Los inspectores de Trabajo paran para exigir más personal: “Si somos imprescindibles tienen que fortalecernos”

“¡Inspección, solución!”, exclama un hombre con un megáfono. “Yolanda [en alusión a la vicepresidenta Díaz], escucha, la Inspección está en lucha”; “en Inspección, hay explotación”. Lanza estas proclamas frente a la sede de Inspección de Trabajo, en la Plaza de España de Madrid, donde este lunes se han manifestado durante media hora unos 70 trabajadores para reclamar una mejora de sus condiciones laborales y un refuerzo de la plantilla. La protesta también estaba convocada en el resto de sedes de Inspección en España, repartidas por las capitales provinciales, y es la antesala de una jornada de huelga este miércoles como la que ya tuvo lugar el 21 de diciembre (con un seguimiento de en torno al 80% según los sindicatos) y que se repetirá el 22 de febrero si no hay avances.

Este conflicto laboral viene de largo. Empieza por el incumplimiento de un acuerdo al que llegaron los sindicatos que representan a la plantilla y el Ministerio de Trabajo, departamento del que depende Inspección. Este texto, firmado en julio de 2021 y al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece tres objetivos: reorganizar la estructura de Inspección, mejorar las condiciones laborales y reforzar el volumen de la plantilla. “Para la consecución de estos objetivos se han acordado las líneas generales del contenido de la relación de puestos de trabajo que se propondrá a la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones para su aprobación”, especifica el texto.

Sin embargo, no hay avances desde entonces, explican los sindicatos, porque Función Pública no da luz verde. Es decir, el Ministerio de Trabajo (con el que los sindicatos firmaron el acuerdo) no aplica las mejoras acordadas porque su desarrollo depende del Ministerio de Hacienda (donde está integrada Función Pública). El primero depende de Unidas Podemos y el segundo, del PSOE. “El Ministerio de Trabajo nos da largas diciendo que está negociando con Función Pública, pero ya estamos en 2023 y no hay visos de cumplir el acuerdo. Esperamos que Trabajo dé un golpe en la mesa y haga cumplir ese acuerdo. Hay un Gobierno, no dos”, ha indicado Miguel Ángel Montero, portavoz de CSIF, uno de los sindicatos convocantes, junto a CC OO, UGT, CIG, SITSS, SISLASS, UPIT y USESSS. “Si somos imprescindibles tienen que fortalecernos”, ha añadido Montero. El paro del miércoles está convocado por todas las organizaciones sindicales, a diferencia del de finales de 2022, en el que no participaron UPIT, UGT y CSIF.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, preguntada por esta protesta, ha indicado este lunes: “Hay un debate en el seno del Gobierno respecto a esta cuestión, pero soy optimista y avanzaremos en las negociaciones”. Yolanda Díaz también ha sostenido que “la Inspección ha visto mejorada sus condiciones y su presupuesto de manera histórica en esta legislatura, cosa que no se había hecho nunca”. El principal hito que defiende Trabajo como refuerzo a Inspección es la reciente contratación de 200 interinos para puestos técnicos y administrativos. Esas incorporaciones sirvieron para desconvocar un paro, pero la falta de desarrollo del acuerdo global reactivó las protestas. Fuentes de Función Pública inciden en el mismo mensaje que Trabajo y señalan que las plazas de oferta de empleo público se han duplicado en la última convocatoria con respecto a la anterior. También señalan que ya está en vigor una partida económica de seis millones de euros para incrementar la parte variable del sueldo, la correspondiente a la productividad.

“Necesitamos que se creen los puestos de trabajo, que se ordenen y que se les dé contenido. Hay personas cumpliendo funciones de jefatura y de coordinación que no tienen reconocido ese trabajo. Necesitamos una previsión de puestos que nos permita dar un servicio en garantías en los próximos años”, comenta una de las manifestantes, Montse Valdés, inspectora desde hace 29 años. Esa preocupación por el futuro de Inspección es una constante en el discurso de los trabajadores: “Cada vez hay más retos, nuevas formas de trabajo que tenemos que seguir vigilando. Pero la ansiedad y la carga de trabajo nos está desbordando. No tenemos medios técnicos ni humanos para hacerlo con dignidad”, opina otra inspectora, María de Mingo. Estas dos trabajadores consideran que las últimas noticias que han trascendido sobre la labor de Inspección, como los 40.000 falsos autónomos regularizados en 2022 o la investigación a las grandes consultoras, demuestran que “la Inspección funciona”. “Pero con nosotros ni una mala palabra ni una buena acción”, añade De Mingo.

Según los últimos datos oficiales del ministerio, la Inspección de Trabajo cuenta con 2.968 empleados, de los que 2.873 son funcionarios de carrera. “Necesitamos en torno a 1.000 trabajadores más para desarrollar nuestro trabajo como debemos. Son necesarios unos 600 inspectores y subinspectores y el resto en personal técnico y administrativo. Ha habido muchas jubilaciones estos años sin que se haya reforzado lo suficiente la plantilla”, estima Cipriano Lara, técnico y administrativo de Inspección. “Somos muy pocos, si nos comparamos con otros países europeos”, añade la inspectora María Foret. Fuentes sindicales apuntan que en España hay un inspector por cada 15.000 trabajadores, mientras que en Francia o Italia es por cada 5.000. La recomendación de la Organización Internacional del Trabajo es que haya al menos uno por cada 10.000.