Casi ocho de cada diez beneficiarios potenciales del bono social eléctrico no lo reciben

Una buena herramienta, pero mucho —muchísimo— menos efectiva de lo deseable: casi ocho de cada diez beneficiarios potenciales del bono social eléctrico no lo recibe. Una tasa de cobertura que, aunque ha crecido en los tres últimos años, es particularmente pequeña en los hogares de renta baja (los más necesitados, donde ronda el 20%) y sube con fuerza en el caso de las familias numerosas, algunas de ellas de renta media o media-alta. Así se desprende de un monográfico publicado este jueves por EsadeEcPol y la ONG Oxfam Intermón, según el cual cerca de la mitad (el 45,5%) de las unidades familiares con tres o más hijos recibieron este descuento en su recibo, con una prevalencia superior en las de ingresos medios o altas que en las que menos ganan.

“Una buena parte de los que sí se benefician de él no son familias vulnerables”, se lee en el informe que firman Natalia Collado Van-Baumberghen y Ángel Martínez Jorge, y que pide una reforma de esta herramienta con tres pilares: que se centre más en las familias vulnerables, que el peso de la solicitud se traslade más a la Administración que al perceptor potencial y que se armonice de forma “efectiva” con otras ayudas públicas. Según sus cifras, la tercera parte de los perceptores no son de renta baja. “De hecho, entre los hogares de familia numerosa de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono frente al 40% de los de ingreso bajo”, apuntan.

Asimetrías por hogares

Ser familia numerosa tiene, según el estudio, el mayor efecto positivo sobre la probabilidad de recibir el bono social eléctrico: aumenta en un 27% las opciones de acogerse exitosamente a él. Pertenecer al colectivo de renta baja, en cambio, solo las eleva en un magro 4%. En sentido contrario, ser de origen extranjero —un factor que aumenta la incidencia de la pobreza energética— reduce la probabilidad de lograrlo: las familias con al menos un miembro nacido fuera de España tienen un 12% menos de opciones de recibirlo. También los hogares monoparentales tienen una tasa de cobertura menor que el resto (tres puntos porcentuales menos), a pesar de que tanto el propio bono social eléctrico como la evidencia empírica reconocen su mayor vulnerabilidad.

El régimen de tenencia de la vivienda y el lugar de residencia incide, igualmente, en la probabilidad de acogerse a este descuento en la factura de la luz. Pese a la “significativa” correlación entre vivir en propiedad y los ingresos —a más altos, más probable es residir en una vivienda adquirida y no de alquiler—, la tasa de cobertura del bono social es casi nueve puntos menor en quienes viven de alquiler (17,4% frente a 26%).

Pobreza energética

Tal como está diseñado desde 2017, para recibir el bono social un hogar tiene que tener una renta máxima de 8.106 euros, ser familia numerosa o estar formado por jubilados que reciban la pensión mínima y que no reciban ingresos adicionales de más de 500 euros anuales. La potencia contratada no puede superar los 10 kilovatios (KW), mucho más de lo necesario en el hogar promedio, y estar en el mercado regulado, en el que el precio de la luz varía hora tras hora y en el que el margen de ganancia de las eléctricas está fijado por ley. En abril del año pasado, este descuento —fluctúa entre el 25% y el 40%, según las características del hogar y su grado de vulnerabilidad, aunque puede alcanzar el 100% en el caso de las familias en riesgo de exclusión social— la recibían un total de 1,45 millones de unidades familiares.

En 2023, según las cifras de la oficina estadística comunitaria (Eurostat), casi la quinta parte de los hogares no pudo mantener una temperatura adecuada en su hogar. Es el mayor porcentaje de toda la UE, junto con la vecina Portugal, y sitúa a España en el grupo de países donde más ha aumentado la pobreza energética.

A eso se suma, como recuerdan los investigadores de EsadeEcPol, que una de cada diez unidades familiares incurrieron en algún retraso en el pago de sus facturas y que el número de viviendas que consumen menos energía de la requerida por no disponer de suficientes recursos económicos —la llamada “pobreza energética oculta”— se duplicó entre 2020 (el año de la pandemia) y 2022 (el de la crisis energética y el último que contempla el estudio).

Propuestas de reforma

El estudio propone tres medidas de aplicación inmediata para mejorar el diseño del bono social: que sea la Administración la que se coordine con las eléctricas para identificar qué hogares son susceptibles de recibirlo, en base a las bases de datos de Hacienda y de la Seguridad Social; que se agilice su concesión a quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV, el último salvavidas frente a la pobreza más aguda) y que se introduzca un tope máximo de renta para las familias numerosas que quieran acogerse a él, “definido de manera que solo excluya a los hogares que claramente no necesitan de ningún apoyo monetario”. Es decir, para aquellas de ingresos altos.

El Gobierno, por boca de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció en marzo del año pasado la introducción de criterios de renta para la concesión del bono social a las familias numerosas. Sus palabras, sin embargo, no han cristalizado en hechos.

En un horizonte más amplio, el estudio del centro de estudios de la escuela de negocios Esade y Oxfam Intermón aboga por el uso de políticas fiscales “más efectivas y unificadas”, como impuestos negativos sobre la renta, “que permitan abordar las situaciones de pobreza de forma integral, con información fiable y menos trámites administrativos”. Y llama a las Administraciones a “salir a buscar” a los hogares vulnerables que podrían beneficiarse de ayudas para mejorar la eficiencia energética de su casa (rehabilitación, mejora del aislamiento, instalación de renovables...), así como enfocar los recursos disponibles en los hogares con menor renta. “Esto permitiría no solamente responder al reto de la pobreza energética, sino también a los objetivos de descarbonización”, exponen.