La alianza de inquilinos, ‘kellys’ y vecinos cabreados que pone en jaque al turismo masivo

El jaleo en la azotea de un edificio de apartamentos turísticos no deja dormir a Fernando Peñuela, que vive desde hace tres décadas en la calle San José, en el centro de Sevilla, y desde hace unos cinco años está cada vez más harto. A sus 67, ya jubilado, se levanta casi cada madrugada a pedir silencio. A veces le hacen caso. Otras no. “Que están haciendo uso de su libertad, me dijeron una vez”, recuerda. Conforme explica sus desvelos, se va cabreando. “No es solo el ruido nocturno, son los borrachos que hay que aguantar, las bolsas de basura en la calle, las pistolitas de agua, las calles atestadas. ¡16 turistas en bicicleta conté en la calle Descalzos, que tendrá dos metros de ancho! Mira, yo nací en el barrio de San Román, a 500 metros de mi casa. Llevo aquí toda mi vida. Antes, si un turista me preguntaba dónde estaba la Catedral, yo, que soy muy sevillanito, me pavoneaba: ‘Por aquí, por allí’. Presumía. Ahora veo un turista y me cambio de acera”.

–¿Y no se plantea cambiar de barrio?

Responde que no. En primer lugar, porque paga un alquiler razonable gracias una relación “medio familiar” con el dueño. “No tengo dinero para irme”, dice. Pero hay algo más. Como si hubiera masticado un poco más sus razones, eleva un punto el tono para completar la respuesta: “¿Por qué me tengo yo que desarraigar? Entiendo tu pregunta, pero déjame hacer otra a mí: ¿por qué coño me voy a ir yo de mi barrio?”.

En Sevilla, como en otras ciudades españolas, han tenido lugar desde primavera protestas contra el turismo desbocado. Las capitales de las siete islas de Canarias abrieron fuego el 20 de abril con manifestaciones multitudinarias. Ha habido réplicas en Baleares, también masivas, y otras menores por todo el país. Peñuela se ha sumado a las de Sevilla, una ciudad en la que el turismo suele ser intocable y ya no lo parece tanto. “Y esto es solo el principio. Va a ir a más”, pronostica David López, presidente de Sevilla se Muere, convocante de una manifestación que reunió a cientos de personas en junio.

Conservador del patrimonio de 48 años, López afirma que el rechazo a la “turistificación, la barificación y la parquetematización” pone de acuerdo a “mucha gente de muchos tipos”. “Esto estalla por la vivienda. La gente no puede pagar un alquiler no solo en el centro, sino en buena parte de Sevilla, porque el problema es una mancha de aceite. Pero hay más motivos. Está el que dice ‘basta’ al ruido, o al destrozo del patrimonio, y el que no aguanta esta Sevilla de cartón piedra. Hay diversidad de edad, ideológica, de razones”, afirma.

Esa diversidad alcanza su plenitud en los dos archipiélagos. Las manifestaciones del 20 de abril –el ya famoso 20-A, equivalente para la España saturada a lo que fue el 31 de marzo de 2019 para la España despoblada– contaron con el respaldo de decenas de asociaciones en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario y otras ciudades. La mayoría son ecologistas, pero también las hay de defensa del derecho a la vivienda, sindicales, vecinales, agrícolas... “Aquí lo que más arraigo histórico tiene es el ecologismo, la defensa del territorio, pero ahora se suman el problema del alquiler, el del empleo y el deterioro de los servicios públicos. Y algo que todo el mundo ve: no se puede estar tranquilo en ningún sitio; antes había lugares que nos pertenecían, ya no”, afirma Iván Cerdeña, de 37 años, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, que asegura que las protestas volverán tras el verano.

La plataforma Canarias se Agota se presentó a las puertas del 20-A con la intención de canalizar esa heterogeneidad. El arranque de su actividad fue espectacular: una huelga de hambre en una iglesia tinerfeña. Melu Méndez, camarera de piso de 57 años, iba por las noches “a ayudar” a los huelguistas. “Aquí estamos todos en la misma brega porque todo confluye: vivienda, transporte, sanidad, medio ambiente, trabajo...”, explica Méndez, residente en Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife), que espera cita para operarse del túnel carpiano en las dos manos. Aunque acudió al 20-A con la camiseta de Kellys Unión Tenerife, se ve parte de algo mayor: “Limpiar 25 o 30 habitaciones [en un día] enferma el cuerpo y la mente. Pero yo llevo mi tierra en las venas. Me duele que el 70% de las camareras de piso trabajemos medicadas [según un estudio de CC OO], pero también ver el mar lleno de mierda. Todo es parte del mismo problema, un modelo en el que unos pocos hacen ‘clin, clin’ y los demás estamos para servir”.

Una impresión aparece con frecuencia: la preocupación por la escasez de oportunidades de empleo y vivienda para los hijos en las zonas más turistificadas. Así lo expresan Fernando Peñuela, Melu Méndez y también Lidia Cruz, maestra de 63 años, con hijas de 30 y 27. “Es mentira que estemos contra el turismo, estamos contra esto”, dice. “Esto” es lo que sufre como residente en el barrio Guanarteme, de Las Palmas de Gran Canaria, emblema de saturación. Sus palabras recuerdan a las de Peñuela en Sevilla: esa sensación de sobrar en el propio barrio. Miembro de Guanarteme se Mueve, Cruz ve la “alianza” en torno al 20-A como “un puzzle con muchas piezas”. “Están los que no pueden pagar una vivienda, los que vivimos en barrios que han cambiado de forma brutal, los que denuncian el daño al patrimonio cultural y natural, los que sufren la falta de oportunidades...”, enumera. Dueña de su vivienda, no se plantea subirse a la ola, vender o arrendar su casa y adiós muy buenas. “Quiero ayudar a cambiar las cosas”, dice. Piensa en sus hijas.

La plataforma Menys Turisme Més Vida de Baleares, donde hubo protestas en mayo y julio, ofrece una panorámica de los grupos movilizados que recuerda a la de Canarias. Muchos son ecologistas, como el histórico GOB Mallorca –nacido en 1973– o el más juvenil Extinction Rebellion. Los hay de vivienda: PAH, Banco del Tiempo. Hay otra vez sindicalistas, kellys, agricultores. Y abundan de nuevo las asociaciones vecinales. Al frente de la federación vecinal en Palma está Maribel Alcázar, de 67 años, que carga contra “un monocultivo turístico empobrecedor” que borra la “idiosincrasia” de los barrios. “Ante ese desafío, el movimiento vecinal no se puede quedar en el ‘ay, mi farolita’. Necesitamos visión de conjunto para cambiar la realidad”, afirma, convencida de que es clave mantener la cooperación entre colectivos de distintos ámbitos. Es una opinión compartida por Pere Joan, de 25 años, graduado en Historia del Arte y miembro de Fridays for Future: “Políticamente, aún no hemos logrado cambiar las cosas. Socialmente sí hemos avanzado. Si hemos conseguido movilizar a tanta gente, es porque hemos trabajado coordinadamente. Y lo haremos otra vez cuando volvamos a la calle en septiembre u octubre”.

Inquilinos y propietarios

El movimiento por el derecho a la vivienda desempeña un papel destacado. Paco Morote, portavoz de la PAH, afirma que su organización ha vivido “una evolución” desde sus orígenes, “cuando ni había llegado a España Airbnb”, hasta una visión “más amplia” que abarca “la crítica a la masificación turística”. “Por eso estamos en estas movilizaciones”, afirma. Parecida perspectiva ofrece Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que sostiene que esta protesta reúne condiciones para forjar unidad en la reivindicación, ya que la turistificación “destroza el territorio, y por eso hay ecologistas, crea condiciones laborales pésimas, y por eso hay sindicatos, genera molestias, y por eso hay asociaciones vecinales, y encarece la vivienda”. “Nos hemos dado cuenta –concluye– de que tenemos que organizarnos más allá de lo sectorial, más allá de la vivienda”. Uno de los lugares donde la PAH y el Sindicato de Inquilinas coinciden contra la turistificación es Barcelona, donde una protesta en julio reunió a miles de personas con el impulso de la Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, formada por entidades que cubren un catálogo de reivindicaciones similar al ya visto en Canarias y Baleares

En Málaga, donde salieron a la calle miles de personas en junio, destaca la aportación del Sindicato de Inquilinas y Un Techo por Derecho, de la que es miembro Rosa Galindo, de 55 años, que muestra su orgullo por cómo “las vecinas de barrios afectados por la turistificación, como La Trinidad, fueron las protagonistas de la manifestación”. ¿Qué explica la fuerza exhibida por aquella protesta? A la merma de derechos –“muy pocos pueden pagar 1.300 euros de alquiler en un barrio de trabajadoras”–, Galindo suma el problema de la pérdida de identidad de los barrios: “Se nos están acercando propietarios que se quedan sin vecinos, rodeados de pisos turísticos, que ya no viven sino que malviven”.

Ejemplo de este malvivir es Miguel Ángel Fernández. Con 59 años, reside con su pareja y su hija, de 25, en una vivienda en propiedad en El Perchel Norte, antaño barrio obrero de Málaga ahora “gentrificado”, explica. De 12 viviendas del bloque, siete son apartamentos turísticos y pronto lo serán también los bajos. Dice que “la vida vecinal se ha ido a la mierda”, que “el comercio tradicional está desapareciendo”, que “no hay sitio para aparcar”... ¿Se plantea irse? Duda. Podría alquilar su apartamento, de unos 90 metros cuadrados y que compró hace 30 años por cinco millones de pesetas, por unos 1.200 euros. O venderlo. “Aunque este es mi barrio, la presión es grande. Quizás cuando mi mujer y yo nos jubilemos...”, reflexiona. Aunque luego añade: “Claro, entonces tendría que irme de Málaga, como dice el alcalde [en una entrevista en Sur, el regidor dijo que “tener que irse a vivir fuera de Málaga tiene una importancia relativa”]. Y así seguiríamos engordando la bola”.

– Usted, dueño de la vivienda en la que reside, ¿siente sus intereses más cerca de los de un rentista o de los de un inquilino?

– Del inquilino. Porque para mí la vivienda sirve para vivir. Y porque con este modelo mi hija tiene difícil emanciparse. Por eso critico el turismo masivo. Y sin turismofobia. Yo mismo, que soy historiador y arqueólogo, trabajo de guía en un museo.

Esta respuesta es clave para el sociólogo especializado en vivienda Daniel Sorando, profesor de la Universidad de Zaragoza, que sostiene que la fuerza de todo este movimiento dependerá de cuántos haya como Miguel Ángel Fernández. “El éxito del lobby inmobiliario se basa en que los propietarios, sean rentistas o no, se ven parte de un mismo bloque gracias a un discurso hegemónico que enfatiza el carácter sagrado de la propiedad, por ejemplo con la insistencia en la ocupación. Si los efectos del turismo masivo extienden entre los propietarios no rentistas la idea de que sus intereses son más próximos a los de los inquilinos, se movería una placa tectónica de la sociedad española”, afirma el autor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades. En España el porcentaje de hogares que perciben rentas inmobiliarias no llega al 10%, según un informe de abril del Grupo de Estudios Críticos Urbanos con datos de Hacienda y el INE. En cambio, más del 75% de la vivienda es en propiedad, según el INE. “Cuanta más gente de esta masa concluya que la mercantilización de la vivienda le quita más de lo que le da, más solos se quedarán los rentistas, que ahora se benefician de unas políticas a su medida”.

Ernest Cañada, investigador en Alba Sud, un centro crítico con el modelo turístico, cree que estamos ante un “nuevo ciclo de movilización”, distinto al posterior a la Gran Recesión. Coautor del ensayo El malestar en la turistificación, Cañada publicó en julio un artículo repasando las protestas celebradas. Además de las ya citadas, aparecen Madrid –Lavapiés–, Cádiz –con miles de personas en la calle–, Granada, Girona, destinos cántabros... Más tarde se sumarían Alicante, Valencia... “En cada ciudad, la protesta es distinta, pero todas evidencian cómo la turistificación afecta a múltiples derechos: vivienda, empleo, medio ambiente, disfrute de la ciudad”, añade Cañada, que ve “desconcierto” en la reacción política porque cuestiona “un modelo intocable”. La derecha, según Cañada, no tiene el menor interés en cambiar nada. Y la mayoría de la izquierda, por ejemplo el Gobierno del PSOE y Sumar, es –según Cañada– “presa de la falta de una propuesta propia sobre qué hacer con el turismo”.