El Gobierno decidirá sobre el nuevo control de alquileres en Cataluña tras las elecciones

La Generalitat de Cataluña anunció este lunes su intención de extender el control de alquileres a 131 municipios más de esa comunidad. Estos se unirán a los 140 donde hace un mes se estrenaron los límites de renta que prevé la ley estatal de vivienda, y todos en conjunto reúnen al 90% de la población catalana (equivalente a más de siete millones de personas), según los planes que hizo públicos el Govern. Pero la realidad es que en ese proceso también tiene que intervenir el Ministerio de Vivienda, que si se cumple el calendario previsto no decidirá al respecto hasta después de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.

El motivo es que la consejería de Territorio tiene planeado publicar este miércoles o este jueves en el diario oficial de la Generalitat la memoria de declaración del área tensionada a los efectos de cumplir con el trámite de información pública. Este conlleva 20 días hábiles para presentar alegaciones, que se cumplirán durante la semana posterior a los comicios. Cómo se desarrollen los pasos posteriores “dependerá de la celeridad o no en responder alegaciones”, señalan fuentes del departamento que encabeza Ester Capella. Y esa acción corresponderá al actual Gobierno autónomo, que entonces habrá entrado en funciones, o ya al nuevo que se forme.

El proceso continuará, según señalaba la consejería autonómica en la nota en la que anunció la ampliación de los controles de renta, con el envío del texto al Ministerio de Vivienda. Esto, aunque el comunicado pasaba casi de puntillas por ello, no es un mero trámite formal. Las zonas tensionadas de precios, cuyo procedimiento de declaración detalla en la Ley por el derecho a la vivienda en su artículo 18, no entran en vigor hasta su publicación en el BOE. Cuando se negoció la norma estatal, se insistió en este punto porque, entre otras cosas, el Ministerio de Hacienda debe tener conocimiento de las áreas tensionadas a efectos de la declaración de IRPF de los contribuyentes que residen en las mismas, donde los caseros tienen acceso a unas bonificaciones especiales sobre las rentas que perciben.

Además, en la anterior ocasión, este paso supuso algún desencuentro entre la Generalitat y el Gobierno, que devolvió el texto y pidió algún ajuste antes de publicarlo. Sin embargo, fuentes de Vivienda recuerdan que esta vez se trata de “un procedimiento que los técnicos de ambas Administraciones conocen y ya han tratado”. De hecho, la memoria que ha difundido la Generalitat se parece mucho a la que presentó para declarar tensos los primeros 140 municipios.

La norma estatal exige que, además de la justificación de que esos municipios son un área tensionada, se acompañe un plan de medidas correctoras de la situación. Ahí es donde el ministerio puede introducir apreciaciones. “El departamento ministerial competente en materia de vivienda, en el marco del ejercicio de las competencias estatales, podrá desarrollar, de acuerdo con la administración territorial competente, un programa específico para dichas zonas”, recoge textualmente la ley de vivienda.

Una sola área tensa con 131 municipios

Los 131 municipios formarán parte de una sola área tensionada, independiente de la primera. Esto ya se hizo la vez anterior, con los primeros 140 municipios, para agilizar la tramitación. Y otra cosa que será similar es que la declaración rebaja a cinco viviendas la definición de gran tenedor. Esta es una posibilidad que contempla la norma estatal siempre que esas cinco casas estén dentro de la zona de alquileres controlados; si no, el criterio general es que se sea propietario de más de 10 inmuebles urbanos, excluidos garajes y trasteros (o menos, pero con una superficie conjunta superior a los 1.500 metros cuadrados).

Nadie espera, salvo que surja algún imprevisto, que el procedimiento se demore tanto con en la ocasión anterior. La Generalitat anunció el pasado verano los controles de precios en 140 municipios y estos no entraron en vigor hasta mediados de este marzo, unos ocho meses después, cuando se completaron todos los trámites. La nueva zona, dijo la consejera Capella el lunes, “debería ser una realidad en el mes de julio”. En la primera declaración, al margen de la negociación de algunos desacuerdos, lo que más retrasó todo fue que faltaba tener operativo el índice oficial de precios que publica el ministerio y se toma como referencia máxima de precio para los nuevos arrendamientos en los que el casero es un gran propietarios. Ahora ya no hace falta ese paso, que se retrasó precisamente por otro adelanto electoral: el de los comicios generales del pasado 23 de julio.

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