Carlos Fernández Carriedo: “Condonar deuda no resuelve la financiación de la sanidad y la educación”
El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León defiende la política de rebajas fiscales aplicada en su comunidad
Economista, funcionario, político, Carlos Fernández Carriedo (Monzón de Campos, Palencia, 61 años) lleva desde 2019 las riendas de la Consejería de Economía y Hacienda de Castilla y León (PP-Vox), desde la cual rechaza la financiación singular que exigen los independentistas para Cataluña, pide una reforma de la financiación autonómica que tenga en cuenta el coste efectivo de prestar los servicios públicos y critica el acuerdo entre PSOE y ERC sobre la quita de parte de la deuda autonómica. “Condonar deuda no resuelve la financiación de la sanidad y la educación”, zanja durante una entrevista en Valladolid. A la vez, defiende la política de rebajas fiscales emprendida por su comunidad. “Al mismo tiempo que el Gobierno de España ha subido 69 tributos, nosotros hemos bajado 34. Y lo vamos a seguir haciendo”, asegura. Pocos días después, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), anunciaría una nueva rebaja en el tramo autonómico del IRPF.
Pregunta. Dice que el Gobierno central está usando guantes de seda con los separatistas y de boxeo con el resto de comunidades.
Respuesta. El muro que ha levantado Pedro Sánchez no es solamente ideológico, es territorial. Se ha puesto del lado de los separatistas y ha dejado al otro lado al resto de los españoles. Sería positivo que se diera cuenta de que es el presidente de todos, también de aquellos que tenemos un claro compromiso con el proyecto común de España. Es algo que identificamos una mayoría de comunidades de diverso signo político.
P. El Gobierno vincula la financiación singular de Cataluña a la reforma común del sistema.
R. ¿Quién ha dicho que va a ser una financiación singular al gusto de los separatistas? El propio Gobierno de España. Además, parece que la está negociando en Suiza con una persona que está fugada de la justicia. Lo que sobre, después de esa financiación singular, es lo que se repartiría entre los demás. Generaría una clara desigualdad. No queremos las sobras, queremos participar en un modelo en condiciones de igualdad entre todas las comunidades y todos los españoles.
P. Defiende que Castilla y León está infrafinanciada, pero, según los datos, los recursos que le reparte el sistema están en la media.
R. Castilla y León está infrafinanciada y lo están todas las comunidades. Llevamos diez años con un modelo caducado, en los que hemos atravesado unas crisis económica, sanitaria, de inflación y subida de tipos de interés.
P. ¿Cómo se mide esta infrafinanciación?
R. Lo que destinamos a sanidad, educación y servicios sociales es más que los anticipos a cuenta del sistema, sin contar las demás competencias. Todas las comunidades estamos infrafinanciadas, pero parece que hay una negociación encima de la mesa que ni siquiera tiene como objetivo final el modelo de financiación, que es asegurar la prestación de los servicios públicos, sino garantizar la estabilidad parlamentaria de un gobierno. La financiación es muy importante porque no es cómo se financian las comunidades, es cómo financiamos la sanidad, la educación y los servicios sociales, los pilares básicos del Estado de bienestar. El nuevo modelo tiene que garantizar la igualdad y la suficiencia.
P. ¿Cuántos recursos más habría que inyectar al sistema?
R. Tiene que negociarse entre todos. En todos los modelos de financiación ha habido una aportación del Gobierno. La infrafinanciación actual se ha producido porque a nadie se le escapa que el gasto sanitario hoy no tiene nada que ver con el que había cuando se hizo el modelo, que ya tiene 15 años. El sistema ha evolucionado en el tiempo, para Castilla y León y para muchas comunidades, de forma negativa. Los impuestos no los pagan los territorios, los pagan las personas según su capacidad, y reciben servicios en función de sus necesidades y no de los impuestos que cada uno paga.
P. ¿Qué pide Castilla y León?
R. Ver cuál es el coste efectivo de esos servicios públicos en función de una serie de variables, y cómo se distribuyen esos recursos para que todos los ciudadanos de España, vivan donde vivan, puedan recibir esos servicios en condiciones de igualdad. Castilla y León es la comunidad más extensa de España, con una de las esperanzas de vida más altas, y esto condiciona el coste efectivo de prestar los servicios públicos. Está muy estudiado lo que cuesta la sanidad cuando se presta en forma concentrada o a una población más dispersa, más mayor.
P. Pero ni siquiera las comunidades del PP están de acuerdo sobre cómo reformar el sistema.
R. Es cuestión de esforzarse, de que el Gobierno tenga claro, desde el principio, que se trata de garantizar la igualdad y la prestación de esos servicios públicos esenciales. Por supuesto tenemos características en común con muchas comunidades y esto no es un debate de partidos políticos, es un debate fundamentalmente de posiciones entre comunidades autónomas. Hoy tenemos más datos sobre el coste de los servicios públicos de los que hemos tenido nunca.
P. ¿Y qué opina de la condonación de la deuda autonómica acordada con ERC para todas las comunidades?
R. No sabemos las cifras, ni cuánto va a tocar a cada uno. Por tanto, no sabemos si se va a hacer con un criterio de igualdad. Solo hay un grupo de partidos separatistas que saben que les corresponden 15.000 millones. Nuestro problema fundamental es cómo financiamos los servicios públicos, no el endeudamiento. Eso es lo que hay que abordar y que le preocupa a la gente: cómo garantizamos una sanidad, educación y servicios sociales con un nivel de calidad suficiente. El problema que hay que resolver es de financiación. Condonar deuda, según cómo se haga, puede resultar injusto. Y no resuelve la financiación de la sanidad, de la educación y de los servicios públicos.
P. ¿Y de dónde sacaría más recursos para el sistema?
R. Hay que aprovechar el crecimiento económico.
P. Han aplicado varias rebajas fiscales. ¿No han afectado a la recaudación?
R. No, porque ha habido crecimiento económico y del empleo; hemos demostrado que se pueden bajar impuestos y mejorar la recaudación. Parece que en España bajar impuestos es incompatible con crecer económicamente, crear empleo, tener buenos servicios públicos o bajar la deuda. En muchas ocasiones, bajar impuestos dinamiza la economía, mejora el nivel de competitividad, crea empleo, consigue que se paguen más impuestos y al final conseguimos tener mejores servicios públicos. También es una cuestión de mejorar la gestión.
P. ¿Hay margen para más rebajas?
R. Hemos bajado impuestos por convicción, pero nuestras rebajas siempre han seguido un criterio de inteligencia y moderación. Las hacemos al ritmo de nuestras capacidades económicas. Desde la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco los hemos hecho cuatro veces. Al mismo tiempo que el Gobierno de España ha subido 69 tributos, nosotros hemos bajado 34. Y lo vamos a seguir haciendo al ritmo que las circunstancias nos lo permiten. Los impuestos son necesarios porque tienen que financiar los servicios públicos, pero tenemos una clara vocación de bajarlos.
P. Cuando se aborde la reforma de la financiación, ¿hay que incluir también las comunidades forales?
R. Su régimen está amparado por la Constitución y somos muy partidarios de la defensa de los principios constitucionales.
P. ¿Pero habría que revisar el cálculo del cupo?
R. La Constitución dice que tener un sistema de financiación específico como el foral no debe generar desigualdades en España.
P. ¿Y se están generando?
R. Tendría que ser el Gobierno muy vigilante para que no se produzcan.
P. ¿Confía en que la reforma llegue en esta legislatura?
R. Se puede hacer. Estamos en un contexto de crecimiento económico, que siempre facilita que se pueda abordar una negociación. Ahora hay condiciones para poderlo hacerlo bien si el Gobierno quiere.
P. ¿También hay condiciones políticas? El PSOE está en el Gobierno central, mientras que en la mayoría de las comunidades está la oposición, con el PP en solitario o en coalición.
R. No somos oposición al Gobierno de España, somos el gobierno de Castilla y León.
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