Ocho de cada 10 catalanes cree que se deberían regular los alquileres por ley

Mientras la negociación para regular los precios de los alquileres en Cataluña va a trompicones, en la calle hay casi unanimidad. El 81% de los catalanes está a favor de que los precios de alquiler de viviendas se regulen por ley —un 51% de ellos está muy a favor, y un 29% está a favor, mientras que solo un 3% está muy en desacuerdo y un 7% está en desacuerdo—. Es una de las medidas que genera más consenso, ya que hasta los votantes de partidos de derechas lo secundan. Estos datos están recogidos en la encuesta sobre los valores en Cataluña que elabora el Centro de Estudios de Opinión (el CEO, el equivalente catalán al Centro de Investigaciones Sociológicas), sobre una muestra de casi 8.000 personas a las que se les hizo estas preguntas el pasado otoño.

Los resultados de la encuesta del CEO llegan en un momento clave en lo que respecta a los alquileres en Cataluña. La ley de Vivienda entró en vigor en mayo de 2023, y contemplaba la regulación del precio de las rentas en los municipios que se declarasen como áreas tensionadas si lo pedían las comunidades autónomas. Cataluña es la única que ha pedido que se aplique esta regulación en 140 municipios declarados como mercados tensos de alquiler. Pero la medida lleva meses en un largo compás de espera, ya que para aplicar el tope a los precios es necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez publique el índice de precios del alquiler: tenía que publicarse a finales de año, pero lo atrasó hasta febrero. A ocho días para que termine el mes, todavía no está claro cuándo entrará en vigor ni cómo será este índice, una situación de incertidumbre que afecta a inquilinos, propietarios e inmobiliarias. Con la entrada en vigor de la ley y la aplicación de la regulación, los pequeños propietarios deberán fijar el precio del alquiler en el último contrato que tenía el piso, mientras que los grandes propietarios (los que tienen a partir de cinco viviendas) tendrán que adecuar el precio a lo que fije el índice.

El alquiler medio en Cataluña se sitúa en los 829,61 euros mensuales, una cifra que en Barcelona asciende a 1.171,28 euros, según los últimos datos oficiales de la Generalitat correspondientes al tercer trimestre de 2023, que se basan en la media de las fianzas depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasol). Los portales inmobiliarios, donde están los precios de oferta actualizados, muestran que la subida es aún mayor, y que en la última década el incremento de las rentas ha sido del 60% en el conjunto de España.

Lo que expresa la encuesta del CEO es que hay consenso entre casi todos los catalanes para que sea la ley la que regule los precios. Las mujeres lo apoyan más que los hombres (un 84% y un 76% respectivamente), y en todas las franjas de edad el apoyo supera el 80%, menos en la de los catalanes mayores de 64 años, que lo aprueban en un 77%. Los que más lo apoyan son los jóvenes de entre 25 y 34 años, que lo aprueban en un 85%. Por nivel de estudios, secundan más la medida los que tienen estudios obligatorios o secundarios postobligatorios, y algo menos los que tienen estudios superiores.

La encuesta también da datos del apoyo a la medida de los catalanes según su afinidad con partidos políticos. Los votantes de la CUP, los comunes, ERC y PSC son los que más apoyan la regulación de precios (desde el 83% de los socialistas, hasta el 95% de los cupaires). Pero también los votantes de Junts (un 76% está a favor), Ciudadanos (68%), PP (62%) y Vox (66%) aprueban con creces esta medida.

El Sindicato de Inquilinos, una de las plataformas que más han reivindicado esta regulación de precios, considera en un comunicado que no es sorprendente el gran apoyo que tiene la medida entre los catalanes: “La asfíxia económica que sufren las familias que viven de alquiler es insostenible”, apuntan. Con todo, desconfían sobre el alcance que puede tener el índice que prepara el Gobierno. “Las últimas informaciones sobre cómo será este índice nos preocupan profundamente. En lugar de establecer un único precio de referencia, el sistema de índice que propone el Gobierno español establece un abanico de precios”, con el que, según el Sindicato, el propietario podrá fijar siempre el valor más alto de los posibles. Según sus cálculos, este precio máximo del nuevo índice podría superar hasta en 300 euros el tope que marcaba el índice elaborado por el Govern durante la aplicación de la ley catalana de vivienda en 2020, tumbada por el Tribunal Constitucional. “Este índice está hecho a medida de la patronal inmobiliaria”, asevera el Sindicato.

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