Vivienda y la Generalitat se preparan para la publicación del índice de precios de alquiler sin acuerdo

El índice de referencia de precios de alquiler, necesario para poner topes a las rentas como reguló la ley de vivienda, “va a estar antes del 29 de febrero”. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez no concibe otro escenario cuando quedan cinco días útiles para que acabe el mes. “Va a estar sí o sí”, dijo este viernes la durante un acto en Madrid, en el que dejó claro que la decisión corresponde a su departamento y desligó la publicación del indicador de las conversaciones con la Generalitat de Cataluña. Mientras, la consellera catalana del ramo, Ester Capella, insistió este jueves en la discrepancia que arrastran ambas Administraciones desde hace meses: “La ley prevé un sistema de índices, no un único índice. El matiz es importante”. Y Ada Colau, líder de los comunes, que forma parte del Gobierno a través de Sumar, fue más allá: “Sabemos que el PSOE se plantea un índice que no sería suficiente para bajar precios abusivos como los que hay en Barcelona”.

En Cataluña no gusta la fórmula de índice que quiere Vivienda. El asunto ya motivó roces en la anterior legislatura, con Raquel Sánchez como ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Con la formación del nuevo Ministerio de Vivienda, la Generalitat encontró una nueva oportunidad para negociar sus posiciones. Pero el resultado tiene visos de ser el mismo. Rodríguez, quien participaba este viernes en un acto organizado por el Foro Siglo XXI en Madrid, dejó claro que lo que presentará Vivienda es un indicador “con datos públicos y hecho por expertos”. Y añadió que ese trabajo “va a dar como resultado una aritmética para aplicar en toda España, salvo las comunidades forales”.

En el ministerio no detallan cómo será el índice, pero las palabras de la ministra dan dos pistas importantes. Por un lado, dejó claro que piensa en un instrumento que sirva por igual a todas las comunidades, que es precisamente lo que no quiere la Generalitat —”siempre hemos hablado de sistema de índices, no de un índice homogéneo”, había dicho Capella unas horas antes—. Por otro, la alusión a las comunidades con haciendas forales (País Vaso y Navarra) deja claro que se hará con datos de la agencia tributaria. Cataluña siempre ha tenido la pretensión de aplicar el índice propio que elaboró años atrás para acompañar una ley autonómica de control de precios que luego fue tumbada por el Tribunal Constitucional por falta de competencias. Y ese sistema se basaba en datos de fianzas de alquileres, algo que no todas las Administraciones autonómicas tienen, que es el argumento en contra que siempre ha blandido el Gobierno.

En suma, las posibilidades de un índice que contente a ambas partes parecen muy pocas. Y en Vivienda recuerdan que la publicación depende del ministerio y ni siquiera debe pasar por el Consejo de Ministros. La propia Rodríguez circunscribió la negociación sobre el índice con la Generalitat en los últimos meses al hecho de que “están hablando los técnicos de las dos Administraciones [estatal y autonómica]”. Y vinculó esas conversaciones con otros aspectos que exige la norma para poder aplicar límites de alquileres: la declaración de áreas tensionadas de precios (donde se aplicará la regulación de rentas) y la elaboración de una memoria con medidas correctivas. “Hemos acordado hacer coincidir ambos elementos [la aprobación del índice y la declaración de área tensionada] para que la picaresca no opere”, dijo la ministra. Es decir, que los propietarios no suban los precios artificialmente para eludir los controles.

Pero ese relato difiere del que transmite el Govern. “Estamos negociando con el ministerio”, dijo este jueves Capella, “espero y deseo que nuestras peticiones sean atendidas”. En lo único que parece haber coincidencia plena es en la evidencia de que, por el momento, Cataluña es la única comunidad dispuesta a aplicar controles a los alquileres. “Si se quiere probar la ley, el único sitio donde se podrá probar es Cataluña”, reivindicó Capella, mientras la ministra hacía un “reconocimiento” al hecho de que la Generalitat esté siendo pionera en la aplicación de las contenciones de renta.

Colau: “Sería un error y estafa que no bajaran los precios”

En Cataluña, las críticas al control de precios que quiere aprobar el ministerio no solo vienen de la Generalitat. Hace días los sindicatos de inquilinos claman por un indicador que ayude a bajar los alquileres y no solo a mantenerlos, algo que consideran que sucedería con la fórmula escogida por Vivienda. Y esta semana se ha sumado a las voces contrarias Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona. “Estamos muy preocupadas, sabemos que el PSOE se plantea un índice que no sería suficiente para bajar precios abusivos como los que hay en Barcelona. Sería un gran error y una gran estafa, sería inadmisible un índice fake”, aseguró. Colau dejó claro que en el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, un espacio del que los comunes forman parte, la cartera de Vivienda está en manos de los socialistas. “No será nuestro, no en nuestro nombre”, dijo la coordinadora general de Catalunya en Comú. La ministra, a preguntas de los periodistas, aseguró que no tenía “nada que decirle”, pero le dejó un recado: “Cuando era alcaldesa, siempre he trabajado con rigor en el planteamiento de los técnicos”.

El índice de precios de alquiler es un indicador que la ley de vivienda, aprobada el pasado mayo, considera imprescindible para poder poner límites de renta. Cuando esté listo, las comunidades autónomas que insten a declarar áreas tensionadas de precios (un procedimiento también regulado en la norma y que solo ha iniciado Cataluña) podrán aplicar controles en esas zonas. Estos funcionarán de manera distinta en función del tipo de propietario. Los grandes caseros (más de 10 inmuebles, aunque se puede bajar ese límite a cinco) estarán obligados a no sobrepasar las rentas del índice. El resto solo están obligados a congelar el importe si supera el límite, pero pueden obtener bonificaciones fiscales si lo rebajan.

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