El juez ordena una pericial para determinar si la muerte de dos guardias civiles en Barbate fue homicidio o asesinato

El titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Barbate (Cádiz), Ángel Rojas, instructor de la causa abierta por la muerte de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez el 9 de febrero del año pasado en el puerto de la localidad gaditana tras ser arrollada su zódiac por una narcolancha ha dictado una providencia en la que ordena la elaboración de un informe pericial para determinar si esta embarcación los embistió de manera accidental o intencionada. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil apuntan en este último sentido, pero el piloto de la embarcación, Karim El Baqqaly, negó tras ser detenido en septiembre que pretendiera matar a los agentes y sostuvo que, aunque intentó esquivar la patrullera en el último momento, no pudo hacerlo.

Según fuentes jurídicas y policiales, el juez pretende con ello determinar si mantiene contra Baqqaly o los otros imputados encarcelados las acusaciones de dos delitos de asesinato consumado y cuatro de tentativa —por los guardias civiles heridos en los hechos— o si las rebaja a homicidio.

En el primer caso, entendería que hubo intencionalidad por parte de los tripulantes de la narcolancha: Baqqaly, otros dos imputados encarcelados, Mohamed Laachiri y Yassine El Morabet, y un cuarto, Abdennour El Hichou, en paradero desconocido y sobre quien pende una orden internacional de busca y captura. La condena se podría elevar hasta los 25 años por cada uno de los fallecimientos e, incluso, a prisión permanente revisable si se concluye que estaban integrados cuando lo cometieron en una organización criminal, otro de los delitos de los que se los acusa.

Por el contrario, si se concluye que la embestida fue accidental, sería homicidio, y la pena se situaría en la horquilla de entre 10 y 15 años, o menos, si los hechos se catalogan como homicidio por imprudencia grave, penado con un máximo de cuatro años.

En la resolución judicial, dictada el pasado 9 de enero y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez acuerda para dilucidarlo encargar a un “perito experto en materia de navegación marítima” un informe que “determine a su entender la posibilidad/probabilidad de que la embarcación de alta velocidad (EAV) [nombre formal que reciben las narcolanchas] hubiera intentado evitar o esquivar la colisión con la patrullera de la Guardia Civil que fue arrollada”. El instructor también pide que este experto analice “si fuera posible, la actuación [d]el piloto de la embarcación de alta velocidad en los instantes previos, coetáneos y posteriores a la colisión”. Para ello, le pide que haga “un examen minucioso y pormenorizado de cada uno de los archivos de vídeo obrantes en la causa”.

Se trata de más de tres gigabytes de archivos de vídeos grabados el día del suceso por ocho cámaras diferentes en el puerto de Barbate. De ellos, los investigadores de la Guardia Civil han destacado en sus informes la relevancia de dos. El primero recoge las imágenes que registró la Go-Pro (pequeña videocámara resistente al agua) que llevaba en el casco uno de los agentes que resultó herido y que captó desde la zódiac las diferentes embestidas a las que les sometió la narcolancha antes de arrollarla. El segundo vídeo relevante fue obtenido en redes sociales por los investigadores y en él se observan los mismos ataques a la patrullera, pero desde otra perspectiva, la de un testigo que lo grabó desde el puerto.

Estas imágenes son las que llevaron a la Guardia Civil a concluir en un informe de mayo que los ocupantes de la embarcación que arrolló la zódiac del instituto armado tuvieron aquella noche una actitud premeditada de matar a los agentes y, por tanto, se trató de un asesinato. “Todos los integrantes de la narcolancha actuaron con la intención clara e inequívoca de acabar con la vida de los guardias civiles que tripulaban la embarcación oficial, con un claro desprecio por sus vidas”, destacaba el documento. Y recalcaba que hicieron “varias aproximaciones violentas” a la patrullera antes de alejarse a “una distancia suficiente que les permitió alcanzar una elevada velocidad regresando de nuevo en dirección a la embarcación oficial para finalmente, sin desviar la trayectoria para evitar la colisión, atacarla entrando con su proa desde babor a estribor de la embarcación afectada”.

El propio juez hizo suyas en septiembre estas conclusiones en el auto por el que ordenó el ingreso en prisión de El Baqqaly. En aquella resolución judicial, el magistrado destacaba que el investigado era “consciente de la posibilidad de producir la muerte” de los guardias civiles con su acción y añadía que “incluso abandonó el lugar de los hechos, dejando a los agentes heridos en el mar”.

Las conclusiones de Guardia Civil y del propio juez contrastan con la declaración judicial de El Baqqaly, quien se entregó tras permanecer oculto durante más de siete meses en Marruecos. El principal acusado intentó justificar su actuación aquella noche en que no se encontraba bien porque no había podido dormir suficiente la noche anterior. El autor confeso de la embestida mortal recalcó que en un primer momento pensó que solo había golpeado ligeramente la embarcación de las víctimas y que se enteró posteriormente por noticias que leyó en internet de que había dos fallecidos.

Laachiri y El Morabet, los otros dos ocupantes de narcolancha detenidos, respaldaron solo parcialmente la declaración de El Baqqaly cuando fueron detenidos dos meses después. Ambos aseguraron que era El Baqqaly quien mandaba en su condición de piloto. No obstante, en sus testimonios hubo discrepancias. El Morabet aseguró que cuando abandonaban el puerto notó que la narcolancha chocó con algo y describió el impacto como fuerte, pero que no supo contra qué había sido. Por el contrario, Laachiri, que también reconoció haber percibido que la embarcación en la que iban había colisionado con algo, describió el golpe como pequeño, por lo que pensó que había sido contra una boya. Varios informes elaborados por la Guardia Civil concluyeron, sin embargo, que la colisión fue brutal y difícilmente pudo pasar inadvertida para los tripulantes de la narcolancha.