Los barones de la España envejecida plantean un reparto de fondos flexible que cubra nuevos gastos

Castilla y León acoge al 5% de la población española, pero gestiona casi el 40% de los consultorios sanitarios de todo el Estado. Cantabria se gasta al día 100.000 euros en transporte escolar frente a los 80.000 euros de la Comunidad de Madrid. Estos son dos de los datos desvelados por los ocho presidentes autonómicos de la España más envejecida y despoblada que se han reunido este martes en Santiago. Los mandatarios de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Cantabria, Aragón y La Rioja, todos ellos territorios golpeados por la despoblación, la dispersión de habitantes y el envejecimiento, proponen que la nueva financiación autonómica se rija por una fórmula más “dinámica” que garantice “servicios similares” en todos los rincones del Estado.

En el documento acordado en el bautizado como Foro Santiago, además de reconocer como estaba previsto que todos los territorios están infrafinanciados y no deben perder dinero, las comunidades consideran clave “acertar en la definición de los costes reales que suponen los servicios” esenciales. Para ello, no solo proponen dar más peso a los factores demográficos que encarecen la educación, la sanidad y la atención a dependientes y estudiar el impacto del paro y el nivel de renta, sino también que el nuevo reparto de los fondos del Estado se adapte mejor a los cambios, a la evolución de los gastos que soportan las arcas autonómicas. Demandan que se vinculen los recursos que reciba cada comunidad tanto “a la evolución de las necesidades de gasto” como a las novedades normativas o la creación de servicios que impulse el Gobierno central.

El acuerdo entre las autonomías más envejecidas y despobladas plantea que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica reserve un “análisis especial” al gasto sanitario que no deja de crecer y a los efectos de la pandemia. “El peso de la sanidad en el sistema debe adecuarse al gasto real de las comunidades autónomas, incluidos los gastos estructurales que ha dejado la pandemia”, recoge la declaración institucional de 35 puntos consensuada por los presidentes autonómicos de PP, PSOE y Partido Regionalista de Cantabria (PRC). El documento reclama “revisiones periódicas” para ajustar los indicadores y su ponderación, valorando “de forma adecuada” el impacto que tiene la población mayor de 65 años en la necesidad de más dinero público para la sanidad.

Apelando a la “lealtad institucional” y a la “seguridad jurídica”, las comunidades reunidas en Santiago instan a que se cuantifiquen las medidas impulsadas por el Estado que “hayan podido afectar a los ingresos y gastos autonómicos, así como los que puedan surgir” con nuevos servicios que vayan a ser gestionados por las administraciones autonómicas. Para atender la dependencia, demandan “financiación suficiente” para la cobertura que establece la ley aprobada hace 15 años. E inciden en la necesidad de otorgar especial atención a los mayores de 85 años, “donde se concentra un mayor porcentaje de grandes dependientes destinatarios de los cuidados más intensivos del sistema”.

“Nos jugamos mucho”, ha advertido el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), quien para ilustrar los gastos que genera la dispersión de la población apuntó que su comunidad mantiene casi 2 de 10 diez carreteras autonómicas que vertebran España. Los firmantes se han afanado en recalcar que la reunión “no se hace contra nadie”. El documento pactado “aporta y suma”, defiende el castellanomanchego Emiliano García Page (PSOE), mientras que Concha Andreu (PSOE), presidenta de La Rioja, asegura que nace de las “ganas de ayudar al Gobierno de España”. “Hoy no es noticia la bronca y el ruido, sino el acercamiento y el diálogo”, ha proclamado el anfitrión, el gallego Alberto Núñez Feijóo (PP).

Al margen de la reforma de la financiación autonómica, el documento rubricado por los ocho presidentes reclama incentivos a la natalidad para paliar los desequilibrios territoriales que sufre España, expresa su apoyo al Gobierno central para que universalice “con el apoyo económico necesario” la educación infantil de 0 a 3 años y demanda que la UE declare “zonas escasamente pobladas” a Teruel, Soria y Cuenca. Estas comunidades también abogan por un “gran pacto nacional” para combatir el déficit de médicos.

No obstante, no todo ha sido consenso, ha reconocido el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla. La falta de acuerdo ha impedido que todos los presidentes firmaran una reclamación de las comunidades que se oponen a la prohibición de la caza del lobo decretada por el Gobierno central. Se han desmarcado Extremadura y La Rioja. Revilla ha reivindicado a las comunidades del Foro Santiago como “la España real” que “produce carne, leche y trigo”: “La financiación [autonómica] no debe hacerse por habitante, porque si no, estamos contribuyendo a que haya más Madrid, más Barcelona, más Valencia y más Sevilla”.