La justicia europea condena a España por no prevenir la contaminación por nitratos debido a la agricultura y la ganadería

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España este jueves por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación por nitratos en ocho comunidades. Tras la denuncia presentada por la Comisión Europea en 2022, los magistrados sostienen ahora que en varias comunidades autónomas no se ha cumplido con la normativa para combatir esta polución vinculada a la agricultura y ganadería y que daña las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas.

Este caso se remonta a 2015, cuando la Comisión —que debe velar por el cumplimiento de las diferentes directivas— abrió un expediente contra España que luego se transformó en una notificación oficial advirtiendo de que no se estaban tomando medidas para evitar la contaminación de sus aguas por nitratos. Desde 1991 existe una directiva centrada en la contaminación por nitratos que generan las actividades agrarias y ganaderas que deben cumplir todos los miembros de la UE.

Esa norma obliga a los países a controlar sus aguas e identificar las afectadas o que puedan verse afectadas por este problema. También están obligados a calificar las superficies cuya escorrentía fluya hacia esas aguas como zonas vulnerables a los nitratos y a establecer programas de acción adecuados para prevenir y reducir la contaminación por esa causa, según se establece en esa norma. Como advierte la Comisión, “los niveles excesivos de nitratos pueden dañar las aguas dulces y el medio marino mediante un proceso conocido como eutrofización, al estimular el crecimiento excesivo de algas que asfixian otras formas de vidas y matan peces en lagos y ríos”. De ahí que sea un tipo de contaminación que se sigue de cerca y que en España supone un problema no resuelto.

El tribunal europeo considera, en una sentencia difundida este jueves, que en las comunidades autónomas de Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana se ha incumplido la obligación de designar como zonas vulnerables en ocho puntos de captación de agua por escorrentía (aguas superficiales) o por infiltración (aguas subterráneas). También se condena a España por incumplir el precepto de la directiva de nitratos que obliga a establecer “todas las medidas obligatorias necesarias en los programas de acción” de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid. Por último, el tribunal declara que España ha incumplido también la normativa europea por no haber adoptado las medidas adicionales o acciones reforzadas necesarias en relación con la contaminación por nitratos en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica se muestran preocupadas por el estado de las masas subterráneas: “El alto contenido en nitratos de ríos y acuíferos es uno de los principales problemas existentes en las masas de agua de todo el país. Seguimos trabajando para garantizar el buen estado de las masas subterráneas, invirtiendo en saneamiento y depuración”. Sin embargo, defienden que en 2022 se aprobó una nueva normativa estatal (el real decreto 47/2022, de 18 de enero) que ayuda a identificar las aguas afectadas por nitratos y establece umbrales más exigentes para su designación como zonas vulnerables.

Aprobada tras varios requerimientos de la Comisión Europea, esa norma, entre otras cuestiones, modificaba el límite para considerar las aguas subterráneas como contaminadas, reduciéndolo de 50 mg/l a 37 mg/l. “El 40% de los recursos subterráneos están en mal estado de conservación. Los Planes Hidrológicos de tercer ciclo pretenden asegurar que la utilización de las aguas de los acuíferos no supera su capacidad de regeneración”, admiten sin embargo en el departamento de Teresa Ribera. “Los planes hidrológicos de tercer ciclo pretenden asegurar que el uso de las aguas de los acuíferos no supera su capacidad de regeneración”, afirman las mismas fuentes.

214.000 personas sin agua potable

Eso afecta al medio ambiente, pero también a las personas. La legislación estatal considera que el agua del grifo no es apta para el consumo humano cuando supera los 50 miligramos por litro (mg/l). Según los últimos datos disponibles —los de 2022, publicados por el Ministerio de Sanidad el pasado enero—, al menos 171 municipios de toda España sobrepasan esa cifra. A partir de ese listado, Ecologistas en Acción ha calculado la población afectada, que estima en unas 214.000 personas. La mayoría de localidades se ubican en la España vacía, donde también suelen asentarse las macrogranjas y las grandes explotaciones agrícolas intensivas.

“España ha permitido un crecimiento desmesurado de la cabaña ganadera en intensivo, como las macrogranjas, y un uso descontrolado de fertilizantes sintéticos en la agricultura. Esto ha conllevado una enorme contaminación de los acuíferos por nitratos que nos lleva a una situación alarmante, sobre todo en periodos de sequía, donde las reservas de agua son estratégicas”, explica Luís Ferreirim, responsable de Agricultura y Ganadería de Greenpeace España.

Ferreirim ve ese decreto positivo pero insuficiente: “Es un avance, porque permite tomar medidas antes de que no se puedan usar para consumo humano, pero no es suficiente, porque las comunidades autónomas también deberían actuar”. Por eso, la organización ecologista pide que Transición Ecológica coordine a las autonomías para que declaren nuevas zonas vulnerables por nitratos y que se tomen medidas para que no se instalen allí macrogranjas ni nuevos regadíos. “Además, pedimos una reducción de la cabaña ganadera en intensivo del 50% de aquí a 2030, y un plan de reducción de los fertilizantes sintéticos, algo que ya establece la Comisión Europea en su Estrategia de Biodiversidad”, concluye el experto.

Esta cuestión solivianta a muchos pueblos pequeños, cuyos pequeños ayuntamientos tienen difícil litigar con las grandes empresas que se instalan en sus territorios y contaminan sus aguas. De hecho, el próximo domingo a las 12.00 la asociación Pueblos Vivos Cuenca —que aglutina a muchas localidades de la provincia— ha convocado una cadena humana para reclamar a las autoridades “mayor protección del agua ante la creciente contaminación por nitratos”, ya que “una cuarta parte de la provincia está declarada zona vulnerable a nitratos por la Junta de Castilla-La Mancha y 32 municipios de la provincia han superado el nivel permitido de nitratos en agua de grifo en algún momento en los últimos años”.

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