Los retos de los 10 ministerios económicos: financiación autonómica, reducir la jornada laboral o más vivienda pública

Una vez resuelta la incertidumbre sobre quién será el presidente del Gobierno, llega el momento de ejecutar los compromisos políticos. Estos son algunos de los temas con los que tendrán que lidiar los nuevos ocupantes de los ministerios de ámbito económico.

Economía. Quienquiera que finalmente desempeñe el cargo de ministro de Economía (la recién nombrada Nadia Calviño está a la espera de que se resuelva su candidatura al Banco Europeo de Inversiones) tendrá por delante una legislatura compleja. Y no solo por las negociaciones a múltiples bandas que harán falta para tramitar cualquier legislación. Tras la pandemia y la crisis de precios y energética, a partir del año que viene volverán a aplicarse las reglas fiscales europeas. Conseguir que el déficit público pueda bajar a un ritmo muy gradual será uno de los principales objetivos en Bruselas.

Estas negociaciones sobre la senda fiscal serán duras y exigentes. Otro capítulo importante será la gestión del plan de recuperación y los fondos europeos. Ha sido difícil poner en marcha el despliegue de estos recursos. Se acumulan retrasos y cumplir con el plan en tiempo y forma será una tarea ingente. Incluso puede acabar siendo necesario pedir una extensión de los plazos, algo que tampoco se antoja una tarea fácil en Europa.

Hacienda. El asunto más urgente para el ministerio liderado por María Jesús Montero es aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año logrando los apoyos de un arco parlamentario muy fragmentado. El más delicado, por su trascendencia política, es la renovación de la financiación territorial. La reforma del sistema lleva casi una década pendiente, era un compromiso de la anterior legislatura y ahora vuelve a estar sobre la mesa. Pero la situación es más complicada que hace un año, porque la mayoría de las comunidades están lideradas por la oposición. Además, hay recelo por parte los barones regionales hacia las cesiones que el PSOE ha hecho a los independentistas catalanes, entre ellas la condonación de parte de la deuda autonómica.

Otro reto al que se enfrenta la ahora vicepresidenta cuarta es la reforma fiscal, que tampoco se abordó en la anterior legislatura. Pero sí hay un punto de partida: el libro blanco elaborado por el comité de expertos. Este hace particular hincapié en el impulso de la fiscalidad medioambiental, un asunto peliagudo tanto en términos de negociación política como por su potencial impacto en los hogares.

Hacienda también deberá decidir qué hacer con los gravámenes extraordinarios que expiran a finales del próximo año –a banca, energéticas y grandes fortunas– y las rebajas fiscales aprobadas para mitigar el impacto de la inflación. Todo ello con la vista puesta en el déficit público: el año que viene volverán a funcionar las reglas fiscales comunitarias. El Ejecutivo se ha puesto como objetivo un desfase del 3% del PIB, el máximo permitido por la legislación europea, equivalente a un ajuste de más de 10.000 millones de euros. Deberá lograrlo, además, en un contexto económico incierto, de desaceleración generalizada.

Trabajo. De la extensa agenda incluida en el acuerdo de investidura, la primera tarea en la que previsiblemente se embarcará Yolanda Diaz es la negociación con empresarios y sindicatos de una nueva subida del salario mínimo interprofesional, situado en 1.080 euros al mes en 14 pagas tras haber aumentado un 47% en la legislatura pasada. Esta negociación no será fácil. Entre otras cosas, porque su intención no es solo aplicar un nuevo incremento, sino blindar en el Estatuto de los trabajadores que esta renta crezca siempre acompasada con el 60% del salario medio para garantizar su poder adquisitivo.

Acto seguido, probablemente Díaz no tardará en poner en marcha la medida estrella en materia laboral: la reducción de la jornada de trabajo de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas. Su aplicación se producirá de forma progresiva, hasta las 38,5 horas en 2024, culminando el recorte en 2025. Pero probablemente su proyecto más complicado será el de reescribir el Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo al siglo XXI, incluyendo todas las formas de trabajo (autónomos y cooperativistas) e incorporando en esta norma la transición digital, incluido el gobierno de los algoritmos y la transición verde.

Las normas laborales que quiere reformar Díaz dentro de este nuevo redactado del Estatuto de los Trabajadores no son de menor importancia. La más polémica será, sin duda, la esperada reforma de la indemnización por despido, para que esta se fije no solo en función de la antigüedad del trabajador despedido sino también con otros parámetros.

Hay otras dos iniciativas que Díaz quiere desarrollar aunque no le resulte sencillo: el desarrollo del artículo 129 de la Constitución para que los sindicatos se sienten en los consejos de administración de las empresas, y una reforma de las reglas de representatividad empresarial, especialmente de las pymes. Para ambas cuestiones se encontrará con la resistencia patronal.

Transportes. Oscar Puente asumirá la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible, despojada ya del área de Vivienda, con un gran reto: asegurar el traspaso de todo el servicio de Cercanías a la Generalitat de Cataluña. No será fácil porque, por primera vez, esa transferencia implica no solo la gestión, sino también los activos tanto de Renfe (trenes) como de Adif (vías y estaciones), así como el personal que ahora depende de ambas empresas estatales, y que puede rondar los 3.500 empleados, que no ven claro su futuro laboral. También tendrá que hacer frente al proyecto de cobro de peajes de las autovías hasta ahora gratuitas. El anterior Gobierno paralizó la propuesta ante Bruselas en plena campaña electoral y se garantizó que no entrara en vigor en 2024, pero el creciente déficit puede acabar resucitando la impopular medida. Fuera del ámbito catalán, completar el mapa del AVE, sobre todo en Extremadura y el noroeste, y el Corredor Mediterráneo, le ocupará una buena parte de su tiempo.

Vivienda. La vivienda recupera un ministerio propio, como el que el que ya existió entre 2004 y 2010. Isabel Rodríguez, hasta ahora portavoz del Ejecutivo, será la cuarta ministra socialista del ramo en lo que va de siglo. Su radio de acción es limitado porque se trata de una competencia transferida a las comunidades autónomas, pero sí se encarga de la asignación y distribución de los recursos que recogen los planes estatales (el actual está vigente hasta 2025). Y ahí hay que tener en cuenta el extraordinario impulso que han supuesto los fondos europeos: representan unos 2.500 millones del total de 3.472 millones que los Presupuestos de 2023 destinaron a Vivienda.

Llevar a buen puerto esa inyección económica, mayoritariamente pensada para rehabilitación y mejoras de eficiencia energética de los edificios, es el primero de los retos del nuevo departamento. El segundo desafío es contribuir al desarrollo de un parque de viviendas accesibles a medio plazo, una idea en torno a la que giró buena parte de la campaña socialista en las últimas elecciones autonómicas (se prometieron cerca de 200.000 pisos). Y deberá hacerlo en consonancia con un poder autonómico y local, que en gran parte reside en el PP.

Aunque seguramente la mayor patata caliente que tiene la nueva ministra sobre la mesa es la nueva ley de Vivienda, aprobada el pasado mayo tras grandes tensiones en el Ejecutivo de coalición. Lo más inmediato es la definición de un índice que permita poner en marcha los controles de precios de alquiler que prevé la norma en las zonas tensionadas. Solo Cataluña se ha interesado en hacerlo, pero el retraso del Gobierno en aprobarlo ya ha provocado algún roce con la Generalitat en los últimos meses.

Energía. El siempre amplio abanico de temas energéticos pendientes empieza con dos decisiones: la prórroga (o no) del paquete de medidas anticrisis —sobre todo, la bajada de la presión fiscal sobre los suministros y la subvención a los consumidores de gas a través de la TUR— y la prórroga (o no) del tributo extraordinario sobre las empresas energéticas. La siguiente parada será la concreción de los llamados mecanismos de capacidad, un sistema que busca, ante todo, dar certidumbre a los dueños de las centrales clave para la garantía de suministro. Y que es, además, clave de bóveda de la reciente reforma del mercado eléctrico europeo. También queda por aterrizar una medida estrella en el citado pacto PSOE y Sumar, y que el propio Pedro Sánchez mencionó en su discurso de investidura: la división del actual superregulador, la CNMC, para volver al esquema anterior a 2013, en el que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recupere su entidad propia.

Agricultura. Un vistazo a la lista de productos que más han subido de precio entre enero y octubre permite hacerse una idea del seísmo que vive el campo. En primer lugar aparece el aceite de oliva, en el tercero las frutas, y del top 10 forma parte también la carne de porcino. La acumulación de problemas del sector en los últimos tiempos, sobre todo la sequía y los incrementos de costes por la subida de los combustibles y los fertilizantes, seguirán sobre la mesa de Luis Planas en su segunda etapa como ministro de Agricultura. Junto a ellos habrá otros asuntos más estructurales, como la falta de mano de obra, la carencia de nuevos agricultores y ganaderos que asuman el relevo generacional, la expansión internacional o la digitalización.

También otras cuestiones, como la cuantía de las ayudas al sector, la ejecución del PERTE agroalimentario, la duración de las rebajas del IVA a los alimentos, la competencia desleal de terceros países (en septiembre las organizaciones agrarias protestaron por la llegada de aceitunas de Marruecos con un alto contenido en pesticidas), la adaptación del sector a los cada vez más estrictos requisitos medioambientales que marca la Unión Europea o el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria que obliga a las cadenas a pagar precios superiores a los costes para evitar que los agricultores y ganaderos tengan que vender a pérdidas.

Transformación digital. La tarea más inmediata de José Luis Escrivá al frente del ministerio será llevar a buen puerto las negociaciones finales del reglamento europeo de inteligencia artificial. La norma, que ordenará los usos y restricciones de esta tecnología, está ahora mismo en fase de negociación entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. La Presidencia española del Consejo de la UE se propuso que estuviera lista antes de agotar el mandato en diciembre.

Una vez se apruebe, Escrivá deberá asegurarse de que España cumple la norma. Para ello será capital que eche a andar la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). Ubicada en A Coruña, actualmente se encuentra en una fase embrionaria: cuenta ya con dotación presupuestaria, pero la sede que ocupará todavía no está lista ni se ha contratado al personal que deberá analizar los algoritmos para asegurarse de que cumplen con la ley.

Deberá también seguir implementando la Agenda España Digital 2026, que pretende impulsar las infraestructuras digitales en todo el país, así como las competencias y la formación en nuevas tecnologías, y canalizando parte de los fondos europeos Next Generation enfocados en la digitalización de la sociedad.

Seguridad Social. El ministerio que dirigirá Elma Saiz afronta un cuatrienio lleno de compromisos. Entre ellos, el más urgente (y delicado) tiene que ver con la transferencia, en el plazo de dos años, de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco, una histórica demanda del PNV que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, satisfizo para obtener el apoyo de los jeltzales. El nombramiento de Saiz, reconocida fiscalista navarra, se entiende, entre otras razones, por su conocimiento del marco económico vasco.

La ministra deberá revisar también la proyección del gasto de las pensiones en 2025, y tomar medidas de ajuste si se consolida el desvío del que alertan algunos organismos. Ese mismo año también deberá volver a negociar los tramos y las cuotas del sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos. Y todo ello sin olvidar la vigilancia en la expansión y el control de los planes de pensiones de empleo simplificados de gestión pública; y la implementación del ingreso mínimo vital, que sigue sin impactar sobre todas las familias para las que fue originalmente diseñado.

Saiz deberá también colaborar con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en materia de inmigración para canalizar aquella que tenga carácter laboral, teniendo en cuenta el problema de desajuste entre la demanda de empleos por parte de las empresas y la formación de los trabajadores.

Industria y Turismo. El ministro Jordi Hereu tiene por delante el reto de impulsar la industria para que represente el 20% del PIB, tal y como ha fijado la Comisión Europea, desde el 16% de finales de 2022. La semana pasada la gran industria ya marcó cuáles debían ser las prioridades del nuevo ministro para lograrlo. La primera es reconocer al secretario general de Industria como secretario de Estado, entre otras cosas para que pueda participar en la preparación de los consejos de ministros.

Las grandes empresas industriales, asociadas en la plataforma Alianza por la Competitividad, piden también constituir la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Industrial y crear una Agencia Estatal que permita la coordinación con las comunidades autónomas. Otros hitos importantes para el ministro tendrán que ver con lograr un turismo más diversificado en cuanto al origen de los viajeros, impulsar la industria automovilística con proyectos como la gigafactoría que Stellantis quiere instalar en Zaragoza o la reindustrialización de la antigua Nissan en Barcelona, y gastar los fondos europeos que el ministerio tiene asignados —entre los que destacan los proyectos estratégicos del coche eléctrico, de industria agroalimentaria y de descarbonización industrial— y desarrollar la ley de Industria: el compromiso del Gobierno para actualizar la legislación de 1992 se quedó en el tintero en la pasada legislatura, después de que solo se aprobase el anteproyecto en diciembre.

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