El Gobierno y la Unión de Pequeños Agricultores llegan a un acuerdo tras dos meses de protestas

El campo y el Gobierno empiezan a enterrar las hostilidades. Dos días después de que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca anunciara una batería de 43 medidas para aliviar la situación del sector, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha dado el visto bueno al acuerdo. De esta manera, una de las tres principales asociaciones del sector pone punto final a las reivindicaciones enfocadas en exigir mejores condiciones para el campo.

Como imagen simbólica del acuerdo, el ministro Luis Planas se ha reunido este miércoles con el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, en la sede del departamento, donde han sellado el pacto con la firma del documento. Al terminar el evento, Ramos ha asegurado que “el tiempo de las movilizaciones ha pasado” y ha explicado que los agricultores y ganaderos “ ahora deben volver al campo para sacar las mayores cosechas posibles”. Gracias a las abundantes lluvias de Semana Santa, ha remarcado Ramos, “el regadío y el secano, así como el sector ganadero, han podido resolver varios de sus problemas”.

El líder de UPA también ha subrayado que el acuerdo debía firmarse lo más pronto posible porque hay muchos agricultores y ganaderos que están ya preparando los expedientes de la Política Agraria Común (PAC) y necesitan las garantías de que las están completando correctamente para que luego no sean sancionados. El representante agrario ha hecho también un repaso de todos los cambios que propone Agricultura y ha matizado que en encuentros futuros se podrán limar las demandas que aún están pendientes para que se despejen “todas las dudas de los trabajadores del sector”. “Si no firmamos este acuerdo, muchas de las demandas planteadas podrían caer. Esperamos que las otras organizaciones se sumen. Nosotros creemos que debíamos dar el paso y aquí estamos”, ha dicho para finalizar.

Por su parte, el ministro Planas cree que esta firma supone “un paso adelante” para aliviar el malestar del sector y espera que parte de las medidas, que están en manos del Parlamento Europeo para su votación final, entren en vigor lo más pronto posible. Las que dependen del plan estratégico nacional, ha puntualizado, estarán vigentes en la PAC que los agricultores pidan este año. “Gracias a esta firma se inicia un mecanismo abierto al resto de organizaciones profesionales agrarias para que lo firmen si lo consideran oportuno durante los siguientes días”, ha concluido el ministro.

UPA, junto a Asaja y COAG, anunció a inicios de febrero que iniciaría una serie de manifestaciones por todo el territorio nacional para protestar en contra la “excesiva” burocracia de la PAC, exigir un mejor control de la calidad de las exportaciones, así como demandar garantías para que el sector no venda a pérdidas. El Gobierno parece haber oído las peticiones y durante las últimas tres semanas ha presionado a Bruselas y se ha reunido con las comunidades autónomas para ofrecer cambios al respecto. El resultado ha sido un paquete de más de 40 propuestas que contempla cambios en materia de fiscalidad, flexibilidad y simplificación de PAC, medio ambiente, ley de la cadena alimentaria, sanidad animal, ganadería extensiva, financiación, seguros agrarios, comercio exterior o incorporación de los jóvenes al sector.

Tras el anuncio de las medidas, los líderes de Asaja, COAG y UPA ya se mostraban favorables al acuerdo, aunque aún matizaban que el acuerdo podía ser más amplio y abarcar cambios puntuales que subsanasen los problemas de cada región en España. Sin embargo, desde un primer momento, el Ejecutivo aseguró que el grueso de la negociación ya estaba pactado. A la espera de ver qué camino toman las organizaciones hermanas, UPA ha sido la primera reafirmar este acuerdo.

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