Descartar una carrera o pasar cuatro horas diarias en el bus: “El alojamiento nos quita muchas oportunidades a los universitarios”

Miles de universitarios recorren cada día decenas de kilómetros para acudir a clase, porque el precio del alojamiento fuera de casa es inasumible para sus familias y las becas ―que el Gobierno pretende revisar porque están bajando los beneficiarios cuando más dinero se invierte― llegan a muy pocos por los bajos umbrales de renta. Otros, directamente, optan por descartar el grado de sus sueños. Es el caso de María Ángeles Guzmán Moreno, de 21 años, que tuvo que renunciar a la carrera deseada aunque logró un apaño: “El problema del alojamiento quita muchas oportunidades a los jóvenes. Yo pude encontrar una solución, pero literalmente hay gente que no estudia lo que quiere por ese problema”.

Ella, alumna brillante, probó suerte hace tres años en el grado de Humanidades en la Universidad de Almería, donde reside su familia monoparental, pero le resultó demasiado generalista. “Fue catastrófico, no me gustaba la carrera”. Su sueño era estudiar Historia del Arte en la Universidad de Granada (53% alumnos de otras provincias, 7% extranjeros) atraída por su plan de estudios, pero descartó esa opción porque el sueldo de su madre, maestra de primaria, no puede estirarse tanto. Finalmente, y no se arrepiente, encontró una solución salomónica: se matriculó en Historia del Arte, pero en la Universidad de Jaén, y va y viene cada día en autobús desde Mancha Real, el pueblo de 11.000 habitantes a 20 kilómetros de la capital donde tiene de siempre una casa familiar. Empieza cuarto. Por “patrimonio”, se sorprende, no recibe la beca general del Estado, pero al menos no paga matrícula, porque en Andalucía está bonificada al 99% para todos los alumnos que van aprobando desde que Susana Díaz (PSOE) tomó esa decisión en 2017.

Guzmán Moreno, que está involucrada en la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y que pretende hacer el máster y el doctorado en historia del arte, tiene una hermana aún bachiller que quiere estudiar Físicas, una carrera ahora de enorme demanda y poca oferta, porque su boom laboral es reciente. No se puede cursar ni en Jaén ni en Almería, y su madre se parte la cabeza buscando cómo hacer para que cumpla su sueño.

Los maratones diarios de autobús desde provincias limítrofes o los largos trayectos en tren ―Cuenca-Valencia, Córdoba-Sevilla o Valladolid-Segovia― son cada vez más habituales. Laura Álvarez, vecina del distrito madrileño de Aluche, tarda dos horas y diez minutos, si no hay lío, en atravesar toda la capital en tres metros y llegar a Guadalajara en autobús. Allí cursa cuarto de Enfermería en un campus de la Universidad de Alcalá de Henares. “Estoy muy quemada del transporte. Cuando hago el rotatorio [de prácticas] en un hospital a 20 minutos de mi casa, noto que la carrera me gusta más que cuando tengo que ir a Guadalajara”, reconoce.

Pese a su magnífico expediente (11,2 en la selectividad), no entró en ninguna universidad pública madrileña y comenzó su peregrinar diario a Guadalajara en primero de carrera. Barajó cambiarse en segundo, pero hay muy pocas plazas, suponía muchos gastos en convalidaciones y repetir otras asignaturas ya aprobadas que no se validaban. Ni lo intentó. La idea de dormir fuera la había descartado desde el principio. Son cuatro hermanos y aunque la residencia universitaria de la Diputación de Guadalajara “no es cara, eran unos 340 euros” ―hay también otra privada―, resulta inviable para la economía familiar.

Laura no tiene beca, pero al menos abona la mitad por ser familia numerosa y cuenta orgullosa que le resta no pagar materias por sus matrículas de honor: “El año pasado pagué 300 euros y este, 400″. No ve la hora de terminar. Sus amigos quedan a las ocho, a la hora que ella cena, pues se levanta a las cinco y veinte. Ni hablar de tener una vida universitaria.

Khaoula Marsou, amiga de Laura, viene de aún más lejos. De Portillo de Toledo. Coche a un pueblo próximo, autobús, dos metros y de nuevo bus a Guadalajara. Total: tres horas cada trayecto. “Al final terminas viviendo en un transporte público”, resume. Su hermano Adnan le dedica una hora menos, porque estudia en la facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense, en la periferia norte de Madrid. Su familia ―española de origen marroquí, su madre es ama de casa y su padre tiene una pequeña tienda― no puede costear que vivan fuera. Sus otros tres hermanos menores “están luchando” por ir a la universidad. Khaoula quita importancia a su trajín diario, quizás porque otros compañeros del instituto en Toledo van cada día a la Autónoma (al norte de la capital) o porque muchas de sus compañeras de clase se desplazan desde municipios del sur de Madrid.

Como Guzmán Moreno, el madrileño Nicolás Pingarrón de 20 años, un alumno de 10, descartó un grado. Quiso estudiar hace tres años Derecho y Relaciones Laborales en la Autónoma de Barcelona. Le sobraba media, pero en casa hicieron cuentas y no daba porque no percibe beca, según él porque no queda constancia de que sus padres están separados. Por entonces le pedían 470 euros solo por una habitación y ahora tiene amigos que abonan 530. Nicolás empieza tercero de Derecho y Ciencias Políticas en la Autónoma de Madrid, está muy contento y pese a no poder mudarse, se siente “un privilegiado”. “Si hubiese nacido en otro lugar quizás no habría podido estudiar”, señala. Le gustaría hacer un máster en Barcelona, “pero es más imposible aún, cada vez es más caro”. A la larga sus planes pasan por opositar a la Unión Europea.

La Autónoma de Barcelona que tentó a Pingarrón mantiene sus cifras de foráneos inamovibles. Tampoco sufre problemas de alojamiento, pues su Vila Universitària está al 90% de su ocupación, que alcanza las 2.000 camas, cuentan desde su gabinete de prensa. Mientras que en la Universidad de Barcelona los datos fluctúan cada año, pero terminan sumando 1.100 estudiantes del resto de España entre grado y máster. Sin embargo, las cifras totales de grado de la Generalitat del pasado julio (8.747 solicitudes del resto de España, 15,24% del total) son peores que en el pasado curso (9.659 candidaturas, 16,87%) y que el anterior (10.541, el 18,6%). El departamento de Investigación y Universidades, ahora en manos socialistas, achacó el pasado julio esta bajada a que “se están creando muchas universidades en otras comunidades”. Pero lo cierto es que los nuevos campus son privados, tienen un tamaño muy reducido y no pueden ser competencia por el momento para Cataluña, en la cima de calidad, pero con la limitación de mucha docencia en catalán.

El 94% de los estudiantes que hicieron selectividad en Madrid no se mueve de comunidad para estudiar, según los datos oficiales del curso 2022-2023 (los del pasado aún no se conocen), pero sus universidades son el gran polo de atracción para alumnos de fuera. En la Complutense se han matriculado este curso 19.357 alumnos del resto de España en todos sus estudios, pero confían ―la matrícula no se ha cerrado― en llegar a las cifras de años anteriores. Sus cinco colegios mayores (800 plazas) están a rebosar, pues 950 euros mensuales con comida se ha convertido en un precio competitivo. En el 2023/2024 acogieron a 26.509 matriculados del resto de España, casi un centenar menos que el año anterior, pese a subir los inscritos en la UCM en 600 universitarios. Por contra, están subiendo los extranjeros. También se percibe una bajada tenue en grado en la madrileña Rey Juan Carlos, que en dos años ha pasado de tener un 24,2% de alumnos del resto de España al 22,8% el pasado curso.

Aunque en Cataluña o Madrid las solicitudes de otras partes de España mengüen, nadie se atreve a afirmar que hay una causa-efecto por la carestía de la vivienda. En otros campus la tendencia es la contraria. La Politécnica de Valencia cada vez matricula a más (de 1.400 en 2015 a casi 3.400 el curso pasado) y la Universidad de Málaga ha ganado 150 en el último año. El problema, aun así, es de una magnitud considerable, pues solo perciben beca el 46% de los inscritos en los campus procedentes de provincias con poca oferta universitaria (Almería, Cuenca, León, Teruel o Lleida), cuando seis de cada 10 estudian en otra región, según los datos del estudio Perfil socioeconómico del estudiantado universitario en España (2024), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El 75% de los matriculados de familias de bajos recursos de estas regiones tienen beca ―1.700 euros de ayuda general fija, un complemento variable que puede estar por encima de los 1.000 euros (depende del número de beneficiarios) y otros 2.500 para sufragar el alojamiento si se mudan―, pero la prestación resulta insuficiente cuando los precios de los pisos están desbocados en ciudades muy tensionadas y no se benefician las clases medias. Solo se matriculan en su región el 31,8% de los que hicieron selectividad en La Rioja, el 54,4% de Extremadura y el 48,8% de los de Castilla-La Mancha, pero esta cifra ha ido creciendo mucho con los años a medida que se abrían nuevos grados en esas ciudades pequeñas.

En Canarias la situación es límite, porque al poco poder adquisitivo de su población (22.300 euros de renta per cápita) se suma que la temporada turística alta coincide con meses de clase, no como en la Península. “Las cuatro residencias públicas de la Universidad de La Laguna [Tenerife] están completamente llenas. En los últimos dos años han vivido un aumento de la demanda impresionante”, explica Elías Falcón, presidente del Consejo de Estudiantes de la ULL. “Hay 550 plazas y en el 2022 hubo unas 800 solicitudes, en 2023 unas 1.000 y este curso ha sido récord, con unas 1.400″. La tarifa resulta muy competitiva, porque el umbral más bajo abona 131 euros si duerme en residencia (no dan comida) y 263 en colegio mayor (con manutención). El más acomodado llega a pagar 733 euros.

“Se queda muchísima gente fuera y se ve abocada a buscar piso. Y aquí en La Laguna, sobre todo en el centro, los pisos son muy antiguos. Aunque la ley estatal dice que no se pueden subir los alquileres, se cometen muchos abusos en las renovaciones. Al ser una ciudad patrimonio de la humanidad, muchos propietarios ponen sus casas en Airbnb”, prosigue Falcón. “Hay casos de gente que pagaba 600 euros por todo el piso y ahora le piden 1.000 y se está buscando otras soluciones”. El presidente del comité tinerfeño sostiene que no se le puede pedir más a la universidad, porque está “infrafinanciada”, pero sí al Cabildo, del que dependen las residencias, al Ayuntamiento “y sobre todo el Gobierno canario”. Al menos este año ―gracias al empeño de dos estudiantes de Economía― el Cabildo ha puesto este curso guaguas desde el sur de la isla directas al campus en menos de una hora. “Antes había gente que tardaba dos horas diarias en llegar”. Pero el problema no se ha evaporado para los que provienen de otras islas del archipiélago, que siguen necesitando un techo en Tenerife o Las Palmas. La Asociación Canaria de Estudiantes ha denunciado que el programa de movilidad SICUE ―para pasar un curso en otra universidad― se está viniendo abajo por el problema con el alojamiento.

El órgano de representación de los estudiantes CREUP trabaja en un posicionamiento sobre la vivienda que hará público en noviembre. Pero su presidente, Alfonso Campuzano, de 21 años, adelanta tres objetivos que le parecen importantes. “Los colegios mayores públicos que dependían de las universidades han ido desapareciendo y creemos que tienen que volver con el apoyo de los gobiernos autonómicos. Para ellos es más rentable una residencia universitaria que sacar pisos concretamente para universitarios”, apunta.

“Por otra parte, volvemos al tema de los umbrales de las becas, que son superexigentes. Al final sobra dinero de becas, porque se puede acoger un porcentaje de los alumnos muy pequeño”, prosigue Campuzano, que estudia Biológicas en Sevilla, su ciudad. “Por eso reclamamos que haya becas de vivienda con unos umbrales más amplios y tener en cuenta en las becas a la población rural, que muchas veces son los alumnos que tienen más complicado ir a la universidad”. Y por último, el presidente de CREUP pide que haya un interlocutor de los estudiantes cuando en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España o en las autonomías distintos actores debatan sobre políticas de alojamiento. “Tenemos mucho que decir”.

Puedes seguir EL PAÍS Educación en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.