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Los universitarios que aprueben todo solo pagarán un año de la carrera en Andalucía

La Junta bonificará a partir del curso que viene hasta el 99% del coste de la matrícula a los estudiantes en función de sus resultados académicos

Estudiantes en el rectorado de la Universidad de Sevilla.
Estudiantes en el rectorado de la Universidad de Sevilla.

La Junta de Andalucía aplicará desde septiembre bonificaciones de hasta el 99% del coste de la carrera universitaria a los estudiantes de sus nueve campus públicos. Cada alumno deberá pagar el primer curso, salvo si tiene beca, y el resto podrá salirle casi gratis si aprueba todas las asignaturas. El Gobierno andaluz calcula que la medida puede beneficiar a más de 30.000 alumnos y costaría unos 29 millones, apenas un 2% del presupuesto total de sus universidades.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hizo el anuncio desde su Twitter en la precampaña de las primarias del PSOE que la enfrentó a Patxi López y a Pedro Sánchez, que resultó ganador. “Quiero un modelo universitario que premie el esfuerzo y blinde la igualdad: matrícula gratis para quien apruebe y potente sistema de becas”, escribió la presidenta en su cuenta institucional el pasado abril.

El Gobierno central es quien fija las horquillas de precios públicos para que luego cada comunidad autónoma establezca sus propias tarifas. Así que para empezar a aplicar esta fórmula en su propia comunidad, la presidenta andaluza ha tenido que buscar un subterfugio que se acerque a la gratuidad total: Aplicarán bonificaciones de hasta el 99% del coste, en función de las asignaturas aprobadas desde el primer curso.

Esto es, en el año inicial de la carrera, el estudiante deberá pagar todos los créditos de los que se matricule, salvo si tiene beca. Un curso suele incluir 60 créditos, que en Andalucía cuestan 757 euros. Si al año siguiente obtiene al menos un cinco de nota en todas las asignaturas, podrá matricularse de otros 60 créditos casi gratis, ahorrándose 749,4 euros. Por cada crédito aprobado por curso —que incluye dos convocatorias de examen: ordinaria y extraordinaria—, abonará un precio simbólico del 1% al año siguiente.

En grados y maestrías

La medida se incluirá en el decreto de precios públicos que la Junta de Andalucía prepara cada año, como el resto de comunidades autónomas. Y será de aplicación tanto en los grados universitarios —donde prevén hasta 30.000 potenciales beneficiarios y un coste de 23 millones anuales— como en los másteres habilitantes (los que hay que cursar para ejercer una profesión, como la abogacía) y los no habilitantes. Para estos últimos, aún no hay una estimación de alumnos, pero sí de coste: seis millones de euros más. Son 29 millones que incluirán en el plan de financiación de las universidades públicas andaluzas, cuyo presupuesto total ronda los 1.400 millones de euros.

Con esta medida, que Andalucía prevé poner en marcha a partir de septiembre, la comunidad se acerca más al modelo casi gratuito que rige en un gran número de países europeos como Alemania, Finlandia, Escocia o Austria. Y supondrá ampliar aún más las significativas diferencias de precios que se dan entre las distintas comunidades autonómicas españolas. Cursar una carrera en Cataluña, por ejemplo, permite ahora mismo costear más de dos en Andalucía o Galicia.

Las diferencias de precios entre regiones se dispararon a partir de 2012, en plena crisis, cuando el Ministerio de Educación aprobó un cambio normativo que permitió a las autonomías aplicar casi las subidas que quisieran. El modelo establece que los alumnos paguen entre el 15% y el 25% de lo que cuesta su titulación.

Andalucía es una de las comunidades autónomas donde menos se han incrementado las tasas universitarias durante la crisis. Matricularse un curso de Derecho, por ejemplo, cuesta 757 euros. Está entre las más baratas, junto con Galicia, Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares, entre otras.

El Gobierno endureció los criterios generales para acceder a una beca al tiempo que subía el precio de las matrículas. Entre otros requisitos, incluyó la necesidad de obtener al menos un 5,5 de nota media para mantener la ayuda, lo que en la práctica supone medio punto más de lo que se necesita para entrar en algunas carreras y que ha supuesto una crítica constante de la comunidad universitaria, encabezada por los rectores.

La paradoja del nuevo modelo andaluz es que un alumno podría perder la beca estatal —el Gobierno sigue reclamando devoluciones a miles de estudiantes que no cumplieron los criterios— pero mantener la bonificación andaluza, para la que el mínimo es un 5, un aprobado.

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