Los trabajadores de Inspección de Trabajo empiezan una huelga diluida por el calendario electoral

Este lunes empieza la primera huelga indefinida en la historia de Inspección y Seguridad Social. Es el último cartucho de los trabajadores, que empezaron sus protestas con paros puntuales, manifestaciones, una denuncia a nivel europeo y la paralización de varias campañas inspectoras. Ninguno ha servido para que el Gobierno respete el acuerdo que alcanzó con la plantilla en julio de 2021, que reorganiza la estructura de Inspección, mejora las condiciones laborales y refuerza el número de efectivos. La huelga se convoca en toda España y aplica a todos los centros de trabajo del organismo. Sin embargo, en los sindicatos convocantes reconocen que lo más probable es que se desconvoque esta misma semana si no hay acuerdo.

La fecha de caducidad de la huelga, aunque se haya convocado como indefinida, se debe a que el miércoles hay reunión de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interterritorial de Retribuciones (CECIR). Para que entren en vigor las mejoras que reclama la plantilla de Inspección se deben aprobar en esta comisión. Y según han informado a los sindicatos, la reunión del miércoles será la última antes de las elecciones del 23 de julio. Los representantes de los trabajadores se esfuerzan en señalar que el paro es indefinido, conscientes de que los tiempos electorales les restan poder negociador, pero reconocen que no tiene sentido llamar a los trabajadores a perder salario si no hay una solución probable a corto o medio plazo.

“Si el miércoles no nos hacen caso tendremos que reflexionar sobre la conveniencia de seguir adelante con la huelga. No vamos a llevar a los trabajadores a una pérdida de salarios si no va a servir para nada”, dice Miguel Ángel Montero, responsable de CSIF en la Inspección de Trabajo, el sindicato mayoritario en el departamento. Le sigue UGT, que hace una reflexión parecida. “Si el miércoles no hay acuerdo desconvocaremos. No tiene sentido hacer huelga a un Gobierno en funciones que puede no salir elegido”, indica el responsable del sindicato en Inspección, Juan Antonio Rodríguez. “No podemos dejar abierta una huelga indefinida sin alguien con quien negociar al otro lado”, insiste María José Díaz, del sindicato UPIT. Con todo, insisten en que aún queda tiempo y por ello merece la pena insistir esta semana. “El Gobierno no está en funciones. Aún puede cumplir su palabra”, añade Ana Ercoreca, de SITSS.

El conflicto se ha ido enrareciendo en los últimos meses, al mismo ritmo que han aumentado los decibelios de la confrontación política. Para entenderlo hay que precisar que Inspección depende del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz (Sumar), y que la plantilla pactó la nueva relación de puestos de trabajo con este departamento. Pero, como ante cualquier avance para trabajadores funcionarios, el Ministerio de Función Pública y Hacienda, que gestiona María Jesús Montero (PSOE), debe dar luz verde.

Cinco días antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, fuentes del Trabajo manifestaron su enfado con Función Pública por no respetar el acuerdo alcanzado. Y acusaban al ministerio de Montero de bloquearlo por “motivos políticos”, recordando que las reclamaciones de los trabajadores de Justicia o Seguridad Social, departamentos socialistas, sí se han resuelto. “Creo que no hay ninguna razón para que no se cumpla por parte del Gobierno de España con el plan estratégico de la Inspección de Trabajo. Saben ustedes que esto está en el negociado de Función Pública y, por tanto, quedo pendiente de que resuelvan este problema”, dijo Díaz el pasado lunes. Dos días después hubo un nuevo desencuentro entre los ministerios, con el rechazo de Trabajo a la última oferta de Función Pública.

Este domingo fuentes de Inspección insistían en que el planteamiento de Función Pública se queda corto: “Hemos vuelto a insistir al Ministerio de Hacienda y Función Pública en la absoluta insuficiencia de la propuesta, en que las mejoras tienen que ir a la relación de puestos de trabajo y al conjunto de inspectores, subinspectores y el personal administrativo y no centrarse personal directivo. Les hemos pedido encarecidamente que vuelvan a hacer una nueva propuesta que incorpore a los subinspectores, que incorpore al personal administrativo y que cumpla con el plan estratégico publicado en el BOE”. Función Pública viene defendiendo la suficiencia de sus propuestas y que la negociación sigue abierta. Los trabajadores apuntan a los dos ministerios y han pedido la dimisión de sus dos responsables.

Tanto este lunes como el martes hay reuniones entre la dirección general de Inspección y la plataforma sindical, pero sin el conflicto como la razón del encuentro, sino cuestiones del día a día.

Diferencias entre los sindicatos

Todos los sindicatos que representan a la plantilla llaman al paro, con la excepción de CC OO. Aunque esta organización está entre las convocantes oficiales, que cumplimentaron el preaviso de huelga el 27 de mayo, cree que la huelga “no nos sirve en esta encrucijada”. “Este conflicto está completamente intoxicado desde Función Pública y desde Trabajo. Se está utilizando en claves de confrontación electoral. Nos preocupa esta instrumentalización”, indica Josetxo Gándara, representante de CC OO, el tercer sindicato por representación en el ministerio.

En el sindicato consideran que, ante la cercanía de las elecciones, no tiene sentido ir a la huelga. “Nos preocupa no dilapidar los posibles rendimientos del esfuerzo que propongamos realizar a los trabajadores en un momento en donde encontrar un interlocutor válido es una quimera, en un momento en donde los diferentes representantes están a su propia guerra”, añade Gándara, que condensa la posición de su sindicato con una metáfora: “Este barco tiene la sala de máquinas vacía, no hay nadie al timón y podemos quemar todo el combustible que queramos que solo va a generar humo. Por ello, desde CC OO, manteniendo la totalidad de nuestra reivindicación como es el acuerdo del 7 de julio de 2021, no vamos a convocar una huelga que solo parece tener como objetivo dar una salida digna a quienes venimos encabezando la movilización en la Inspección”.

“Nos consta que puede haber una nueva oferta de Función Pública. Si no hubiera posibilidades no seguiríamos adelante con la huelga”, dicen en UGT

Entre los sindicatos convocantes hay enfado con CC OO por no apoyar el paro. “Personalmente, creo que hay una motivación política en el hecho de que no respalden el paro. No nos engañemos, hay una vinculación política clara entre CC OO y Yolanda Díaz”, indica el representante de CSIF, una opinión compartida por otros representantes de la plantilla. El de UGT difiere. Cree que si el objetivo de CC OO fuera no desgastar a Díaz “no habrían apoyado el conflicto todo este tiempo; creo que es más un tema de ganar puntos ante la plantilla porque lo ven imposible”. “Pero”, continúa el sindicalista de UGT, “a nosotros nos consta que puede haber una nueva oferta de Función Pública. Si no hubiera posibilidades no seguiríamos adelante con la huelga”.

Gándara rechaza frontalmente la idea de que CC OO esté intentando proteger a la vicepresidenta segunda: “No es el caso. La protegen ellos entrando en la estrategia del ministerio y focalizando toda la culpa sobre Función Pública”. Insiste en que su sindicato no participa en la huelga “porque la movilización que se anuncia no deja de ser una mentira”. “Una huelga indefinida de dos días, en definitiva, para no hacerla, en la que se busca el titular y no la confrontación real y que instrumentaliza a los propios trabajadores para salir dignamente de esta fase, no es algo que desde CC OO podamos compartir. A nosotros nos queda algún principio y hacer una cosa pensando otra no es nuestro estilo”, insiste este sindicalista, que, con todo, cree que todos los sindicatos defienden “de diferente manera el mismo objetivo; no queremos tampoco perder de vista ese horizonte”.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, envió una carta hace diez días a Díaz y Montero pidiendo una resolución para este conflicto. Poco después repitió el gesto Unai Sordo, líder de CC OO. Este martes tendrá lugar una manifestación de los trabajadores frente a la sede de Función Pública en Madrid, en un nuevo esfuerzo por hacer valer la promesa que el Gobierno les hizo hace dos años.

¿Qué piden los inspectores?

Esta pelea laboral está bloqueada desde hace meses. Empezó por el incumplimiento de un acuerdo al que llegaron los sindicatos y Trabajo en julio de 2021, que establece tres objetivos: reorganizar la estructura de Inspección, mejorar las condiciones laborales y reforzar el volumen de la plantilla, en casi 1.000 plazas más. Inspección cuenta actualmente con unos 3.100 trabajadores y necesitaría, según los sindicatos, al menos 4.500 para operar correctamente. Para sostener esta postura resaltan que en España hay un inspector o subinspector por cada 15.000 trabajadores, mientras que la media de la Unión Europea y lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo es cada 10.000.

Según explican los sindicatos, Función Pública rechaza este planteamiento, el acordado en 2021. “Para la consecución de estos objetivos se han acordado las líneas generales del contenido de la relación de puestos de trabajo que se propondrá a la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones para su aprobación”, especifica ese texto.

Díaz ha aplaudido durante toda la legislatura la labor inspectora del organismo. La afloración de falsos autónomos, de horas extra no remuneradas o el control de las condiciones de trabajo son algunos hitos que ha destacado como "clave" para la protección de los empleados.

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