El “círculo vicioso” de la vivienda que atrapa al Gobierno

Una ley “histórica”, precedida de un acuerdo “histórico”, que marcaba un hito “histórico”. Todo se presentó como “histórico” en la ley de vivienda aprobada en abril de 2023. Emplearon idéntico adjetivo desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), hasta la líder de Podemos, Ione Belarra, pasando por todo un catálogo de figuras de la izquierda gubernamental. Su diagnóstico coincidía en lo esencial: al fin las fuerzas progresistas habían estampado su sello en el mercado de la vivienda. No había sido fácil. La ley salió tras múltiples choques en el seno del Gobierno y bajo la presión tanto del movimiento por el derecho a la vivienda –que empujó para la aprobación de la norma y la acabó recibiendo con escepticismo– como de un incesante carrusel de datos que constataban los estragos sociales por los precios elevados. Pero, a tenor de sus promotores, años de negociaciones entre tiranteces habían merecido la pena. Llegaba “un cambio de paradigma”, dijo Sánchez.

Hace un año y medio. Y no ha habido un antes y un después. Ni por la ley, ni por ninguna otra medida. El Gobierno del PSOE y Sumar, sucesor del que impulsó la norma, sigue –al igual que buena parte de la sociedad española– sin sacudirse el problema de la vivienda, que persiste corregido y aumentado. La dinámica en la que está inmerso el Ejecutivo es similar a la pasada legislatura. Las tensiones entre los socios han seguido –también por la ley de suelo– y siguen –ahora en la negociación presupuestaria–. El malestar social se expresa en la calle y podría hacerlo con más fuerza en las próximas semanas. Los principales grupos reivindicativos, como los sindicatos de inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se muestran defraudados por el Gobierno, que sufre la limitación añadida de su estrecho margen de competencias, ya que en su mayoría están en manos de las comunidades autónomas. Y todos los indicadores –pobreza, emancipación, renta dedicada al alquiler, desigualdad social e intergeneracional, entre otros– desvelan un empeoramiento de los problemas asociados a la vivienda.

Al sociólogo especializado en vivienda Daniel Sorando no le sorprende el panorama. “Nadie que conozca el mercado esperaba resultados visibles en año y medio, más aún cuando quedaron abiertos dos agujeros –alquileres de temporada y turísticos– difíciles de cerrar con el actual Congreso. Pero la izquierda tiene un problema con la vivienda, y no solo con esta ley: entre las expectativas que crea y lo que puede lograr hay un abismo, en parte por un electoralismo que oculta que los cambios tangibles tardan años. El Gobierno acaba transmitiendo sensación de impotencia y reacciona con conflictos internos”, explica el profesor de la Universidad de Zaragoza, que afirma que se trata del área en la que el Ejecutivo “tiene más difícil armonizar posiciones entre los socios, lograr resultados visibles y obtener el respaldo de las organizaciones sociales movilizadas”.

Eduardo González de Molina, investigador asociado de la University College of London, lo ve así: “En España no hay tradición progresista de política de vivienda. El consenso se ha basado siempre en el dominio del mercado. Hasta la crisis de 2008, no ha habido gran diferencia entre PP y PSOE. Ahora sí. Pero ahora hay tres problemas. El primero es de reparto del poder. Si las comunidades del PP [preside 11] no van a aplicar el control de precios, la sensación será de que la ley no sirve. Además, el Congreso está más derechizado que la legislatura pasada. El segundo problema es que el PSOE y Sumar provienen de culturas políticas distintas, lo que se refleja especialmente en la vivienda. Y el tercero es el más grave: España arrastra décadas de subdesarrollo en políticas sociales de vivienda. Si los resultados siempre son lentos, más aún cuando vienes de tan abajo”.

Algunas cifras ilustran este “subdesarrollo”. Cuando se aprobó la ley, las viviendas con algún régimen de protección pública representaban el 1,6% de los hogares, frente al 30% en Holanda, el 24% en Austria y el 16,8% en Francia, según datos del Gobierno, un fenómeno provocado por la privatización masiva de inmuebles durante décadas. “Con tan poco parque público, tu capacidad de incidencia en el mercado es muy baja. Harían falta dos décadas para converger con Europa”, afirma González de Molina. Otro dato: en 2021, último año en que Eurostat compara a todos los países de la UE, las administraciones españolas gastaron 32,8 euros por habitante en vivienda, frente a los casi 120 por persona que se gastan en el conjunto de la UE. Aunque el presupuesto estatal ha subido con fuerza —de 473 millones en 2018 a 3.472 en 2023, más del 70% de ellos proceden de fondos euros–, “el retraso acumulado es enorme”, señala Sorando.

Este sociólogo, autor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades, cree que las relaciones entre el PSOE y los partidos a su izquierda están abocadas al conflicto en torno a la vivienda, como se ve –dice– en los Ejecutivos de coalición y se vio en el Gobierno de PSOE e IU en Andalucía entre 2012 y 2015. Una razón es la “impaciencia” ante la tardanza de resultados, que lleva a “improvisar continuamente nuevos anuncios” que generan “roces”, señala. Pero esa no es la razón más importante. La clave está en la propiedad y la ideología. “Aunque el porcentaje de hogares que perciben rentas inmobiliarias no llega al 10%, más del 75% de la vivienda es en propiedad. Eso marca una mentalidad que se alarma cuando se intenta introducir cualquier medida que reduce el valor de la vivienda”, responde Sorando citando datos de Hacienda y del INE. “El resultado es una tensión constante entre el PSOE, que es más ambiguo porque teme asustar a parte de sus votantes y es menos dado a enfrentarse al lobby inmobiliario que determina esa mentalidad, y partidos como Podemos y Sumar, que quieren marcar perfil y proteger a su electorado con posiciones más contundentes. Es un bucle”, explica.

Alto cargo en al área de vivienda de la Generalitat de 2004 a 2011, considerada la ideóloga de la ley de 2007 que marcó el paso a la legislación autonómica progresista durante toda una década, Carme Trilla afirma que unas políticas efectivas requieren de una continuidad para la que es imprescindible un mayor entendimiento entre el PSOE y los partidos a su izquierda. Lo que describe la presidenta de la Fundación Hábitat 3 es una especie de “círculo vicioso”: “La izquierda –llamémosle– radical culpa en exceso de los problemas a los propietarios, un discurso que aleja al PSOE hacia posiciones centristas que a su vez refuerzan a sus socios en la idea de que no quieren cambiar las cosas”. Trilla afirma que el Gobierno tiene la oportunidad de aplicar a la vivienda “la misma lógica” que al trabajo: “Si las reformas del mercado laboral se pactan, y logran resultados, ¿por qué en la vivienda no?, ¿por qué el diálogo y la cesión se ven como un fracaso?”.

La visión del ministerio y Sumar

David Lucas, secretario de Estado de Vivienda (PSOE), se toma los datos que presentan un panorama sombrío en cuanto al acceso a techo como “una motivación”. Subraya una idea: el Gobierno “está poniendo los cimientos” de una política que acabará modificando toda una tendencia. Resalta el cambio desde las poco más de 11.000 viviendas públicas que el Gobierno del PP, según él, tenía en cartera en 2018 hasta las 184.000 que el actual Ejecutivo pretende “movilizar” esta legislatura, de las que espera entregar la mayoría antes de finalizar mandato. Es el tipo de medida que, dice, irá provocando un “cambio estructural”, para el que reclama al PP una colaboración con la que ahora lamenta no contar. ¿Y por qué tanto conflicto con la vivienda en el Gobierno? Lucas le quita hierro: “No es tan así. Hay debate”. ¿Y las críticas directas de Sumar a la ministra Isabel Rodríguez, por ejemplo por pedir a los “pequeños propietarios” que se “hagan cargo” de la “necesidad social” al fijar sus alquileres? Lucas defiende a la ministra sin polemizar: “A veces no se analiza bien ni lo que se dice, ni por qué se dice, ni el contexto en que se dice. Lo que viene trasladando la ministra es la necesidad de una implicación de las comunidades para el control de precios”.

Se muestra explícito en el reconocimiento de la gravedad del problema y de la existencia de discrepancias Íñigo Errejón, portavoz del grupo de Sumar: “La vivienda se ha convertido en un agujero negro del Estado del bienestar. Si no cierras el agujero negro de la vivienda una buena parte de las políticas redistributivas, como la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo y la reforma laboral, se las estás ingresando a los caseros”. Errejón añade que, si el Gobierno no atiende el “clamor” por cambios en el mercado de la vivienda, el Ejecutivo “va a sufrir” y “mucha gente va a caer en el cinismo y se va a instalar una idea de impotencia de la política”. Sobre las relaciones con el socio mayoritario del Gobierno, la respuesta de Errejón hace prever que la lógica de discrepancia se mantenga: “Del PSOE hay que tirar, se tiene que mover más”.