Jerez de la Frontera, Jaén y Parla: tres municipios en la UCI financiera

Los ayuntamientos son, en su conjunto, las Administraciones con las cuentas más saneadas. En proporción, tienen menos deuda que el Estado y las comunidades. Mientras que estas últimas son contantemente deficitarias, las entidades locales han acumulado en la última década un consistente colchón de ahorros. Sin embargo, como en todas las familias, siempre hay algún miembro que se sale de la foto. En este caso, hay tres municipios que destacan por la criticidad de sus finanzas: Jaén, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Parla (Madrid). Los desequilibrios son tan grandes y estructurales que, a políticas constantes, nunca podrán volver a la sostenibilidad. Ni en 10 años, ni en 20, ni en un siglo.

A esta conclusión llega la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su labor de supervisión de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con las cuentas más deterioradas. Hay 22 localidades que entran en el análisis, clasificadas según su riesgo de sostenibilidad: bajo, moderado, alto, muy alto y crítico. Solo Jaén, Jerez de la Frontera y Parla tienen una situación alarmante, con una deuda descontrolada desde hace años, por encima del 400% de sus ingresos —Jaén del 512%, Jerez de la Frontera del 458% y Parla del 1.005%— y un periodo medio de pago a proveedores de más de 300 días (734 en el caso de Jaén). “Especialmente difíciles son las situaciones de los Ayuntamientos de Jaén y Jerez de la Frontera dado que, con los datos actuales y teniendo en cuenta su situación de máximo riesgo de sostenibilidad, la Airef no detecta signos de mejoría en ninguna de las variables analizadas”, señala el organismo.

La única manera para revertir la situación sería la adopción alguna medida extraordinaria que les ayudara a reducir sus pasivos. Así lo sugiere un informe de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) sobre las haciendas municipales con sostenibilidad comprometida. “Es posible y razonable proponer que el Gobierno, como garante de los principios de solidaridad y equilibrio territoriales, articule ayudas económicas dirigidas a reequilibrar los presupuestos de los ayuntamientos afectados”, recomienda. Así es el día a día de las tres localidades en situación crítica.

Jaén: 5.000 euros de deuda por vecino y cinco años sin presupuesto

La capital provincial, que cuenta con 111.669 habitantes, lleva más de una década en los niveles más altos de endeudamiento municipal y su situación es la más crítica, según la Airef. El alcalde jiennense, Agustín González (PP), que llegó al gobierno municipal el pasado 17 de junio merced a un pacto con Jaén Merece Más, ha cifrado esta misma semana la deuda del Ayuntamiento en 538,7 millones de euros a cierre de diciembre de 2022. Esta cifra supone un aumento de 34 millones con respecto al año anterior, y lleva el pasivo por habitante a casi 5.000 euros. “Tenemos el dudoso honor de estar en el top 10 de las ciudades más endeudadas de España”, enfatizaba el primer edil de la ciudad.

La Airef deja claro en su informe que el caso de Jaén es especialmente grave, ya que el déficit previsto para este año es de más de un 50% de sus ingresos. Una circunstancia que tampoco ayuda a corregir esta situación es que lleve con unos presupuestos prorrogados desde el año 2017. El organismo fiscal explica que el Consistorio no realiza una verdadera previsión de ingresos por tener las cuentas prorrogadas, razón por la cual justifica que los recursos disponibles se reduzcan en un 20% con respecto a 2022.

El alcalde ha censurado el “desorden y la opacidad” del anterior gobierno socialista. Sin embargo, esta situación se viene manteniendo (y agravando) en el tiempo desde prácticamente la primera década del actual siglo, y desde entonces han predominado los ejecutivos del PP. El punto de inflexión fue el repunte espectacular de la plantilla municipal, que pasó de poco más de 600 empleados a más de 1.400, en su inmensa mayoría de carácter eventual. Desde entonces, esa losa ha venido condicionando toda la gestión municipal hasta el punto de que el Consistorio jiennense lleva varios años intervenido de facto por Hacienda.

A ello se suman proyectos que han agravado el desequilibrio de las cuentas jiennenses. Uno de ellos es el tranvía que se terminó en 2011 y nunca ha funcionado. Solo ahora, 12 años después, la Junta ha sacado la licitación para su puesta a punto. Otro es la cadena municipal de radio y televisión Onda Jaén RTV, una emisora deficitaria, con un coste anual de unos 3,6 millones de euros, que cerró en 2019 tras un incendio en sus instalaciones.

Así las cosas, las perspectivas financieras de Jaén no pueden ser más nebulosas. El exalcalde socialista, Julio Millán, ha alertado de que antes de que acabe 2023 el municipio debe afrontar un pago de 27 millones a Hacienda en intereses (18 millones) y capital procedentes de préstamos de los 12 años anteriores. “Es una cifra que había que empezar a amortizar y que viene de todos los mandatos anteriores en el Ayuntamiento”, precisa.

También hay una retención en la participación de los ingresos del Estado por un préstamo ICO de 8 millones que conllevaba unas medidas de ajuste que el Consistorio no llegó a aprobar por falta de mayoría en el pleno. “Todo ello es una negociación que hay que establecer con el Gobierno de España”, indica Millán, tras condenar las palabras que su sustituto en la alcaldía emitió en un artículo en la prensa local donde dijo que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, era “equidistante entre las balas y las nucas”.

Jerez sigue pagando la deuda de los días de vino y rosas

Hace ya décadas que la deuda municipal es el elefante en la habitación para la política municipal de Jerez de la Frontera (212.800 habitantes). Es invisible a los ojos de todos porque no está asociada a ningún proyecto megalómano del presente ni en apariencia condiciona la vida de los ciudadanos, pero se convierte en arma arrojadiza política tan pronto es fiscalizada por entidades como la Airef, que asegura que en el periodo de 2016 a 2022 los adeudos financieros pasaron de los 628 millones a 928 millones en 2022. Ese agujero hace que su ratio de deuda sobre ingresos haya pasado del 308% al 455%.

El periodo analizado por la Airef abarca los últimos ocho años de gobierno socialista de la ciudad, y la publicación del informe ha coincidido con las primeras semanas del nuevo equipo del PP, con la alcaldesa María José García-Pelayo de nuevo al frente. Este sábado, el Consistorio emitió un comunicado en el que exigió a Pedro Sánchez “la misma quita de la deuda que ha prometido a Cataluña para negociar su investidura”. La regidora ya organizó una rueda de prensa el 27 de julio para sacudirse la herencia recibida y denunciar que, en los últimos ocho años, la deuda total había crecido hasta los 1.127 millones, 128 más que en 2015. La abultada cifra está lejos de los 224,6 millones del Presupuesto del municipio para 2022.

Pero en el Ayuntamiento, por mucho que la deuda se use para la guerra política, también reconocen que su problema dista mucho de ser nuevo. No ha habido equipo de gobierno que haya sido capaz de reducir ostensiblemente la deuda total del consistorio en los últimos 20 años, según una gráfica que actualiza cada poco tiempo el Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez, una iniciativa de ciudadanos muy críticos con el Ayuntamiento y que dicen pretender “un gobierno abierto y transparente”. La gráfica muestra una evolución constante de los 239 millones que se debían en 2002 a los 1.127 de ahora. Los populares no se libran de escaladas notables, ya que de 2011 a 2015 [periodo en el que ya gobernó Pelayo], el Observatorio registró 208 millones de crecimiento, el mayor aumento registrado en la serie, obtenida de analizar datos del Ministerio de Hacienda, el portal de Transparencia y de la Tesorería municipal.

Aunque agravado por el montante, la historia de la deuda de Jerez no se separa en exceso de la de otros municipios españoles que vieron truncados sus días de vino y rosas con la gran crisis económica de 2008. “Hasta ese momento, era una potencia que parecía poder con el peso, pero explotó”, asegura una fuente cercana al gobierno municipal. Antes de ese crac, la ciudad más poblada de la provincia de Cádiz presumía de obras e intervenciones faraónicas, como la rotonda del Minotauro —una de las esculturas en bronce más grandes de España— o los siete gigantescos números que se hicieron también para decorar las rotondas de la Ronda Este, ambos proyectos realizados por Pedro Pacheco, alcalde por el Partido Andalucista en la ciudad durante 24 años. Pero con la recesión, todo se torció hasta el extremo de que en 2012 el Consistorio se acogió a una de las líneas de crédito del Ministerio de Hacienda “para poder pagar 400 millones de euros en facturas tan antiguas que ahí hasta estaban coronas de los Reyes Magos sin pagar desde finales de los 90″, según apunta la misma fuente.

Ahora en el Ayuntamiento ya han aprendido a convivir con una deuda cronificada y renegociada en multitud de ocasiones. “Es como el que tiene un mal y tiene que aprender a vivir con él”, explican fuentes cercanas a la actual alcaldesa, que en su rueda de prensa sobre la situación de las arcas municipales afeó al PSOE que haya ido suscribiendo todos los años nuevos préstamos que han incrementado la deuda financiera. En el equipo de Pelayo se muestran interesados en “analizar” en qué se ha sustanciado el incremento de deuda, mientras que renegocian el aplazamiento del primer pago que tendrán que hacer frente de los Fondos de Ordenación del Ministerio de Hacienda que, en 2021, les dio una carencia de pago de dos años. El primer abono de 34 millones estaba previsto para junio y se ha aplazado para finales de año.

Paralelamente, el nuevo equipo de gobierno ya ha prometido la elaboración de un Plan de Sostenibilidad que lleve aparejado un plan de pagos “que se pueda cumplir” y rebajar el Promedio de Pago a Proveedores (PMP) de los 64,5 días actuales a los 30 días que marca la ley. El reto es grande, sobre todo si se tiene en cuenta que Pelayo ya ha prometido que “bajo ningún concepto” tiene previsto subir impuestos o crear nuevos.

Parla, la ciudad necesitada que cambió servicios sociales por un tranvía verde

Vivir en una ciudad arruinada tiene consecuencias. Las sufren los vecinos de Parla, que es un municipio del sur de Madrid con 130.557 habitantes, entre los que hay mucha población vulnerable y necesitada. A consecuencia de la enorme deuda municipal, el Ayuntamiento es uno de los más pobres en inversión social de toda España. Ocupa el puesto 28 por la cola en la clasificación que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Gasta solo 49 euros por habitante, muy por debajo de los 255 euros de la ciudad número uno, Alcalá la Real, en Jaén, que precisamente es un municipio con las cuentas saneadas.

A cambio de las necesarias ayudas sociales, los vecinos tienen un tranvía. El tren verde que da vueltas al casco urbano desde 2007 es el principal responsable de la nefasta situación financiera de Parla, que soporta un lastre de casi 500 millones de euros, una carga desproporcionada para un municipio que según los presupuestos genera ingresos anuales de 116 millones. La oposición dice que esas cuentas son ficticias (fueron aprobadas en Pleno sin la preceptiva firma del tesorero) y en realidad las entradas de dinero rondan los 70 millones.

El Ayuntamiento del socialista Tomás Gómez acometió la obra del tranvía en solitario en aquellos años de bonanza cuando pueblos y ciudades competían por inaugurar grandes infraestructuras como si no hubiera un mañana. La obra costó 130 millones, a los que se suman otros 256 que el Ayuntamiento deberá abonar a la concesionaria Globalvia entre su inauguración y 2037.

El Tribunal de Cuentas examinó en 2016 la repercusión que el tranvía había tenido en la hacienda de Parla y censuró al municipio por haberse comprometido a un gasto para el que carecía de crédito y de estudios económicos. Gómez también tuvo la idea de construir por seis millones de euros una plaza de toros que apenas ha sido utilizada y que el Ayuntamiento pagó en 2021 al constructor tras años de litigio.

El Consistorio se ha pasado más de una década siendo denunciado en los juzgados por acreedores. Según muestran los informes del interventor municipal, el Ayuntamiento es un pésimo pagador. “La entidad es incapaz de hacer frente a las obligaciones que contrae con sus proveedores período tras período y pone de relieve las tensiones a las que está sometida la tesorería”, dice el informe del ejercicio 2022.

Los ingresos corrientes del Ayuntamiento son insuficientes para cubrir el gasto corriente y la amortización de la deuda. Por tanto esa carga crece como una bola de nieve.

El precio lo pueden pagar los parleños durante generaciones. Sin embargo, la deuda es una lacra que no se ve ni se siente. Quizás por eso el PSOE ha seguido gobernando Parla salvo un breve período entre 2015 y 2019, cuando los vecinos dieron el relevo al Partido Popular. “La deuda no es como una derrama de la comunidad de vecinos que duele al bolsillo”, dice la exalcaldesa Beatriz Arceredillo, que tomó las riendas durante ocho meses entre 2014 y 2015. Arceredillo heredó el cargo como socialista pero se salió del partido y creó una formación local. Cuenta que lo que la gente percibe es que el Ayuntamiento haga cosas y en ese sentido el actual alcalde, Ramón Jurado, ha contado con la suerte de los fondos europeos extraordinarios por la pandemia, mientras que su antecesor, el popular Luis Martínez Hervás, siguió una política más austera. El alcalde Jurado ha peatonalizado calles, ha reformado pabellones deportivos y ha creado una nueva sala de exposiciones. En mayo ganó las elecciones con el 37,8% de los votos.

El PP acusa al alcalde de una “nefasta” gestión que está incrementando la deuda “de manera galopante”. “Solo gasto, gasto, gasto y despilfarro”, dice el portavoz, José Manuel Zarzoso. El PSOE se defiende atacando. Desde la era Gómez han acusado a la Comunidad de Madrid de haber “abandonado” a los parleños. Han señalado que el de Parla es el único tranvía de la región que ha carecido de financiación autonómica. La Comunidad se ha defendido diciendo que otros proyectos como Pozuelo o Boadilla han conectado varios municipios, pero el de Las Tablas, que discurre solo por Madrid capital, fue pagado íntegramente por el Ejecutivo autonómico.

El alcalde Jurado pide que comunidad autónoma y Estado tomen cartas en el asunto para dejar de castigar a una población frágil por una decisión del pasado: “Todos los años caen 13 millones para el tranvía que están restando derechos a mis vecinos”. Subir las tasas municipales a vecinos asfixiados por el alquiler y el coste de la vida es una receta que Jurado ni se plantea. Parla tiene la menor renta per cápita de los municipios madrileños de más de 100.000 habitantes. Jurado también niega el despilfarro: “Miramos hasta el precio de los folios”.

Su esperanza es que al municipio lleguen otro tipo de contribuyentes que escasean en Parla, las empresas. La semana que viene comienza la urbanización del nuevo polígono industrial, el PAU-5, que será el mayor de la región con 5,5 millones de metros cuadrados. “Será un cambio radical”, dice Jurado, pero añade que sin una quita de la deuda por parte de otras Administraciones será imposible salir a flote.

Con información de Laura Delle Femmine.

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