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Contratar más potencia de la necesaria: el error que lleva a los hogares a pagar 900 millones de más a las eléctricas

Cada kilovatio contratado de más cuesta entre 2,4 y 5,8 euros al mes, según un estudio de Facua

Ignacio Fariza
Una mujer pone una lavadora en su vivienda, en una imagen de archivo.
Una mujer pone una lavadora en su vivienda, en una imagen de archivo.Víctor Sainz

El reciente estallido en la factura de la luz discurre por otros derroteros: el principal responsable ha sido la brutal escalada del gas, que se ha trasladado directamente al bolsillo de todos los hogares españoles. Sin embargo, un pequeño gesto en el que pocos suelen suele reparar puede ayudar —y mucho— a contener el zarpazo sobre los presupuestos domésticos: reducir la potencia contratada. Es el error más común y también el más costoso: casi 900 millones al año, según un estudio publicado este jueves por la asociación de consumidores Facua con datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Siete de cada diez hogares, adscritos tanto al mercado regulado (también conocido como PVPC) como al libre, tienen suscrita más potencia de la que necesitan. Aunque la brecha entre lo contratado y lo necesario es generalizada, es especialmente importante en el caso de los tramos horarios considerados “valle”, en los que la demanda suele ser más baja: en esos periodos, casi el 75% paga más de lo que debería por disponer de una potencia, frente al 70% en las horas de mayor consumo.

Cada kilovatio (KW) de potencia contratada cuesta, de media, casi tres euros al mes. La oscilación entre unas y otras tarifas, sin embargo, es enorme: de entre 2,4 y más de 5,8 euros mensuales, con cifras consistentemente más altas en el mercado libre que en el regulado.

El importe extra por exceso de potencia contratada fue, en 2022, de casi 869 millones de euros antes de impuestos. Ese es el ingreso adicional que este error de los hogares está reportando anualmente a las compañías eléctricas. Con el impuesto especial y el IVA reducidos, como en la actualidad, la cifra escala hasta los 960 millones; son las arcas públicas las que ingresan esos cerca de 90 millones de diferencia. Si el impuesto especial y el IVA regresan a los niveles precrisis —lo lógico cuando los precios den una tregua sostenida—, el sobrecoste superaría los 1.100 millones.

“Las cifras ponen de manifiesto la necesidad de que el Gobierno emprenda actuaciones para que los consumidores ajusten el número de kilovatios de potencia contratada en sus hogares”, reclaman los técnicos de Facua, que piden a los ministerios de Transición Ecológica y de Consumo “campañas institucionales que fomenten el conocimiento de este concepto de la factura y cómo saber cuál es la potencia más adecuada en cada vivienda”. Otra exigencia tiene que ver con el coste del cambio de potencia: el cambio, dice, debe ser “gratuito de forma permanente, ya que el hecho de que tenga un coste es un elemento disuasorio para quienes valoran la posibilidad de reducirla”.

Consejos a las familias

La asociación de consumidores también da algunos sencillos consejos para saber si la potencia contratada es mayor de lo realmente necesario. “Si en los últimos tres meses no ha saltado ni una sola vez, ya tienes un indicador de que puedes bajar la potencia contratada”, explica. Además, añade, los hogares pueden utilizar uno de los muchos simuladores disponibles en Internet, que permiten introducir uno a uno los datos de los electrodomésticos que hay en casa para saber qué potencia es necesaria.

La única información que ofrece la factura de la luz sobre la potencia es la demanda máxima en el último año. “Ese dato [sin embargo] no indica precisamente cuál es la que se debe contratar, sino únicamente el tope que se ha alcanzado en un momento muy concreto, que es posible que no se haya repetido ni una sola vez más”, cargan desde Facua. Si el contador es digital, como todos los instalados en los últimos años, desde que se solicita el cambio de potencia hasta que se lleva a cabo “no debería transcurrir ni una semana”. Si la eléctrica se demora o, en el extremo, si se desentiende, el cliente puede reclamar que se haga una refacturación de todo el periodo para que la compañía le reintegre lo cobrado de más.

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Sobre la firma

Ignacio Fariza
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS. Ha trabajado en las delegaciones del diario en Bruselas y Ciudad de México. Estudió Económicas y Periodismo en la Universidad Carlos III, y el Máster de Periodismo de EL PAÍS y la Universidad Autónoma de Madrid.

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