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Interior prorroga el plan contra el narco hasta 2021 y lo amplía más allá del Estrecho

En los dos años de vigencia, el despliegue policial ha permitido recuperar 268 toneladas de hachís y detener a 1.800 personas, un 30% más

Jesús A. Cañas
Narcos Estrecho
Agentes de la Guardia Civil con el perro especializado en buscar droga durante el registro realizado el pasado miércoles en la última operación en la zonaA.Carrasco Ragel (EFE)

El narco ha diversificado sus rutas de entrada y no ha dejado de alijar por el sur, aunque ahora lo tenga cada vez más difícil. Era algo que los agentes dedicados a la lucha contra el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar sabían desde hace meses y ahora el Ministerio del Interior ha recogido el guante. El plan especial de seguridad que se inició en 2018 para acabar con la impunidad de las mafias del hachís en la zona se prorrogará hasta finales de 2012 y ampliará su radio de acción al resto de la provincia de Cádiz y a las adyacentes de Huelva y Málaga.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado ambas medidas en una comparecencia celebrada en Algeciras, tras una reunión con los directores generales y mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La prolongación en tiempo y espacio del plan especial de seguridad del Campo de Gibraltar tendrá un coste total de 48,2 millones de euros que se invertirán en los próximos 18 meses. La idea es que, de esa cantidad, 17,8 millones se destinen a nuevos medios materiales y los otros 30,4 millones a recursos humanos de las plantillas de los cuerpos de seguridad que operan en la zona.

Interior ha tomado la decisión de ampliar el despliegue que asfixia al narco local tras comprobar que la zona “sigue siendo uno de los principales escenarios de actuación de grupos dedicados al narcotráfico y al contrabando”, según ha explicado Grande-Marlaska. De hecho, la mayoría de las mafias que se desarticulan en otros puntos diferentes al Estrecho tienen vínculos directos o están directamente dirigidas por narcos del Campo de Gibraltar, tal y como demuestran los diferentes operativos que se realizan en Andalucía.

El planteamiento del Ministerio es ampliar la acción del plan al resto de las localidades de la provincia de Cádiz, además de a las provincias limítrofes de Huelva y Málaga. De facto, unidades como OCON Sur, el organismo de la Guardia Civil creado para la lucha contra el narco en el sur, ya llevan meses actuando más allá del Estrecho con operativos en provincias como Almería o Granada. La idea de Marlaska es reforzar estas líneas de investigación para evitar la consolidación de otras vías o métodos de entrada de la droga. De hecho, la presión en el Estrecho ha llevado que se recuperen rutas como las del río Guadalquivir y que se asienten otras, como las de localidades costeras de Huelva como Isla Cristina.

El Ministerio de Interior ha tomado esta decisión tras darse a conocer los datos de los dos primeros años de vigencia del plan, que fue puesto en marcha en agosto de 2018. En este tiempo y hasta el el 31 de mayo de 2020, las fuerzas de seguridad han intervenido ya 268,2 toneladas de droga: 258.300 kilos de hachís, 8.545 de cocaína, 501 de heroína y cantidades menores de otras sustancias. A eso se suma la detención de 1.806 personas por delitos relacionados con el narcotráfico, lo que supone un 30,8% más, con respecto del anterior periodo equivalente. Solo en dinero en metálico, los distintos operativos han permitido hacerse con más de ocho millones de euros.

En su visita, Grande-Marlaska ha recordado los problemas económicos y de paro que sufre la comarca, cronificado, en un 30% de la población activa y la existencia de otro plan integral de inversiones que aún no se ha materializado, ya que está sujeto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Es, precisamente, la necesidad de comenzar a aplicar ya este plan el que llevan meses reclamando ayuntamientos de la zona, como el de La Línea de la Concepción y la federación antidroga Nexos. “Queremos respuesta del Estado, pero no solo policial. Esto solo con Guardia Civil y policía no se arregla”, exigió hace unas semanas en EL PAÍS el alcalde de La Línea, Juan Franco.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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