La Generalitat pide doblar el número de municipios donde limitar el precio del alquiler

La Generalitat ha comenzado los trámites para ampliar de 140 a 271 el número de municipios catalanes donde se limitará el precio del alquiler, según ha anunciado este lunes la consejera de Territorio, Ester Capella. De esta forma, otros 131 municipios se sumarían a los 140 que, el verano pasado, ya se declararon como zona tensionada en Cataluña. En total, si se aprobaran, la medida afectaría al 90% de la población catalana (equivalente a más de 7 millones de habitantes), informa el departamento en un comunicado. El anuncio llega a menos de un mes de las elecciones autonómicas y justo cuando se cumple un mes (este martes) de la entrada en vigor de esos topes, que prevé la ley estatal de vivienda, con los que se pretende frenar el aumento de los precios.

La propuesta de nueva ampliación afecta a municipios de más de 2.000 habitantes repartidos por la geografía catalana, incluida la zona de La Val d’Aran (Lleida), que lo había solicitado y que este lunes ha celebrado su Comisión de urbanismo, presidida por Capella en Vielha. La Generalitat asegura que, tras un periodo de 20 días de exposición pública, y publicando la resolución de la declaración en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), bastará con comunicarlo al Ministerio de Vivienda para que sean vigentes estas zonas tensas. En verano, indican fuentes de Territori, los 140 municipios que se propusieron como zona tensa de vivienda en agosto fueron declaradas en octubre. Pero el ministerio recuerda que la lista de los 131 municipios con mercado tenso debe ir acompañada de una memoria y un plan de medidas de la administración catalana para revertir esta situación. No sería, por lo tanto, tan rápido.

Los nuevos municipios deben cumplir alguno de los requisitos que marca la Ley estatal: que las personas o familias dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o hipoteca, incluidos los gastos y suministros básicos, y que el precio de alquiler o compra de vivienda haya experimentado en los últimos cinco años un incremento acumulado de al menos 3 puntos por encima del IPC.

El próximo martes se cumple el primer mes de la regulación de los precios del alquiler en 140 municipios de Cataluña. Una norma que busca frenar los precios del alquiler y que forma parte de la ley de vivienda aprobada hace casi un año en el Parlamento español, pero que solo Cataluña ha pedido aplicar. En estas pocas semanas no hay balance oficial con cifras sobre qué efectos ha tenido en precios o número de contratos, porque las fianzas de nuevos alquileres de los que bebe la estadística autonómica se pueden entregar hasta dos meses después de firmar. Pero sí hay evidencias: se han disparado (todavía más) las ofertas de alquiler de temporada en los portales de internet, una fórmula con la que los propietarios esquivan la regulación. Y una constatación en la que coinciden profesionales del sector inmobiliario e inquilinos: los propietarios están recurriendo a prórrogas de los contratos para mantener el precio (y no tener que bajarlo si son grandes tenedores), una fórmula que también les permite evitar gastos como los de la inmobiliaria, que con la nueva ley ya no pagan los arrendatarios.

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