Los sindicatos esperan que la jornada laboral de 37,5 horas semanales se apruebe en primavera

La catástrofe de la dana ha puesto en suspenso numerosas cuestiones que afectan a las acciones de gobierno debido a la dedicación de los dirigentes del Ejecutivo a paliar, de forma prioritaria, los efectos de las graves inundaciones en Valencia. Entre los asuntos que se han visto interrumpidos están las negociaciones para reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales. Esta interrupción llegó justo cuando la patronal iba a comunicar oficialmente que no va a formar parte de un acuerdo para este recorte del tiempo de trabajo. Por ello, el Gobierno negociará en solitario con los sindicatos CC OO y UGT el texto que llevará posteriormente al Congreso, donde “por mucha prisa que se den no podrá aprobarse antes de la primavera”, aseguran fuentes sindicales, que esperan su aprobación para entonces.

El pasado lunes, 11 de noviembre estaba prevista la que iba a ser la última reunión tripartita en la que los empresarios se iban a desmarcar oficialmente de un futuro pacto para reducir la jornada, pero fue suspendida por el Ministerio de Trabajo debido a la dana y desde este departamento apuntan que aún no hay fecha prevista para celebrarla. Pero, una vez se produzca ese encuentro, la patronal quedará fuera de la ecuación y Trabajo se pondrá manos a la obra para sacar adelante la ley trabajando en dos frentes a la vez: con los sindicatos, por un lado, y con los grupos parlamentarios, por otro, ya que se trata de una norma que debe ser respaldada por una mayoría parlamentaria.

De momento, la primera de estas negociaciones con CC OO y UGT no se presenta especialmente difícil, aunque hay algunas cosas por las que los sindicatos pelearán especialmente. Entre ellas, que la norma entre en vigor lo antes posible. “Si los empresarios hubieran formado parte del acuerdo, habríamos podido ser más generosos con una aplicación transitoria, pero sin ellos, eso desaparece”, aseguran fuentes sindicales que, sin embargo, añaden que se asegurarán de que su aplicación “no resulte una grave complicación para las empresas”. De ahí se desprende que podría establecerse algún tipo de breve dilación para su entrada en vigor, pero nunca permitiendo que se agote la actual vigencia de los convenios colectivos para aplicar la norma, como pedía la patronal. Lo que parecen tener claro los sindicatos es que de aprobarse la norma bien entrado ya 2025 sería muy complicado hacerlo de forma retroactiva desde enero, por lo que entraría en vigor en el momento de aprobarse o algo después incluso.

Más allá de fijar en el Estatuto de los Trabajadores que la jornada máxima legal pasará a ser de 37,5 horas semanales en cómputo anual, los sindicatos tienen especial interés en conseguir un importante cambio en el diseño y exigencias del registro horario, algo para lo que encontrarán un aliado en el Ministerio de Trabajo. Así, ahora, sin las reticencias empresariales, los representantes de los trabajadores pretenden que se apruebe un registro completamente digital, no manipulable y con acceso directo por parte de la Inspección y de las propias personas trabajadoras. Persiguen que todas las empresas estén obligadas a conectarse a un mismo registro gratuito del Ministerio de Trabajo interconectado a su vez con la Inspección.

“Las empresas no podrán usar sistemas en los que puedan reajustar la jornada de sus empleados; todos los criterios (de cómo se computa el tiempo de trabajo) deben estar previamente metidos en el sistema y un reglamento deberá fijar las exigencias técnicas para todas las empresas”, precisan fuentes de CC OO. En esta central también hacen hincapié en que los resultados del registro deberán ser “tratables”, esto es, que puedan extraerse y analizarse fácilmente por la Inspección. Se trataría de replicar un sistema parecido al que ya usan todas las empresas con la factura electrónica, que requiere la conexión con Hacienda, añaden.

Multas más elevadas

Otro de los aspectos que los sindicatos podrán negociar ahora sin las presiones empresariales tiene que ver con el aumento de las sanciones por incumplimiento de dicho registro horario de la jornada laboral diaria previsto por el propio Ministerio de Trabajo. En este punto, los dos sindicatos defenderá un claro aumento del importe de las sanciones económicas a las empresas que cometan infracciones en esta materia. De hecho, aunque las actuales multas pueden llegar a los 7.500 euros, desde CC OO aseguran que hay inspectores que se quejan de que “actualmente existen incluso dificultades técnicas para poner sanciones superiores a los 750 euros”.

Además, la negociación entre Trabajo y los sindicatos deberá dilucidar si todas estas multas que ahora se aplican por empresa, pasan a ser individuales por cada trabajador de la plantilla afectado por las irregularidades detectadas en materia de registro horario, lo que multiplicará sustancialmente los pagos que deberán hacer las compañías infractoras. En CC OO consideran que el paso a multas individuales se debería de hacer, al menos, en los casos más graves de ausencia de registro o si este se hubiera manipulado, mientras que en UGT creen que también las infracciones más leves deben de sancionarse por trabajador y no por empresa, como en la actualidad.

La gran incógnita de lo que resta de negociación afecta a las posibles ayudas a las empresas para que implanten la jornada de 37,5 horas y los nuevos sistemas de registro. Fruto de la negociación tripartita que empezó en enero pasado, Trabajo había elaborado un paquete de bonificaciones y ayudas directas a las empresas para intentar atraer a la patronal al acuerdo. Por ello, una vez constatado que los empresarios no respaldarán la reducción, el Gobierno podría retirar ahora estas ayudas del texto que negocie en solitario con los sindicatos.

A Trabajo aún le queda conseguir los apoyos parlamentarios para sacar adelante esta medida, así que no sería de extrañar que para intentar convencer en esta ocasión a algún grupo parlamentario, recuperara su oferta de ayudas a las empresas. En concreto, después de que el PNV mostrara esta misma semana a los líderes de CC OO y UGT su disposición a respaldar la reducción de la jornada, todas las miradas apuntan a Junts, que sería actualmente, de entre todos los socios de investidura, el más reticente a dar su voto favorable. Desde los sindicatos aseguran que no sería de extrañar que Trabajo ofreciera a los independentistas catalanes la opción de recuperar estas ayudas, al tiempo que aseguran que ni CC OO ni UGT plantearán esta cuestión en las negociaciones que están manteniendo por su parte con los grupos parlamentarios.