El exministro Soria recuerda en el juicio a Iberdrola por inflar el precio de la luz que le pareció que la subasta se había manipulado

José Manuel Soria, ministro de Industria de Mariano Rajoy (PP) desde 2011 a 2016, ha declarado este miércoles como testigo en el juicio que sienta en el banquillo a Iberdrola Generación, una filial de Iberdrola, acusada de inflar el precio de la electricidad en 2013 para conseguir un beneficio multimillonario. El ex alto cargo del Ejecutivo ha detallado cómo los técnicos de su departamento detectaron en aquella época que el coste de la luz se había disparado — “iba creciendo a ritmos inusualmente altos”— y cómo, con la información que manejaba en aquella época como máximo responsable del departamento, estaba convencido de que se manipuló la subasta, como así declaró a la prensa.

“Cuando me preguntaron si hubo manipulación, yo contesté: ‘Yo creo que sí. No lo puedo demostrar, pero creo que sí”, ha rememorado este miércoles. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Iberdrola diversas maniobras para alterar el mercado entre el 30 de noviembre y 23 de diciembre de 2013, al “aumentar (sin causa legítima que lo justificara)” el precio de las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo. Esa alza provocó que dichas ofertas no casaran en el sistema, por lo que se acabó “retirando de programación a las centrales referidas” y entró en juego la “energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios más elevado frente a la media de precios de la energía proveniente de las hidráulicas”. Eso le reportó un beneficio de 21 millones de euros, según las pesquisas.

—Como ministro, ¿tuvo conocimiento de esa alza de precios y de alguna queja del sector sobre la subida? —ha preguntado el fiscal Antonio Romeral

—El ministerio, desde principios de diciembre de 2013, empezó a detectar en el sector que los precios iban creciendo a ritmos inusualmente altos. Y eso motivó, incluso, que el ministerio solicitara a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se hiciera un análisis para determinar qué era lo que estaba ocurriendo —ha respondido Soria.

El exministro ha insistido en que los técnicos apreciaron que, “con un nivel en los embalses superior al que había en los años anteriores y con precios más elevados”, las ofertas que se lanzaban para casar “eran menores”. “Era una evolución inusual”, ha añadido el exdirigente del PP. Soria ha destacado que sus sospechas se acentuaron en la subasta del 19 de diciembre de 2013: “Nosotros decíamos: ‘Algo raro ha pasado”. Al día siguiente, la CNMC emitió un comunicado donde hacía hincapié en “circunstancias atípicas” que habían rodeado el sistema de fijación de precios. Finalmente, en 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multó con 25 millones de euros a Iberdrola Generación al concluir que manipuló el mercado.

Soria ha afirmado igualmente que, cuando se produjo este caso bajo sospecha, el Gobierno mantenía un conflicto con las empresas energéticas, después de que el Ejecutivo decidiera no asumir el déficit eléctrico en los presupuestos generales de 2014. “Ese era un compromiso del Gobierno con el sistema eléctrico, pero ocurrió que las previsiones del déficit público no se correspondieron con la realidad. No conseguimos disminuir el déficit lo que preveíamos y, entonces, el Ministerio de Hacienda dijo que no íbamos a financiar ese déficit [eléctrico]”, ha puntualizado el exministro. “Eso no gustó al sector y eso dio lugar a controversias”, ha apuntado, aunque ha dicho que no recordaba si se enfrentó directamente sobre este tema con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

En este juicio, la Fiscalía pide que se condene a pagar a Iberdrola una multa de casi 85 millones de euros y el decomiso de las ganancias que obtuvo con esa operación, además de indemnizar con hasta 107 millones de euros a los perjudicados. Además de a la empresa, el ministerio público acusa a Ángel Chiarri, entonces director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún, encargado de Gestión de Activos; y Javier Paradinas, a cargo de Mercados a Corto Plazo y Operación Global. Los cuatro directivos, que se enfrentan a una petición de Anticorrupción de dos años de cárcel, alegaron en sus interrogatorios que la subida del precio respondió a las condiciones y previsiones meteorológicas del periodo bajo sospecha, cuando las lluvias eran escasas y se vaticinaba “sequía”. La compañía también dijo que “no hubo ninguna manipulación” y se escudó en que se procedió de forma “consistente en un mercado liberalizado”.

Sin embargo, un testigo ha introducido un elemento clave este miércoles, durante su declaración en el juicio. Jorge M., representante legal de la comercializadora eléctrica Geotlander, una de las perjudicadas, ha especificado que en enero de 2014 se tuvo que “desembalsar” ante el riesgo que suponía para las infraestructuras por la gran cantidad de agua acumulada por las lluvias. En ello influyó que no se había abierto el grifo en los meses previos, cuando se podía haber usado para generar energía eléctrica, según ha remachado este testigo.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal