‘Caso Barbate’, un doble crimen resuelto pero no cerrado

Aún no había amanecido en Cádiz el pasado 19 de septiembre, cuando los dos guardias civiles que interrogaban a Karim El Baqqaly, piloto confeso de la narcolancha que mató a los dos agentes del instituto armado Miguel Ángel González y David Pérez en el puerto de Barbate el 9 de febrero anterior, estaban a punto de concluir su interrogatorio. El Baqqaly, que había sido detenido la noche anterior tras regresar de Marruecos donde había permanecido oculto, había asegurado durante su declaración de más de tres horas que todo había sido un accidente. El abogado pidió entonces que se hiciera a su cliente una última pregunta: qué le había llevado a presentarse de forma voluntaria. “Necesitaba contar la verdad, desahogarme y pedir perdón a las familias ofreciendo la verdad”, dijo el detenido. Cuando se acaba de cumplir un año de aquel trágico suceso y cinco meses de aquella declaración en la que el principal implicado se ofrecía a despejar las dudas, el caso Barbate sigue, sin embargo, abierto con varios interrogantes por responder.

A falta de un detenido. Horas después de la muerte de los dos agentes, la Guardia Civil detenía a los que se anunció como los seis presuntos autores del crimen. Eran los ocupantes de una narcolancha que aquella noche había estado en el puerto de Barbate y que habían huido para abandonar su embarcación en una playa cercana. Tras cinco meses en prisión provisional, el informe de la Guardia Civil que analizó minuciosamente las imágenes que grabaron ocho cámaras concluyó que no habían sido ellos los que embistieron a la patrullera. El giro en la investigación permitió no solo localizar poco después en Huelva la embarcación que había protagonizado el ataque, sino también forzar a las mafias del Estrecho a que empujaran a los autores del crimen a regresar a España desde su refugio en Marruecos. Así, al arresto de El Baqqaly en septiembre le siguieron, dos meses más tarde, los de Mohamed Laachiri y Yassine El Morabet. Aún queda por capturar un cuarto, A. E. H., supuestamente oculto en el país magrebí y sobre el que pesa una orden internacional de detención.

Homicidio o asesinato. La confesión de El Baqqaly en la que aseguraba contar “la verdad” está lejos de ser respaldada no ya por los informes policiales, sino incluso por las declaraciones de los otros detenidos, con las que presenta contradicciones. Por ello, el juez que instruye la causa, Ángel Rojas, ha encargado un informe pericial para determinar si la narcolancha embistió a los agentes de manera accidental, como han defendido los detenidos, o fue una acción intencionada, como apuntan los informes de la Guardia Civil. El instructor pretende decidir si mantiene contra El Baqqaly y los otros dos encarcelados la imputación por dos delitos de asesinato consumado y cuatro de tentativa —por los guardias civiles heridos— o si la rebaja a homicidio, con la diferencia de penas que ello supondría en una condena inevitable después de la confesión de los tres.

Un operativo cuestionado. El mismo juzgado abrió una segunda causa tras una denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra el coronel de la Comandancia de Cádiz, Luis M. V., y al general jefe del instituto armado en Andalucía, Luis O. C., por un delito contra el derecho de los trabajadores por no facilitar supuestamente a los agentes los medios necesarios para actuar aquella noche. Los guardias civiles que sobrevivieron habían puesto de manifiesto en sus declaraciones la inferioridad de recursos con la que hicieron frente a los delincuentes. “La barca en la que íbamos no estaba preparada para ese cometido”, señaló uno. Otro tildó de “súper absurdo” el dispositivo. En noviembre, la Audiencia Provincial de Cádiz dio carpetazo a esta causa al concluir que el crimen fue responsabilidad exclusiva de los tripulantes de la narcolancha y no se podía culpar a los dos altos mandos. La decisión, que era firme y no podía ser recurrida, no ha impedido que la familia de uno de los fallecidos haya pedido su reapertura tras aportar un audio en el que uno de los heridos detallaba al padre de una víctima cómo advirtió a sus superiores del peligro que entrañaba el operativo. El juez, con el respaldo de la Fiscalía, ha rechazado por ahora reabrirla.

Denuncia de falta de medios. Tras el suceso, las asociaciones profesionales de guardias civiles denunciaron una supuesta falta de medios para combatir el narcotráfico en el Estrecho. Desde el insuficiente número de patrulleras o el mal estado de algunas hasta la necesidad de más agentes y críticas a la decisión de desmantelar, en septiembre de 2022, el OCON-Sur, una unidad que había logrado desde su creación en 2018 un incremento de los alijos intervenidos en las costas andaluzas. El Ministerio del Interior ha defendido siempre que el suceso de Barbate fue un trágico accidente, que nadie esperaba que los narcotraficantes actuaran como lo hicieron, y mantiene que las plantillas policiales de la zona están reforzadas y equipadas. La semana pasada, cuando informó de los resultados en 2024 del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, Interior admitía un descenso del hachís incautado (150.802 kilos frente a los 523.696 de 2021, año en el que se alcanzó el máximo), aunque lo justificaba por “la disminución de la producción en Marruecos” y en un cambio en la estrategia de las mafias. Las asociaciones rechazan estas explicaciones y denuncian que las narcolanchas siguen actuando impunemente. En lo que va de año, ya se han producido dos muertes, ambos de tripulantes de narcolanchas, al chocar con patrulleras que les perseguían.

Bronca política. Horas antes de que fueran asesinados los dos guardias civiles, el ministro Fernando Grande-Marlaska había acudido a Algeciras a presentar los datos de 2023 de este plan del Campo de Gibraltar. Cuando asistió a los funerales, fue recriminado por una de las viudas y abucheado. Todo ello dio munición extra a PP y Vox para lanzar una dura ofensiva contra el ministro que incluyó descalificativos como “inmoral”, “desalmado” y “canalla”. También sacaron adelante sendas reprobaciones en el Senado ―donde los populares tienen la mayoría absoluta― y en el Congreso ―gracias a la abstención de Podemos y Junts― contra él. Ahora, el PP retoma su ofensiva parlamentaria. La diputada Ana Belén Vázquez, portavoz popular en temas de Interior, le preguntará este miércoles en la sesión de control “qué medidas han tomado para dotar de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un año después de la tragedia de Barbate”. Con el actual enfrentamiento político, la bronca está asegurada.