace poco más de un año murieron arrollados por una lancha los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez y que asumió la práctica de las primeras detenciones. Esos primeros implicados fueron exonerados después de pasar cinco meses en prisión provisional gracias a un informe de la Guardia Civil que concluyó que no habían sido ellos los que embistieron a la patrullera, mientras que el piloto de la narcolancha y considerado principal responsable se entregó el pasado septiembre. Además, Chanfreut investigó la posible responsabilidad penal de los mandos del instituto armado que ordenaron la intervención de los agentes aquella noche, una causa que la Audiencia Provincial de Cádiz dio por concluida el pasado noviembre al concluir que el crimen fue responsabilidad exclusiva de los tripulantes de la narcolancha y no se podía culpar a los dos altos mandos.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), colectivo que denunció en los juzgados las deficiencias en el operativo y que pedía responsabilizar a los mandos por un delito contra el derecho de los trabajadores por no facilitar supuestamente a los agentes los medios necesarios para actuar aquella noche, ha condenado “con absoluta rotundidad” este ataque. “Lo que necesitamos no es miedo, sino más medios, más protección y más respaldo institucional”, han pedido.

El sindicato Justicia Policial (Jupol), mayoritario en la Policía Nacional, también ha enviado su apoyo a la jueza que ha sufrido el ataque y lo ha condenado: “Demuestra la absoluta impunidad con la que se sienten los narcos”, han valorado.