Bruselas propone eximir a las pequeñas granjas de los controles de condicionalidad de la PAC

A menos de tres meses de las elecciones europeas, Bruselas sigue haciendo gestos contundentes hacia los agricultores que con sus protestas han puesto en jaque a muchos gobiernos y dan alas a la extrema derecha. Aunque sea a costa de medidas de protección de la biodiversidad claves también para el futuro del campo. La última propuesta para aliviar la “carga burocrática” del sector, que llega a tiempo para ser debatida por los líderes de los Veintisiete en el Consejo Europeo de la semana que viene, propone amplias exenciones para los pequeños agricultores y nuevas flexibilizaciones en general de las condicionalidades en materia medioambiental para obtener las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC).

Se trata de facilitar a los Estados miembro que permitan derogaciones “temporales” y “concretas” de ciertos requisitos de la condicionalidad en vista de las condiciones climáticas “cada vez más impredecibles” que pueden dificultar a los agricultores cumplir con dichos requisitos, especialmente determinados plazos anuales, explica Bruselas, que propone también una “reflexión” a más largo plazo a Estados y Eurocámara con varias medidas para “mejorar la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentaria”, entre otras mejorar el marco legal actual o crear un observatorio de “costes de producción, márgenes y prácticas comerciales” en el sector.

Pero, sobre todo, el Ejecutivo europeo quiere eximir a las pequeñas explotaciones, de menos de diez hectáreas, de los controles y sanciones ligados a los requisitos de condicionalidad. Una medida que, subraya Bruselas, beneficiará al 65% de los beneficiarios de la Política Agraria Común (PAC).

Las medidas se centran en las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), que son diez requisitos impuestos desde Bruselas, incluidos dentro de la PAC, creados con el objetivo de que las prácticas agrarias no perjudiquen al clima, medio ambiente y bienestar animal. Una de las nuevas propuestas prevé cambiar la obligación de mantener un porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a elementos no productivos (barbecho o elementos paisajísticos), la denominada BCAM 8, para convertirla en un esquema de “incentivos”. El objetivo, como le ha adelantado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, por teléfono al primer ministro polaco, Donald Tusk, es “alentar a los agricultores a mantener áreas no productivas, pero sin que tengan que temer una pérdida de ingresos si no pueden hacerlo”.

El hecho de que Von der Leyen, que busca la reelección por el Partido Popular Europeo (PPE), le haya adelantado al líder polaco, de su propia familia política, las medidas antes incluso de haber sido publicadas en Bruselas, dan cuenta de la fuerte carga política que tienen todas estas reformas. Pese a que Tusk logró echar del poder al gobierno ultra del PiS el pasado octubre, los pronósticos electorales en Polonia, y en muchos países de la UE, indican un fuerte avance en junio de las fuerzas de extrema derecha que más han intentado capitalizar el descontento del campo y han aprovechado las protestas para cargar contra el Pacto Verde europeo.

Bruselas también propone que la rotación en tierras de cultivo excepto en cultivos bajo agua (BCAM 7) pueda ser sustituida, si así lo quieren los Estados miembros, por la diversificación de cultivos. Ello, según la Comisión, “permitirá a los agricultores afectados por sequías recurrentes o lluvias excesivas cumplir con esta condición de una manera más compatible con las realidades agrícolas”. Del mismo modo, el Ejecutivo europeo plantea que sean los Estados los que decidan sobre la condición de una cobertura mínima de suelo en los periodos más sensibles (BCAM6). Finalmente, la Comisión plantea que los Estados puedan exonerar ciertos cultivos, tipos de suelo o sistemas de agricultura del cumplimiento de los requisitos de condicionalidad medioambiental.

Las medidas son “ajustes limitados y bien orientados de los Planes Estratégicos de la PAC para atender ciertas dificultades en su implementación”, asegura la Comisión. Dichos “ajustes” se centran en “cambios beneficiosos para aliviar la carga administrativa de los agricultores” y “flexibilidades que permiten a las administraciones nacionales adaptar la implementación [de los planes nacionales] en la situación de los agricultores”. Se trata también de “cambios para equilibrar los requisitos de condicionalidad y los ecorregímenes (la nueva figura de la PAC introducida este año, que remunera las prácticas beneficiosas para el medio ambiente)” y, finalmente, de dar “garantías” a los que se benefician de los planes estratégicos de la “estabilidad” de las políticas agrarias.

Las medidas complementan las ya avanzadas desde finales de enero por Von der Leyen, que los ministros de Agricultura le pidieron “acelerar” durante su última cita en Bruselas, a finales de febrero, que se celebró en medio de duras protestas de los agricultores.

Informe crítico

Las organizaciones medioambientales no han tardado en alertar de que las medidas de alivio al campo contradicen sus propias advertencias: en la misma semana en que el campo celebra estas medidas, la Agencia Europea de Medio Ambiente lanzó un informe crítico advirtiendo de que Europa no está lo suficientemente preparada para un cambio climático acelerado que “comprometerá la seguridad alimentaria y del agua” y que afectará especialmente, en el sur de Europa, a las áreas rurales y economías locales dependientes de servicios ecosistémicos.

Un análisis que Bruselas rechaza ante la prensa: “La Comisión considera que las propuestas de simplificación (…) están lo suficientemente calibradas, detalladas y limitadas en el tiempo para mantener un alto nivel de ambición medioambiental y climática en la PAC”, ha afirmado el portavoz comunitario de Agricultura, Olof Gill. Para la responsable de política agrícola de WWF Anu Suono, se trata de un enfoque “equivocado” que “no va a aplacar a los agricultores que sufren de precios injustos y de la emergencia climática”. Los agricultores, sostiene la ONG, “se merecen una PAC que vele por sus necesidades de viabilidad a largo plazo, no medidas apresuradas que han sido aceleradas desde las protestas agrícolas sin realizar una evaluación de impacto”.

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