Los que más horas trabajan, escépticos con la reducción de jornada: “No creo que salga adelante”

Los asalariados tendrán que esperar hasta bien entrado 2025 antes de que su jornada máxima legal —el límite a partir del cual las horas de trabajo se consideran extraordinarias— baje de las actuales 40 horas por semana en cómputo anual. Y eso siempre que salga bien la maniobra in extremis, a pocos días del cierre del año, de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los líderes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, y de Unión General de Trabajadores (UGT). El ministerio y las centrales sellaron el viernes un acuerdo para rebajar la jornada a 37,5 horas sin reducción de salario. Según el texto, que necesita la aprobación del Congreso y previsiblemente sufrirá modificaciones durante la tramitación parlamentaria, todas las empresas deberían aplicarla antes del 31 de diciembre de 2025. En los sectores con jornadas más largas eso se espera “como agua de mayo”, señala Jesús Lillo, un veterano en el sector hotelero a sus 50 años. Pero también cunde el escepticismo tras meses de negociaciones que han terminado con la retirada de la patronal y con un texto que hoy por hoy no tiene el apoyo parlamentario asegurado.

Aunque la jornada máxima legal no ha sufrido cambios en España en cuatro décadas, la negociación colectiva sí que ha logrado bajadas dependiendo del sector o la empresa. Es decir, patronales y sindicatos han acordado jornadas ordinarias inferiores a la máxima en diversos convenios colectivos. Así lo refleja la estadística del Ministerio de Trabajo, que sitúa el promedio semanal en 38,3 horas para 2023. En ese sentido, todos los sectores tienen jornadas medias pactadas por debajo de las 40 horas, aunque algunos rozan el límite. Tal es el caso del empleo doméstico (39,9 horas), seguido de la hostelería y las informaciones y comunicación, ambas con 39,3 horas.

Al segundo de ellos pertenece Lillo, que lleva casi una década y media trabajando en un hotel del Barrio de Las Letras, en Madrid. Con una intensidad de 40 horas a la semana, cubre el turno nocturno y gana un salario mensual de 1.900 euros. “Veo muy favorable la reducción; quiero tener más tiempo para compartir con mi familia”, afirma. Y como delegado sindical de UGT en la cadena hotelera donde desempeña su labor, destaca que ese no es solo un deseo suyo: “Todos los días mis compañeros de trabajo me preguntan si sé cómo avanzan las negociaciones”, subraya. Sin embargo, admite “muchas dudas” sobre el éxito de la medida. “Cuando se meten los intereses políticos, con la experiencia que tengo, no me da la sensación de que salga adelante”. Y luego están las cuestiones prácticas, porque aunque nada le gustaría más que implementar la reducción de horas de trabajo, recuerda que para bien y para mal “los hoteles nunca duermen”.

La modificación impulsada por el socio minoritario del Gobierno de coalición no solo aspira a una bajada de dos horas y media semanales, sino también a endurecer las sanciones a las empresas que infrinjan esta medida, a ampliar la regulación del derecho a la desconexión digital y a garantizar que la forma en la que las empresas registran la jornada diaria de los trabajadores sea fiable, trazable y accesible.

Sebastián Marcano Salazar, un trabajador venezolano de 22 años, coincide con esta última propuesta. “Si te obligan a reducir las horas laborales, debes llevar un registro más estricto”. Marcano cursa estudios en dirección de camareros y servicios, y realiza una jornada de 40 horas a la semana en un bar en las inmediaciones de Atocha. Su horario, relata, cambia conforme las necesidades del local, lo que complica todavía más un equilibro ya de por sí precario: el del trabajo con la formación. Por eso el joven reconoce que trabajar menos horas potenciaría el bienestar de los empleados, y cree que, personalmente, “me ayudaría a dar un servicio de mejor calidad a los clientes”.

La medida “tiene calado” en el sector del comercio

No es coincidencia que los sectores con jornadas pactadas más largas se caractericen también por tener condiciones laborales precarias, con horarios repartidos a lo largo del día, imprevisibles y salarios más bajos. Según la estadística de convenios registrados, a los tres sectores mencionados anteriormente se suman dos más que superan las 39 horas semanales de media: la agricultura y el comercio.

Este último lo conoce bien Beatriz A., de 45 años. Lleva casi media vida como encargada de una tienda y pide no dar su apellido para no ser identificada. Asegura que la noticia de la reducción de la jornada laboral “ha tenido calado” en el sector, pero tiene dudas sobre su materialización: “En el mundo del retail [comercio] predominan los contratos parciales porque hay mucho trabajo durante algunos periodos como el Black Friday, pero también periodos totalmente muertos”, describe.

Su contrato es de 40 horas semanales sin horas extra, pero relata que los trabajadores a tiempo parcial suelen realizar, de promedio, un 30% más de lo pactado: “Hay mucha ampliación y una desregulación general de los horarios. Es difícil conciliar el trabajo con la vida personal”. No obstante, pese al escepticismo, asegura que dada la dureza de algunas tareas, la reducción de la jornada laboral trae la esperanza de no acabar los días con tanto cansancio: “Es un trabajo físico, hay mucha manipulación de mercancía”, explica.

Para el colectivo de los trabajadores con contratos a tiempo parcial, el acuerdo firmado por Trabajo y los sindicatos también prevé mejoras. Estos empleados tendrán derecho a seguir haciendo las mismas horas que venían realizando antes de que la ley entre en vigor y, por tanto, su porcentaje de tiempo efectivo trabajado será mayor sobre 37,5 horas que sobre 40 horas. Por ello, tendrán derecho a un incremento proporcional de su sueldo si el cambio legal sale adelante como está previsto.

“El campo no tiene horario”

Si en la hostelería o en el comercio acortar el tiempo de trabajo se ve difícil, en la agricultura se percibe como algo imposible, tal y como destaca el secretario de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) en Castilla-La-Mancha, Andrés Gálvez. “Sinceramente, no hay expectativas en cuanto a la disminución de los horarios en el sector primario. Aunque lo establezca la ley, no podemos trabajar 6 u 8 horas al día, porque el ganado y los cultivos son nuestra exigencia”, sostiene este productor nacido hace 72 años en Carrascosa de Henares (Guadalajara).

Para el agricultor salmantino José Manuel Cortés, de 54 años, un escollo añadido es que la mayoría de los trabajadores del sector son autónomos, por lo cual no se beneficiarán de la reducción de la jornada laboral. Cortés calcula que pasa cada año más de 2.800 horas al volante de su tractor, a las que se suman 300 horas de mantenimiento de las máquinas. Esto arroja una media de 54 horas semanales, 16,5 horas más de la jornada máxima que quieren fijar el Ministerio de Trabajo y los principales sindicatos.

El pacto para reformar el Estatuto de los Trabajadores incluye un compromiso del Gobierno para “revisar la normativa sobre jornadas especiales de trabajo” en un plazo de 18 meses. Entre estas se encuentran las labores en el campo o en el mar, pero también los transportes, el comercio, la hostelería u otras actividades que frecuentemente se realizan por turnos, con jornadas fraccionadas o en horario nocturno. Eso sí, el límite de 37,5 horas seguiría siendo sagrado, por más que para muchos de los afectados por las jornadas más largas se vea como una meta inalcanzable.

La tramitación pendiente

Despierte entusiasmo o desconfianza, muchos trabajadores también son conscientes de que al documento acordado esta semana le espera un largo y duro camino antes de entrar en vigor. Trabajo planea que la reforma se tramite de forma urgente a través de un proyecto de ley, lo que aceleraría los plazos habituales. Pero eso no evitará que deba someterse a la valoración por parte del Consejo Económico y Social, para luego pasar al Consejo de Ministros, que lo remitirá al Parlamento. Los cálculos más optimistas apuntan a que podrían pasar entre dos y tres meses antes de que aterrice en el Consejo de Ministros. Y luego le esperarían tres meses más para su tramitación en las Cortes, donde el Ejecutivo ya ha sufrido varias derrotas por su debilidad en los apoyos para sacar adelante distintas normas.

Durante este proceso es habitual que se introduzcan modificaciones en el texto por parte de los distintos grupos parlamentarios, a cambio de su voto favorable. Y algunos cambios podrían alterar a cuestiones sustanciales, tanto en el contenido como en los plazos de aplicación. Si algo está demostrando esta legislatura es que alinear a todas las fuerzas políticas con la actual correlación de fuerzas en el Congreso y el Senado no es tarea sencilla. Y justamente la necesidad de conseguir los apoyos para aprobar este recorte fue el argumento del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que abogó esta semana por flexibilizar la aplicación de la reducción y retrasar su vigencia de 2026 en adelante.

La patronal es la gran ausente en el pacto. Cerró las puertas a la negociación pese a los incentivos que Trabajo puso sobre la mesa para reducir el impacto de la medida en las pymes, como la bonificación de cotizaciones para los nuevos contratos que suplan el recorte del tiempo de trabajo o ayudas directas por valor de 300 millones de euros para la digitalización del registro horario, entre otras. Si bien estas ayudas podrían recuperarse ahora durante la tramitación parlamentaria como moneda de cambio para lograr el apoyo de algunos grupos como el PNV o Junts.

Así, el vaivén político y la rigidez de algunos sectores mellan la confianza de muchos empleados en el cambio. Los planes originales del Gobierno de coalición, en cuyo pacto figura como compromiso la reducción de la jornada, eran rebajar esta a 38,5 horas en 2024 para alcanzar las prometidas 37,5 horas en 2025. Pero ha pasado todo un año de negociaciones con la patronal y no ha sido hasta diciembre, cuando ya estaba meridianamente claro que sumar a los empresarios era un imposible, cuando Trabajo ha sacado adelante un documento. Por eso Marcano, el camarero venezolano de 22 años, ve “demasiados desafíos” para que la medida sea efectiva. En un sector que califica como “ultra anticuado”, reconoce que a veces trabaja muchas más horas de las que señala su contrato, sin cambios en los 1.350 mensuales que recibe. La iniciativa podría ser una gran noticia para él, pero el día a día le ha vuelto resistente al entusiasmo: “Veo muy difícil que esto se implemente letra por letra”, resume.