El juez archiva la investigación contra Sánchez Galán en el ‘caso Villarejo’ por prescripción de los delitos

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dictado este jueves un auto por el que archiva el caso Villarejo para el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, quien estaba imputado desde junio de 2021 por los delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad documental por su presunta implicación en los trabajos de espionaje que el comisario había hecho para la eléctrica. El magistrado, que había rechazado el sobreseimiento que Sánchez Galán había pedido en cuatro ocasiones anteriores, destaca en su auto que toma la medida obligado por una decisión del pasado 3 de junio de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que archivó la causa contra otro directivo investigado por los mismos delitos al considerar que estos habían prescrito al haber pasado más de 10 años desde que se cometieron. “La contundencia de esta resolución no deja margen de actuación a este instructor”, destaca García-Castellón. La decisión no es firme y puede ser recurrida.

Según detalla el magistrado en su auto, el presidente de Iberdrola ―que en su declaración como investigado, el pasado 18 de enero, se desmarcó de los contratos con el antiguo policía y se presentó como víctima de la trama― fue imputado en junio del año pasado a petición de la Fiscalía Anticorrupción por su presunta relación con los trabajos que el comisario José Manuel Villarejo hizo entre 2004 y 2009 para la eléctrica. Al comienzo de ese periodo, Sánchez Galán era vicepresidente y consejero delegado de la compañía, a cuya presidencia ascendió en 2006. Desde 2009, la investigación no ha encontrado evidencia de que el comisario trabajara para Iberdrola. Fue precisamente ese detalle el que esgrimió, el pasado 3 de junio, la Audiencia Nacional para archivar la causa contra Rafael Orbegozo, directivo de Iberdrola, al considerar que desde marzo de 2009 hasta que este fue llamado a declarar, en junio de 2021, habían pasado más de los 10 años que el Código Penal fija para considerar prescritos los delitos de los que se le acusaba, por lo que acordó extinta su responsabilidad en los hechos y el sobreseimiento libre del mismo.

Ahora, García-Castellón se remite a esta resolución y recuerda que la presunta participación de Sánchez Galán en los hechos investigados llegó, también, hasta el año 2009 y que no fue imputado hasta el 23 de junio de 2021. “Debemos constatar que han transcurrido más de 10 años entre la fecha en que se cometió el último hecho imputado y la de su citación como investigado”, señala el magistrado. Por todo ello, el juez concluye que “los delitos imputados a José Ignacio Sánchez Galán estarían prescritos, por lo que no cabría otra opción más que declarar la presencia de esta circunstancia extintiva de la responsabilidad, y con ello decretar el sobreseimiento libre”, concluye el magistrado.

No obstante, el magistrado destaca los indicios recopilados durante la investigación sobre los trabajos supuestamente irregulares que Villarejo hizo para Iberdrola: los proyectos Arrow (para que se infiltrara en el movimiento vecinal que se oponía a una central térmica de ciclo combinado en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera), Black Board (el supuesto espionaje el entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro), Gypsi (dirigida contra dos directivos de Ia propia Iberdrola) y Posy (para buscar datos comprometedores del presidente de ACS, Florentino Pérez). García Castellón recalca que estos encargos se plasmaron “en numerosos informes y gestiones” entre los años 2004 y 2006 que “incluyeron, en ocasiones, el acceso a tráficos de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las personas objeto de investigación”, según reveló la documentación intervenida Villarejo en su domicilio cuando fue detenido en noviembre de 2017. El juez también destaca el supuesto “carácter de confidenciales” que estos documentos tenían incluso en el seno de la eléctrica “como parece inferirse del hecho que las facturas” por estos servicios no fueron emitidas por las empresas del comisario sino por otra compañía diferente.

La imputación de Sánchez Galán no solo había causado un impacto en la imagen de Iberdrola, sino que había dejado en suspenso proyectos clave de la compañía, como su operación estrella en Estados Unidos, la compra de PNM Resources. Esta fue paralizada a finales del año pasado por un regulador de Nuevo México aludiendo al caso Villarejo. En concreto, la Comisión de Servicios Públicos de Nuevo México rechazó hace siete meses la operación, valorada en más de 7.000 millones de euros y clave para el crecimiento de Iberdrola en el país norteamericano, afirmando que la eléctrica española no era “el socio adecuado”.