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Inquilinos aliviados tras la regulación del alquiler en Cataluña: “Me ha llamado el casero cada semana presionando para subir el precio”

Tres arrendatarios catalanes a los que se les acababa el contrato en febrero explican su experiencia aguardando la entrada en vigor de la contención de rentas

Precio del alquiler Cataluña
Marc Martí, vecino de Barcelona cuyo contrato de alquiler vencía el 1 de febrero, hace unas semanas, mostrando el antiguo y el que le proponían en vísperas a la regulación del precio de las rentas.Albert Garcia
Clara Blanchar

La regulación del precio del alquiler en 140 municipios catalanes entra en vigor este sábado. Una buena noticia para los inquilinos, que verán como las rentas bajan o por lo menos se frenan, en un momento de crisis habitacional, con el mercado en máximos históricos y una brecha entre lo que suben los salarios y los alquileres que no para de ensancharse. La aplicación de la regulación de precios en Cataluña llega después de dos años de mercado desregulado, desde que el Tribunal Constitucional tumbara la legislación catalana que también buscaba congelar los precios.

El alto tribunal respondió con la anulación a recursos del PP y del Gobierno de Pedro Sánchez y argumentó cuestiones competenciales. La nueva Ley de Vivienda, que contempla la contención de los alquileres, entró en vigor en mayo pasado, en vísperas a las elecciones municipales, pero han pasado diez meses hasta que el Ministerio de Vivienda ha publicado el índice oficial y ha dado el visto bueno a las zonas de mercado tenso propuestas por la Generalitat y a su plan de medidas para revertir la situación.

La espera ha sido larga para los inquilinos, y angustiosa para los que tenían contratos que acababan a partir del 1 de febrero: el Ministerio señaló el mes pasado como el de la entrada en vigor de la regulación. Los que siguen son tres testimonios de esta situación en Barcelona, en la que han vivido semanas entre presiones de los caseros para subirles el precio.

Una subida inasumible y seis semanas sin contrato. Marc Martí (nombre falso) contó su caso a este diario a comienzos de febrero. Se le acabó el contrato el día 1. Su casero es una persona física con condición de gran tenedora y le pedía una subida al renovar el contrato de 1.200 euros a 1.350, que luego rebajó a 1.300. Pero con un único sueldo, aceptar la subida tensaba su economía a un límite inasumible. “Pagar 1.200 euros supone algo más del 33% de mis ingresos” ha sido su argumento desde el primer minuto, con la angustia añadida de que su hijo vive con él. Las presiones de la propiedad, a través de un intermediario, han sido tremendas, cuenta: “Que si me estaba convirtiendo en un okupa, que si lo ponían en manos del gabinete jurídico” hasta que a finales de febrero le contactó un abogado informándole que se iniciaba el proceso judicial por estar fuera de contrato. Martí no se movía. Con tres argumentos: que no había cambio en el piso que justificara la subida, que su renta no le permite pagar más, y que la regulación era cuestión de días. Finalmente, esta semana recibió un nuevo mensaje ofreciéndole un contrato para tres años más, una prórroga que les evitaría bajar el precio. No ha respondido. Confía firmar la semana que viene un contrato de cinco años más tres, como corresponde a los grandes tenedores, y al precio que marca la ley, que en este caso sería una rebaja: de 1.200 a 1.142,3 euros que marca el índice.

Siete años de “tejemanejes” en una gran finca de alquiler. Algunos de los inquilinos de los 50 pisos de una finca del Raval propiedad de la sociedad Vivenio también habían explicado sus casos en otra ocasión a este diario. Fue cuando el Constitucional tumbó la ley catalana de contención de rentas y descubrieron que sus contratos contenían las llamadas “cláusulas Berlín”: condiciones que la propiedad activaría si la norma de contención de precios quedaba anulada. Por ejemplo, el texto informaba de que podrían repercutir los “gastos comunes, el Impuesto de Bienes Inmuebles y, en su caso, la Tasa de Gestión de Residuos” a partir del tercer año del contrato, que todavía no ha llegado. El nombre de la cláusula se hizo popular porque el Tribunal Constitucional alemán también tumbó la regulación del alquiler en la ciudad de Berlín. Una de las vecinas es Diana Virgós, activista por el derecho a la vivienda. Lleva seis años y medio en la finca y su contrato acababa el 2 de marzo, pero desde finales de enero comenzó a recibir comunicaciones. “Me pedían firmar ya una subida del 35% (sobre 560 euros, por un piso de 39 metros cuadrados), más un seguro de impago que pagaba yo y les beneficiaba a ellos y más gastos (IBI, comunidad y tasas) que se podrían activar si la ley cae”. Revisando comunicaciones de la empresa a través de la aplicación de móvil, resultó que el contrato vencía el 30 de marzo. Pero no le han cobrado el mes, por lo que lo pagó por giro postal. “Desde enero me han llamado cada semana presionando para subir el alquiler y para que firme la subida”, relata, además de mensajes advirtiéndole de que estaba “en precario y será ocupación ilegal”. “Según ellos estoy en precario y han comenzado los trámites para echarme, me pidieron documentación por si tenían que ofrecer un alquiler social”, explica. Ahora con la ley en vigor, confía en reconducir la situación renovando el contrato manteniendo el precio e intentando ir a una con otros inquilinos del bloque que se encuentren igual.

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Ganar tiempo hasta la aplicación de la ley. Pere Maluenda vive en una gran finca de pisos de alquiler del barrio de Sant Antoni propiedad de la sociedad de inversión inmobiliaria Testa. Tiene 59 años y lleva nueve en la finca. Paga 950 euros en un alquiler que al entrar costaba 775. Tenía contrato hasta junio del año pasado y le pidieron una subida “inaceptable” de 400 euros. Acudió al Sindicato de Inquilinas, al que se había afiliado hace años pero nunca había utilizado. Con la consigna “nos quedamos” y la regulación de precios a la vista, no aceptó. En verano no le pasaron el recibo, porque estaba sin contrato, y en septiembre, “en un cambio de guion”, le prorrogaron hasta enero. A finales de mes, relata, recibió un burofax sobre la extinción del contrato y la no renovación. Desde entonces le ha llamado periódicamente el departamento de “casos especiales”, mientras él “ganaba tiempo hasta la aplicación de la ley”. El contrato vencido incluía gastos que con la nueva ley no se pueden cobrar. Con el índice de precios en la mano deberían rebajarle 40 euros el precio. Espera firmar nuevo contrato de forma inmediata, mientras lamenta “el despiporre de precios desbocados al que nadie ha puesto freno y ha expulsado a tantos vecinos, cuando el límite de rentas parecía ser el cielo”. “La regulación llega tarde”, valora.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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