214.000 personas no pueden beber del grifo por los nitratos: “Repartimos agua con camiones dos veces a la semana”

“Llevamos unos 14 meses sin beber agua del grifo”, explica por teléfono Miguel Ángel Pérez, alcalde de Humilladero, una localidad malagueña de unos 3.300 habitantes con cuatro granjas porcinas y una fábrica de aceite. “El Ayuntamiento compra camiones cisterna que reparte cada lunes y jueves, primero a panaderías, bares y restaurantes y después a los vecinos, que acuden a rellenar sus garrafas gratuitamente”, prosigue. Como ellos, unas 214.000 personas no pueden ya consumir agua debido a la contaminación por nitratos procedente de fuentes agrarias y ganaderas, según un informe de Ecologistas en Acción —basado en datos de los ministerios de Sanidad y de Transición Ecológica— presentado este jueves. Además, más de un tercio de las aguas subterráneas del país están ya gravemente afectadas por este contaminante.

La legislación estatal considera que el agua no es apta para el consumo humano cuando supera los 50 miligramos por litro (mg/l). Según los últimos datos disponibles —los de 2022, publicados por Sanidad el pasado enero—, al menos 171 municipios de toda España sobrepasan esa cifra. A partir de ese listado, Ecologistas en Acción ha calculado la población afectada, aunque la cifra seguramente será mayor porque solo tiene en cuenta los habitantes censados, no los que veranean o usan ciertas instalaciones. La mayoría de localidades se ubican en la España vacía —Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía—, donde también suelen asentarse las macrogranjas y, sobre todo, las grandes explotaciones agrícolas intensivas.

Es el caso de Humilladero, un pueblo de casas blancas bajas, de una o dos alturas, atravesado por una carretera, rodeado de olivos y situado en la zona norte de Málaga, la menos poblada. “La contaminación del agua se puede deber a los purines, pero también al alpechín de la fábrica de aceite, que antes, cuando no había tantos controles, se tiraba al campo porque decían que era bueno como abono”, señala el regidor malagueño. “El principal problema que tenemos es que, debido a la sequía, el nivel freático de los pozos ha bajado mucho, con lo que los nitratos se han concentrado en menor cantidad de agua, lo que ha hecho que su concentración se dispare. Es como echar tres sobres de azúcar de golpe en un café pequeño”, prosigue Pérez.

El resultado es que los nitratos superan los 100 mg/l, más del doble de lo permitido, con lo que el suministro no se puede usar para beber ni para cocinar, aunque sí para lavarse. Este jueves, los vecinos hacían cola delante del camión cisterna con sus garrafas para recoger agua potable. El Ayuntamiento gasta unos 85.000 euros al año en este servicio, una cantidad enorme para un consistorio pequeño.

Koldo Hernández, autor del informe de la organización ecologista, explica a EL PAÍS: “Es muy probable que en un caso como el de Humilladero la contaminación de los acuíferos se deba a las macrogranjas y los fertilizantes agrícolas, pero es muy difícil de demostrar, porque es una contaminación difusa. Incluso puede que las instalaciones estén cumpliendo con la normativa. Y la sequía siempre hace que suba la concentración de contaminantes en las aguas subterráneas”.

Según el documento presentado este jueves, la contaminación de las aguas por nitratos tiene su origen en el uso masivo de abonos nitrogenados en la agricultura de regadío intensiva, así como en las macrogranjas de ganadería intensiva. “Dado que ambas actividades económicas siguen creciendo en nuestro país, es previsible que también lo haga al mismo ritmo esta contaminación, que daña acuíferos y aguas superficiales, en muchos casos de forma casi irreversible, y supone un grave riesgo para la salud humana”, señalan.

El trabajo también analiza el estado de otras aguas —no solo las de consumo humano― a partir de datos solicitados al Ministerio para la Transición Ecológica y referidos a 2022: el 37% de las aguas subterráneas superan la contaminación permitida por nitratos (en este caso, 37 mg/l) y lo mismo ocurre con el 11% de las aguas superficiales (cuyo límite es de 25 mg/l). “El Gobierno cambió los límites con un decreto en 2022, pero no entendemos que mantenga los 50 mg/l para consumo humano. Un informe reciente en Dinamarca sitúa como límite de protección los 4 mg/l. Los efectos pueden ser dolor de cabeza, mareos, cansancio, vómitos, malformaciones congénitas y prevalencia del cáncer colorrectal”, puntualiza Hernández.

Intensificar los controles

La ONG ambientalista pide intensificar los controles al agua de abastecimiento para detectar todos los incumplimientos en materia de nitratos. “En el 60% de los pueblos no se hacen los controles suficientes. Hay una grave falta de analíticas del agua para consumo humano”, señala el autor del informe. Por eso, exige reducir el uso de abonos nitrogenados al menos en un 20% —tal y como señala la estrategia De la granja a la mesa, de la Unión Europea— y limitar la expansión de las macrogranjas, impidiendo la apertura de nuevas instalaciones. “Ambas actividades están produciendo daños ambientales muy importantes, en muchos casos irreversibles”, apunta el documento.

Además, la organización reclama que los responsables económicos causantes de la contaminación (ganadería y agricultura intensivas) paguen los sobrecostes de la potabilización del agua, necesaria a causa de sus acciones contaminantes. “Cualquier actividad humana, aunque parezca idílica, tiene su efecto en el medio ambiente, que afecta a la salud humana”, resume Hernández.

De vuelta a Málaga, Miguel Ángel Pérez implora: “Tenemos asumido que por ahora tendremos que seguir contratando camiones cisterna. Esperemos que llueva cuanto antes, suba el nivel de los pozos y los nitratos se disuelvan, para que podamos volver a beber agua del grifo”. Mientras tanto, los vecinos esperan con resignación su turno ante el camión cada lunes y jueves.

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