Qué es lo que le pide el campo al Gobierno

En respuesta a las peticiones planteadas por el sector agrario comunitario y defendidas también por España junto a otros países miembros en Bruselas, la Comisión ha dado un primer paso para simplificar y dar una mayor flexibilidad a las medidas sobre la condicionalidad reforzada —es decir, las obligaciones— contempladas en algunas de las denominadas Buenas Prácticas Medioambientales. En ellas se aborda la gestión de la labranza, la cobertura mínima de los suelos, las rotaciones de cultivos o la obligatoriedad de dejar una superficie abandonada en cada explotación para actividades no productivas o de los ecorregímenes.

Los cambios, que deben tener luz verde en el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea para su posterior aplicación en el Plan Estratégico Nacional, han sido recibidos favorablemente por el conjunto de las organizaciones agrarias. Sin embargo, el sector echa en falta otras propuestas de cara a dar una respuesta a la situación global de la actividad.

En el marco comunitario se reclaman además cambios en la directiva sobre emisiones, en la Ley de la Restauración de la Naturaleza donde se anteponen las medidas medioambientales sobre el desarrollo de la actividad agraria. Está pendiente una decisión sobre las nuevas exigencias del bienestar animal en las granjas —donde ya se ha regulado el transporte—, rechazado hasta ahora por la organización ganadera Asoprovac por carecer de una base científica. Además, falta una estrategia en el caso de las preferencias comunitarias y la llamada soberanía alimentaria, donde España fue protagonista con su iniciativa sobre la cláusula espejo para exigir a los productos importados las misma condiciones de producción que las vigentes en los países miembros.

En el marco nacional, las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y Unión de Uniones, decidida la voluntariedad del Cuaderno digital en 2024, mantienen sus reivindicaciones en la política agraria que ya han sido debatidas parcialmente con Agricultura, pero sin acuerdos concretos. Son cuestiones que, en algunos casos, corresponden a varios departamentos del Gobierno, además del de Atocha, o se hallan compartidas con las comunidades autónomas.

En resumen, estos serían algunos de los puntos más importantes en las demandas de lo que podría denominarse la Política Agraria Nacional, PAN y donde no son dominantes las peticiones financieras.

• El sector agrario reclama una mayor eficiencia de la Agencia de Información y Control de la Ley de la Cadena a la que se ha añadido la denominación de estatal, norma pionera y dicen, ejemplo en la UE, para asegurar unos precios que cubran los costes si dispusiera de los medios suficientes para ejercer su actividad, desde estudios actualizados de costes a personal. El Observatorio de Precios cumple su papel para analizar los precios de venta de los productos agrarios, pero no llega lo mismo para analizar los costes. Por la desigualdad de poder en las relaciones entre un agricultor o ganadero teniendo en sus manos un producto perecedero frente a la industria y la distribución, es fundamental un mayor desarrollo de las inspecciones de oficio. El mejor plan de choque para defender las rentas del sector agrario sería una adecuada aplicación de la ley.
• Con la actividad rentable como objetivo, para el sector es fundamental la información y el asesoramiento para la innovación, laboreo, manejo, en tantos aspectos como semillas frente a los cambios de la climatología o para ajustar las producciones a la demanda y a los gustos de los mercados.
• La actual fiscalidad vía módulos no es lo más negativo para los agricultores, si bien consideran que es necesario adaptar los límites en el Sistemas de Estimación Objetiva del IRPF hacia topes más elevados, así como otras cuestiones como la devolución en el Impuesto Especial de Hidrocarburos del gasóleo agrícola o un IVA para los medios de producción por debajo del 21%.
• En la política de seguros, además de aumentar los fondos para el pago de las primas —este año a 284 millones—, se demandan otras medidas encaminadas a que sea una política atractiva, no solo por las subvenciones, sino también por el volumen y producto bajo cobertura que se ofrezca con los niveles de las franquicias.
• Al margen de las actuaciones que se reclaman a las autoridades comunitarias, en casa propia se ve fundamental aplicar en las fronteras esa cláusula espejo, aportación de Planas a la política agraria, para exigir simplemente las mismas condiciones a los productos importados que a los obtenidos en la propia UE. La norma no solo contempla el empleo de productos y residuos fito y zoosanitario y la calidad, sino también la seguridad sanitaria, el tamaño del producto y, en el caso de la carne, normas sobre bienestar animal, sacrificios o el cumplimiento de las leyes laborales.
• Agricultura no ha dado pasos adelante en relación con la tarifa eléctrica para los riegos a pesar de los mandatos del Parlamento a Transición sobre el doble término de potencia y no pagar la misma cuota en periodos de riegos como en otros que no se utiliza. El poder de las eléctricas sigue en el Gobierno.
• El sector mantiene vivas sus demandas para que en materia laboral se tengan en cuenta las especiales condiciones de temporalidad que existen en una serie de tareas en el campo, muy diferentes a cualquier otra actividad no sometida a las condiciones climatológicas.
• La ganadería sigue pendiente de una respuesta desde todas las Administraciones para prevenir y atajar los problemas relacionados con la sanidad animal en coordinación con las comunidades autónomas. El sector reclama un ajuste para frenar la expansión de enfermedades ligadas a las importaciones desde el norte de África y a una fauna silvestre sin control por sus efectos, sobre todo, en las cabañas extensivas de ovino, caprino y vacuno con quienes comparten pastos en el territorio.
• De cara a la ganadería se reclaman más apoyos a la cabaña de la ganadería extensiva y salidas a la vieja guerra sobre la situación de expansión del hermano lobo desde las zonas más tradiciones donde operaba, a otras más del centro y sur de la península. Además de un mayor control, el sector reclama unas indemnizaciones ajustadas a sus efectos económicos sobre las explotaciones, sin contar el daño moral causado a los ganaderos por las carnicerías que provoca en tenadas y corrales, invitando al abandono por falta de seguridad.
• La edad media avanzada de los agricultores y ganaderos —el 40% tienen más de 65 años— obliga a una política de incentivos para el relevo generacional, no solo económicos con los fondos comunitarios de 220 millones para su equipamiento como profesionales, sino también con otras vías como el arrendamiento para su acceso a la tierra. Los jóvenes con menos de 25 años apenas si superan el 1%.
• Mayor apoyo a los profesionales para el funcionamiento de explotaciones viables como ejes de la actividad agraria frente al desembarco de grandes corporaciones y fondos de inversión en el campo.
• Proteger las tierras cultivables frente al acaparamiento de superficies y grandes infraestructuras de energías renovables. Y una política hidrológica encaminada al ahorro de agua en los regadíos y contra las amenazas de la sequía.
• En materia de representatividad, el mapa actual corresponde a elecciones parciales de hace una década. Hoy el mayor interés para su clarificación corresponde a Unión de Uniones, organizaciones escindidas de COAG, que, a pesar de su peso, no se halla en las mesas de Atocha junto a las otras siglas. En este punto el ministro de Agricultura, Luis Planas, no se moja.
• Como departamento ligado a los intereses de los agricultores y ganaderos, a Agricultura le correspondería liderar una política integral, un pacto con más servicios para salvar el medio rural, junto con otros departamentos como Sanidad, Economía, Hacienda, Vivienda, Educación, Seguridad Social, Industria o Trabajo para favorecer la permanencia de la población en el campo y evitar la salida masiva de jóvenes.

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