Sumar forzará una segunda votación para limitar los alquileres de temporada tras el volantazo de Junts

Sumar busca un plan B para lograr que los alquileres de temporada y de habitaciones no escapen a la regulación de precios de la ley de vivienda. Después de que el martes, a tres minutos de la votación en el Congreso, Junts comunicara un cambio en el sentido de su voto que tumbó la admisión a trámite de la proposición de ley impulsada por el grupo parlamentario que dirige Yolanda Díaz, el socio minoritario del Gobierno, según ha podido saber EL PAÍS, forzará una nueva votación de esa norma, pero esta vez será en la Comisión de Justicia. El debate llegará con probabilidad el mes que viene, y lo hará a través de una batería de enmiendas registradas el pasado julio a la ley del Servicio Público de Justicia, dependiente del ministerio que dirige Félix Bolaños, un texto que en nada guarda relación con la materia de vivienda, pero tampoco con las llamadas golden visa, y el PSOE también presentó en su día una iniciativa en esta ley para prohibir la obtención del permiso de residencia a cambio de la compra de un inmueble por valor superior al medio millón de euros.

La medida de Sumar propone modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para darle prioridad sobre los alquileres temporales a los habituales, que será el tipo por defecto, siempre que no se especifique que se trata de un contrato de corta duración. La formación socio de Gobierno pretende también que se limiten a seis meses la duración de los contratos de alquiler temporal de viviendas y obligar al arrendador a especificar en ellos la causa de esa temporalidad. Además, estipula que las fianzas no puedan superar la de un mes de alquiler, que las reparaciones recaigan en el propietario y que la ruptura del contrato no acarree costes al inquilino con un preaviso de solo diez días.

Las iniciativas de la formación, a las que hay que añadir una tercera que propone que el contrato de alquiler sea indefinido por defecto para dar “seguridad y estabilidad” a las familias, así como “arraigo en los barrios”, fueron registradas antes del parón estival por el diputado de Compromís y vicepresidente segundo de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, Alberto Ibáñez. “Entendemos que, ante la dificultad de la aritmética parlamentaria, hay que aprovechar cualquier posibilidad legislativa para avanzar en materia de vivienda”, justifica el diputado. En lo que va de legislatura, el Gobierno ya impuso esta práctica —la de colar medidas ajenas al contenido de una norma en aquella que tiene posibilidades de aprobarse— en la ley de paridad, donde PSOE y Sumar incorporaron una enmienda para evitar que el Senado pudiera rechazar el techo de gasto.

El debate obligará de nuevo a los partidos a tomar posición respecto a un problema, el de la vivienda, que se ha convertido ya en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, según el CIS. Pero la fórmula que propone ahora Sumar no parece sencilla. El PSOE dio su apoyo el martes a la admisión a trámite de la ley, que impide encadenar más de dos contratos por seis meses, y ante lo ajustado de la votación, incluso hizo desplazarse hasta el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque si no los números no daban. Sin embargo, de lograr el visto bueno la enmienda, la medida quedaría aprobada tal cual, sin posibilidad de cambios o retoques como ocurriría con una proposición de ley durante la tramitación parlamentaria, porque la comisión tiene competencias legislativas (aunque luego deba aprobarse el texto global en pleno). A la postura incierta de los socialistas habría que añadir también las dudas del PNV, con el que Sumar negoció bastante para que permitiera que la norma comenzara al menos su recorrido en el Congreso, pero sin un respaldo total al texto.

A estas dificultades se suma la de la postura de Junts, que ha sido muy criticado desde su giro de última hora, y está instalado ya en el no. Los independentistas han justificado que nunca creyeron que la norma fuera a contar con los apoyos suficientes para salir adelante y que cambiaron su voto al ver posibilidades reales de que prosperara, pero argumentan que ellos no pueden avalar una iniciativa que “invade” las competencias autonómicas. “Son enmiendas que respetan el marco competencial, ya que tanto el alquiler de temporada como el alquiler de habitaciones luego serán las comunidades quienes apliquen o no, según sus mayorías, la ley”, replica Ibáñez. Sumar, en todo caso, tendrá que negociar si quiere atraerlos de nuevo al bloque de investidura. “Desde el Grupo Plurinacional siempre estamos abiertos al diálogo, a la negociación, a todo lo que suponga avanzar y garantizar mayorías que respeten la coherencia ideológica, que es garantizar el derecho a la vivienda y huir de la mirada especulativa que tienen otros grupos”, añade sobre posibles modificaciones a sus propuestas.

El cambio de posición de Junts ha enfadado enormemente al Ejecutivo, pero en especial a Sumar, que llevaba semanas trabajando para recabar los apoyos al texto y aseguran que desde el lunes tenían ya amarrada su abstención. El partido del expresident Carles Puigdemont, aseguran, no era proclive a la norma, pero tampoco quería cortar relaciones con el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinos), promotor de una iniciativa que también firmaban ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. “Han actuado de una manera profundamente injusta que les acerca a posiciones trumpistas. Cuando se negocia y se da la palabra, hay que cumplir”, afirma Ibáñez. Este mismo miércoles, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado en los pasillos del Congreso que su departamento agilizará un decreto de desarrollo reglamentario de la Ley de Arrendamientos Urbanos para combatir el fraude en los alquileres temporales, inicialmente previsto para antes de que termine 2025. Desde Sumar creen que se trata de una medida “complementaria” pero consideran este asunto de extremada urgencia.