El Gobierno endurecerá el registro horario de los trabajadores aunque el recorte de la jornada no prospere en el Parlamento

Las reuniones para negociar el recorte de la jornada máxima legal a 37,5 horas a partir de 2025 empiezan a agotar la paciencia, sobre todo, de los sindicatos. “No hay ningún avance de nada”, ha declarado este jueves la secretaria de Acción Sindical de CC OO, Maricruz Vicente, al término de un nuevo encuentro del Ministerio de Trabajo con los interlocutores sociales. Mientras que el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Lujan, ha añadido que “hay que empezar a trasladar a la opinión pública que esta negociación no puede durar eternamente”. Sin embargo, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, es mucho más optimista y ha asegurado que “hay posibilidades de acuerdo”.

En un nuevo encuentro mantenido este viernes y cuando se cumple un año desde el inicio de las negociaciones, el Ministerio ha puesto encima de la mesa dos claros mensajes. Por un lado ha trasladado a patronal y sindicatos su propuesta por escrito del Plan 375 de acompañamiento a las empresas de menos de 10 trabajadores para apliquen la futura reducción legal de la jornada. Esta incluye bonificaciones en las cotizaciones no solo para los nuevos contratos fijos que hagan estas pymes para compensar el recorte horario legal, sino también, como novedad, para aquellas ampliaciones de jornada de los contratos a tiempo parcial que se lleven a cabo con el mismo motivo. El segundo mensaje de este viernes es que el Gobierno llevará a cabo el endurecimiento del registro horario obligatorio en las empresas “sí o sí”, aunque la disminución de la jornada no lograra salir adelante en el Parlamento.

Se da la circunstancia de que para llevar a cabo una reducción de la jornada máxima legal, a la que se ha comprometido el Gobierno de coalición, es necesaria la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Esto exige aprobar un cambio normativo con la mayoría necesaria en el Congreso. Y, aunque Pérez Rey ha dicho tajantemente que “reducir la jornada máxima a 37,5 horas semanales en 2025 es un compromiso del Gobierno de coalición y que nadie tenga duda de que eso va a ocurrir con acuerdo o sin acuerdo”, esa unilateralidad en la práctica no es posible porque el Ejecutivo necesita una mayoría parlamentaria. Sin embargo, para rediseñar el registro horario de la jornada diaria, que se exige a todas las empresas desde mayo de 2019, no hace falta la aprobación parlamentaria y el Gobierno puede hacerlo en solitario aprobando un desarrollo reglamentario en el Consejo de Ministros. Eso es lo que le ha exigido este viernes UGT a Trabajo y el ministerio ha accedido a hacer.

En concreto, Pérez Rey ha vuelto a insistir en que las modificaciones en materia de registro consistirán en que “sea electrónico [ahora puede realizarse en una hoja de papel]; no fácilmente modificable; e interoperable por la Inspección de Trabajo”. “Y que tenga en cuenta las singularidades de relaciones laborales especiales o de determinados sectores”, ha añadido. También ha reiterado que el Gobierno tiene la intención de aumentar las sanciones para las empresas que incumplan el control horario, de forma que en lugar de poner una multa a la compañía en conjunto se ponga una multa por cada trabajador con un horario irregular. “Cuando el exceso de trabajo mata, las sanciones tienen que ser lo suficientemente disuasorias”, ha defendido Pérez Rey. Ahora la multa máxima por estos incumplimientos es de 7.500 euros por empresa. No obstante, para modificar este sistema sancionador sí hace falta un cambio legal que pase también por el Parlamento, por lo que tampoco está garantizado que esta parte salga adelante.

El secretario de Estado ha añadido que este rediseño del registro es “una obligación que asume el Gobierno en primera persona y desde luego lo va a hacer”. De hecho, ha desvelado que su departamento ha formado ya “un grupo de trabajo, con profesores expertos en esta materia” a los que ha encargado que elaboren estos cambios para el nuevo control horario en las empresas. Los negociadores sindicales han recibido con estupor esta noticia, ya que han asegurado que desconocían totalmente la formación de este grupo de trabajo.

Quedan pocas reuniones

Los sindicatos también han recelado de la forma en la que Trabajo les ha trasladado este viernes su propuesta para el Plan 375 de acompañamiento para el recorte de la jornada en la pymes. “Se nos ha enviado a última hora de la reunión y no hemos podido leerlo aún”, ha señalado un representante sindical. Por ello, los responsables de CC OO y UGT han declinado valorarlo. En cualquier caso, este plan, junto a los mecanismos de asesoramiento a las compañías —que en este encuentro se ha sabido también que serán a través de los los centros de orientación y emprendimiento que se han creado con los fondos europeos— son las cartas que ofrece Trabajo a los empresarios para que se sumen al acuerdo.

En este sentido, los responsables sindicales han indicado que a esta negociación le queda poco recorrido o ninguno, “mientras la patronal no cambie su postura y admita que la reducción de la jornada debe hacerse por ley”, ha dicho Maricruz Vicente. Sí han admitido que tiene sentido tener una reunión más para abordar los detalles del Plan 375 que han recibido este viernes, pero pocos más encuentros prevén los negociadores de los sindicatos. Estos seguirán con las movilizaciones iniciadas a finales de septiembre para pelear por esta reducción de jornada.

Llegados a este punto, el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Lujan, ha resumido y concretado el estado de las negociaciones: “Si las posiciones siguen así [en clara referencia a que la patronal remite el recorte de la jornada a la negociación colectiva en lugar de a la ley] el Gobierno tiene que tomar decisiones y hacer el desarrollo reglamentario y trasladar a los grupos parlamentarios la modificación del artículo 34 del Estatuto para recortar legalmente la jornada máxima legal a 37,5 horas”. Si esto último sale adelante o no ya dependerá de la pericia negociadora de todos los actores en el Congreso de los Diputados.