Anticorrupción pide enviar a juicio a Iberdrola Generación y cuatro directivos por disparar los precios de forma artificial

La Fiscalía Anticorrupción ha llegado a la conclusión de que Iberdrola Generación, una filial del grupo Iberdrola, manipuló en 2013 el mercado para disparar el precio de la energía eléctrica y obtener un beneficio millonario. Una operación irregular que, según los cálculos del ministerio público, provocó un perjuicio de más de 107 millones de euros, que fue “soportado” por los consumidores, empresas comercializadoras y aseguradoras. Por ello, la acusación ha solicitado a la Audiencia Nacional que abra juicio oral a la compañía y siente en el banquillo a cuatro de sus directivos, para los que solicita penas de cárcel.

El relato de la Fiscalía, plasmado en un escrito fechado el pasado viernes, resulta contundente. El documento detalla cómo Iberdrola “ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”. Su objetivo era alterar el precio y “perjudicar a los consumidores”. Y, para ello, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, “sin causa legítima que lo justificara”, alteró al alza el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo.

Iberdrola maniobró “a un nivel por encima del precio de mercado diario, que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad”. “Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas. Esto es, dejaron de producir energía”, subraya Anticorrupción en su escrito, donde califica la operación de la compañía como un “artificio” que le supuso un beneficio superior a los 21 millones de euros. Estas conclusiones del ministerio público se conocen después de que el actual presidente de la empresa, Ignacio Sánchez Galán, llamase “tontos” a los consumidores que se encuentran acogidos a la tarifa regulada de la luz.

La Fiscalía ha pedido abrir juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro de sus altos cargos: Ángel Chiarri, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún, encargado de Gestión de Activos; y Javier Paradinas, a cargo de Mercados a Corto Plazo y Generación Global. El ministerio público los considera autores de un delito relativo al mercado y a los consumidores; y solicita una multa de casi 85 millones de euros para la compañía, y penas de dos años de cárcel para los directivos. La decisión se encuentra ahora en manos del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional.

Iberdrola se encuentra en el punto de mira de los tribunales en diferentes instrucciones. La compañía es el epicentro de una línea de investigación del caso Villarejo, donde el magistrado Manuel García-Castellón mantiene que la energética contrató al comisario José Manuel Villarejo para cinco presuntos proyectos de espionaje. Unas pesquisas donde declaró el propio Sánchez Galán, que ha permanecido imputado hasta la pasada semana, cuando el juez decidió archivar la causa contra él al considerar que los delitos habrían prescrito.

El pasado 31 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) también sentenció a Iberdrola a devolver a su dueño parte del suelo en el que se asienta la planta Núñez de Balboa, la fotovoltaica más grande de Europa, en el municipio de Usagre (Badajoz). Según el dictamen, que habla de “fraude de ley y abuso de derecho”, la solicitud de expropiación “carecía de causa o justificación para privar del derecho de propiedad”.