Los trabajadores de Inspección elevan el tono contra Hacienda y siguen criticando a Trabajo: “Es una vergüenza”

“Montero dimisión”; “Montero, escucha, la Inspección está en lucha”, “hay dinero, hay acuerdo, solo falta la Montero”. Estas son algunas de las proclamas que este jueves han lanzado unos 70 trabajadores de Inspección de Trabajo frente a la sede de la Dirección General de Función Pública en Madrid. Los sindicatos han protestado frente al departamento que dirige la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para pedirle que desbloquee el acuerdo para reforzar la plantilla, mejorar las condiciones laborales y modernizar el organismo. El Ministerio de Trabajo fue el que alcanzó este pacto con los sindicatos en julio de 2021 y acusa a Hacienda de no dar luz verde por fines políticos, un planteamiento que comparten los trabajadores. Por ello —a tres días del 28-M—, exigen la dimisión de Montero, como ya pidieron la semana pasada la de Yolanda Díaz.

El compromiso del Gobierno era aprobar la relación de puestos de trabajo (RPT) acordada hace dos años. Pero, según los sindicatos, ahora Función Pública rechaza esta posibilidad a corto plazo. “Dicen que de la RPT nos olvidemos. Es evidente que el problema ahora está en Función Pública”, ha comentado Rafael Prieto, del sindicato SISLASS. El portavoz de CC OO, Rafael Boró, coincide en señalar a la ministra Montero como la principal responsable en estos momentos, pero también ha cargado contra Trabajo: “Ahora es muy fácil subir a nuestro barco y echar la culpa a Hacienda, pero la realidad es que el Ministerio de Trabajo nos ha estado contando milongas. O tienen un problema de actitud o lo tienen de falta de peso en el Consejo de Ministros”.

La RPT acordada hace dos años establece tres fines principales: reorganizar la estructura de Inspección, mejorar las condiciones laborales y reforzar el volumen de la plantilla. “Para la consecución de estos objetivos se han acordado las líneas generales del contenido de la relación de puestos de trabajo que se propondrá a la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones para su aprobación”, especifica el texto. CC OO ha señalado que ese acuerdo implicaba un refuerzo de casi 1.000 plazas más. Inspección cuenta actualmente con unos 3.100 trabajadores y necesitaría, según los sindicatos, al menos 4.500 para operar convenientemente. Para sostener esta postura resaltan que en España hay un inspector o subinspector por cada 15.000 trabajadores, mientras que la media de la Unión Europea y lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo es cada 10.000.

Fuentes de Función Pública destacan que han trasladado al Ministerio de Trabajo una propuesta que incrementa la plantilla de Inspección. “La incorporación de 781 efectivos de inspectores y subinspectores de Trabajo que se acaba de autorizar muestra la labor realizada para reforzar la Inspección de Trabajo, que desarrolla unas funciones clave. Esto se suma a los seis millones de productividad autorizados para este año”, indican desde el departamento de Montero. “Si Función Pública cree que nos van a comprar con esos seis millones de productividad se equivoca. Lo rechazamos unánimemente. Y no nos creemos esas 781 plazas si no se aprueba antes la RPT”, contesta Boró, que ha destacado que hay margen presupuestario: “El año pasado no se ejecutó el 20% de lo que nos habían asignado”.

Este jueves el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se ha reunido con los sindicatos para informarles sobre sus conversaciones con Hacienda. Fuentes de la negociación informan de que no hay novedades reseñables y que los sindicatos apuestan por mantener el conflicto. Además, Pérez Rey les ha informado de que expresará el “malestar” de su ministerio a Función Pública.

Hace dos semanas los trabajadores ya elevaron la intensidad de sus protestas semanales, con la amenaza de una huelga indefinida a partir del 26 junio si el Ejecutivo no cambia su posición. Desde UGT precisan que, aunque forman parte de la plataforma de trabajadores y aceptan las decisiones de la mayoría, no comparten la petición de dimisiones a las ministras.

Conflicto político

Los sindicatos señalan que el acuerdo estaba muy cerca, pero que ha descarrilado por el rechazo “sorpresivo” de Función Pública. “Había un pacto cerrado, solo faltaba la firma, pero de repente nos comunica que no se llega a nada. Es una vergüenza”, ha denunciado Miguel Ángel Montero, de CSIF, que advierte motivaciones políticas en la falta de resolución de este conflicto: “Cuando los jueces levantan la patita, siendo Justicia un ministerio del PSOE, Hacienda, que también es socialista, dice: Ostras, voy a pagar. Cuando lo dicen en Seguridad Social, también del PSOE, les hacen caso. Nosotros llegamos a un acuerdo hace dos años y llevamos pidiendo esto desde hace mucho más tiempo que otros ministerio, pero aquí llega el PSOE y nos dice que no, que se me revuelve toda la Administración”.

En el departamento de Díaz comparten ese análisis: creen que Hacienda no da luz verde a la RPT, pero sí a las reclamaciones de otros ministerios porque Trabajo no lo gestiona el PSOE. En Función Pública no contestan a esta acusación y señalan que la negociación sigue abierta.

Ana Ercoreca, del sindicato SITSS, ha pedido que Trabajo y Hacienda dejen a los trabajadores de Inspección “fuera de sus cruces de acusaciones, que no nos metan en sus guerras políticas”. “El compromiso”, ha añadido Ercoreca, “es de las dos partes. Es un compromiso adoptado en Consejo de Ministros. ¿Con qué argumentos puede un Gobierno pedir a los ciudadanos que respeten las leyes si ellos son los primeros que incumplen sus acuerdos?”. Además, ha denunciado que Díaz cada vez les pone más trabajo, pese a no resolver este conflicto: “Cada vez se refuerza más la actuación inspectora, como lo último que hemos conocido para evitar el calor y ahora con empleadas de hogar, pero la Inspección no tiene medios. Si quieren acabar con la precariedad tienen que reforzarnos”.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha pedido este jueves “dejar tiempo a la negociación” en este conflicto. “Yo daría tiempo a que estas cosas se sustancien, de verdad”, ha dicho a preguntas de la prensa en Lugo. “Es un proceso de negociación entre los representantes de la Inspección de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, que es el ministerio responsable. Yo creo que hay que dejar tiempo a la negociación, a veces tienes este tipo de ruidos en procesos negociadores que se amplifican mucho”, ha afirmado.

Denuncia

La mayoría de los sindicatos que representan a la plantilla de Inspección presentaron a finales de marzo una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea por este conflicto. Los denunciantes creen que el Ejecutivo español incumple el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 2021, y también el real decreto ley de 2020 que incluye medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública, conectadas con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas normas recogían mejoras en el ente público que, de momento, no se han materializado.

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