Cádiz, la ciudad que todos quieren visitar, pero en la que cada vez menos gaditanos pueden vivir

El adoquinado de cantos rodados del barrio más antiguo de Cádiz, heredado de las piedras que servían de lastre para los barcos que volvían de América, no se lleva bien con las pequeñas ruedas de los trolley. Los turistas tiran como pueden de sus maletas por El Pópulo y el rebote contra el suelo crea como estelas de sonido que van y vienen por las estrechas callejuelas empedradas. La estampa es ya más frecuente que la de esas señoras que tiraban de su carro de la compra diaria, cada vez menos visibles. Las cifras del bum turístico de Cádiz son inversamente proporcionales al de una sangría poblacional que no cesa y contra la que barrios con fuerte carga identitaria, como El Pópulo o La Viña, se acaban de declarar en rebelión.

Un cóctel de desempleo, falta de suelo para obra nueva y altos precios de compra o alquiler se ceban contra el censo de habitantes de la ciudad desde hace más de 30 años. El municipio, con apenas 111.811 vecinos —según los datos del padrón de 2023— es ya la capital andaluza menos poblada, en una provincia con 1.258.881 habitantes, una cifra que no para de crecer. La sangría no es nueva, suma ya tres décadas, pero la entrada en escena de las viviendas de uso turístico ha complicado la situación habitacional de la localidad, tal y como asegura Cádiz Resiste, un colectivo vecinal creado hace apenas dos meses, espoleado por el creciente descontento y tras el amago de desahucio de María Muñoz, una anciana de El Pópulo que se salvó in extremis por la intervención del Cádiz C. F.

“La realidad es palpable. Desde 2018 se han expulsado a unos 6.000 vecinos y se han creado 12.000 plazas [de vivienda turística]. El mercado se está acotando solo para este fin, está subiendo la renta y el acceso a la vivienda es imposible”, denuncia el portavoz de la entidad, Jesús Ruiz. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, del PP, reconoce “la preocupación por barrios con presión turística importante y la respuesta vecinal de quien se siente atacado porque parece que el turismo ocupa cada vez más espacio residencial”.

Esa afrenta es justo la que siente Lucio Rebollo. El gaditano de 50 años vivió más de 25 años de alquiler con su mujer, su hijo y su madre discapacitada en un piso de la calle Buenos Aires. Hasta que en la primavera de 2022, el administrador de la finca les avisó a él y a otras siete familias que el propietario —dueño de varias fincas en Cádiz— les rescindía los contratos. “Nos llegó que lo que quería era hacer viviendas de alquiler turístico”, apunta Rebollo.

Justo entonces, el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado en aquel momento por José María González Kichi y su partido Adelante Cádiz, aprobó una pionera normativa municipal —de las primeras de Andalucía— que declaró el centro como área saturada para nuevos alquileres turísticos, y lo limitó a la zona de Extramuros y solo hasta la segunda planta. “Así que, desde entonces, el propietario debe estar prefiriendo no alquilarlas y esperar que vuelvan a abrir la veda. Ahí están cerradas las casas desde entonces. Es muy injusto”, se queja Rebollo.

Ponerle el cascabel al gato de la vivienda en Cádiz es tan complicado que todas las partes aseguran que las restricciones establecidas por el gobierno municipal de Kichi “no han tenido el efecto esperado”, como apunta Cossi, pese a que el actual equipo del PP las ha asumido —ya lleva casi 300 viviendas turísticas anuladas— y se plantea hacerlas aún más duras. Ruiz no se ahorra adjetivos para el actual marco legislativo, que tacha de “laxo, ridículo y de cachondeo”.

Rebollo da fe, en sus propias carnes, que la nueva regulación no le evitó la mudanza a la vecina localidad de Puerto Real, donde se ha comprado una vivienda. Y por eso Luis López Lainez, fundador de una empresa de gestión de alquileres y delegado de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) en la provincia de Cádiz, se pregunta: “¿Qué ha pasado en estos dos años? Pese a la limitación, seguimos hablando de los problemas de vivienda en Cádiz. Todo este tema está muy politizado, interesa enfocar la mirada a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) para no fijarse en otros problemas”.

López —cuya asociación tiene recurrida ante la Justicia la modificación urbanística de Cádiz— se queja de que ni siquiera existe unanimidad en el número de viviendas destinadas a fines turísticos en la capital. Cádiz Resiste se aferra al dato oficial del registro de la Junta de Andalucía, 2.506, que les lleva a asegurar que es la capital de provincia andaluza con más VUT por habitante. Pero el gestor recuerda que ese registro no está actualizado, asegura que muchos de los pisos que aparecen en él no están destinados a ese fin, y reduce la cifra a “entre 1.500 y 1.600 viviendas”.

“El problema son las viviendas vacías y los alquileres ilegales”, se queja López, en referencia también a los pisos que solo se ofertan para residencial en los meses de temporada escolar, una pauta habitual en la ciudad desde hace años. Cossi media en la guerra de cifras para reconocer que no hay datos concluyentes —el Ayuntamiento ha encargado un estudio a la Universidad de Cádiz— y que ahora mismo manejan como cifra aproximada un censo de “55.000 viviendas en la ciudad, de las que 5.500 son viviendas vacías y 1.600 en uso de hospedaje”.

Aunque cada parte difiere en qué porcentaje de culpa tienen las VUT en la complicada realidad habitacional gaditana, todas se rinden a la evidencia de que alquilar una vivienda en Cádiz es mucho más caro que hace una década. Concretamente, el doble de precio de media que en 2011, según datos de Idealista y la variación de precios respecto a 2011 analizada por EL PAÍS. Esa jungla impracticable fue la que Rebollo se encontró cuando en el verano de 2022 se lanzó a buscar una nueva vivienda. “La primera, segunda y tercera opción era Cádiz, pero era imposible. ¿Quién se puede permitir los 1.500 euros al mes que nos encontrábamos? No nos daba con mi salario y el de mi mujer”, se queja el gaditano, que encontró escapatoria en la compra de un piso en Puerto Real, por el que paga 400 euros mensuales de hipoteca.

Ruiz asegura que desde el colectivo Calle Viva llevan advirtiendo desde 2018 sobre esta realidad, pero no ha sido hasta el último año cuando el debate se ha hecho más patente en la ciudad. El caso de la finca de la señora María Muñoz, asediada por viviendas turísticas, abrió la espita del cabreo el pasado mes de mayo. Y semanas después, el pasado 29 de junio, Cádiz Resiste consiguió congregar a casi 3.000 personas en una manifestación en contra de la turistificación. “Avisábamos de que venía el lobo y ahora ha llegado y ha arrasado con todo. No es turismofobia, es que el monocultivo turístico ha provocado unas cuotas de insatisfacción ciudadana que genera crispación”.

López se queja de que las opiniones están “muy polarizadas” contra un mercado de alquiler que está compuesto por pequeños propietarios, “muchos de ellos gaditanos”, y “por un sector profesionalizado que paga sus impuestos, con personal dado de alta”. Mientras, Cossi pide mesura: “Nos preocupa que determinados discursos se pasen de frenada cuando la ciudad ha pasado años demandando más turismo. Los datos que tenemos no se acercan a la turistificación. El problema crítico se centra en preservar la vivienda frente al uso turístico”.

Rebollo contempla ya el debate desde la distancia, instalado aunque no aclimatado a su nueva ciudad: “A mi mujer le está costando adaptarse a vivir aquí”. Mientras, ve en su círculo de amistades cómo la diáspora continúa, con allegados que se marchan a San Fernando o Jerez, y los que se quedan se enfrentan a subidas de alquiler “del 40%”, asegura. “El turismo está bien, en Cádiz siempre ha habido en los meses de verano, pero ahora es demasiado, todo el año. El problema es que llegará un momento en el que ya no queden gaditanos”, vaticina con resignación el nuevo vecino de Puerto Real.

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