El Ministerio de Trabajo acusa al de Hacienda de no desbloquear el conflicto laboral de la Inspección por motivos políticos

El Gobierno alcanzó un acuerdo con los trabajadores de Inspección de Trabajo hace casi dos años en el que se comprometía a reforzar la plantilla y mejorar sus condiciones laborales. Sin embargo, de momento no ha cumplido, lo que ha conducido a un calendario de huelgas. Mientras tanto, los sindicatos —que este martes pidieron la dimisión de la ministra Yolanda Díaz— observan con resignación cómo conflictos parecidos en la Seguridad Social o en Justicia sí se resuelven. Y ese enfado lo comparte el Ministerio de Trabajo, según fuentes de la negociación. “Tienen un cabreo monumental con Hacienda y Función Pública”, confirma una de las voces sindicales de Inspección de Trabajo. En el departamento que dirige Yolanda Díaz existe la sensación de que Hacienda, bajo control del PSOE, no soluciona el conflicto en Inspección por motivos políticos (a cuatro días de las elecciones municipales y autonómicas), mientras que los de Seguridad Social o Justicia sí se arreglan porque también los gestionan los socialistas.

Fuentes de Función Pública indican que la negociación sigue en marcha: “Función Pública sigue trabajando con normalidad con el Ministerio de Trabajo, de la misma forma que ha hecho y hace con el resto de ministerios, con el objetivo de ampliar el número de efectivos de la Inspección de Trabajo para reforzar su importante labor”. Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo expresan su “profundo malestar” por la falta de soluciones aportadas por Función Pública y que han comunicado a los sindicatos que ese bloqueo es el que impide reforzar la plantilla.

Según ha podido saber este periódico, este martes tuvo lugar una nueva reunión entre Trabajo y Función Pública, en la que no se alcanzó el acuerdo y que ha despertado el enfado del departamento de Díaz, en el que hay “frustración” y un “profundo malestar”, según fuentes de la negociación. Un portavoz sindical que participa en las conversaciones señala que se trata de “un conflicto a nivel político en el Gobierno de coalición, aún sin perspectiva de solución”. La reunión de Trabajo con los representantes sindicales de Inspección ha tenido lugar esta tarde.

Los trabajadores se manifiestan este jueves por la mañana en la sede de Función Pública en Madrid. Una de las portavoces sindicales pide a los dos ministerios que no les utilicen políticamente: “No entramos en los cruces de acusaciones de si es Trabajo o Función Pública el responsable del incumplimiento. Es un gobierno de coalición y juntos llegan a acuerdos. No estamos dispuestos a tolerar a que se utilice e instrumentalice a funcionarios y a un servicio público tan transcendente para el funcionamiento del mercado de trabajo”.

Este conflicto laboral viene de largo. Empieza por el incumplimiento del acuerdo al que llegaron los sindicatos y Trabajo. Este texto, firmado en julio de 2021 y al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece tres objetivos: reorganizar la estructura de Inspección, mejorar las condiciones laborales y reforzar el volumen de la plantilla. “Para la consecución de estos objetivos se han acordado las líneas generales del contenido de la relación de puestos de trabajo que se propondrá a la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones para su aprobación”, especifica el texto. Sin embargo, apenas ha habido avances desde entonces, dicen los sindicatos, porque Hacienda y Función Pública no da luz verde. Es decir, el Ministerio de Trabajo (con el que los sindicatos firmaron el acuerdo) no aplica las mejoras pactadas porque su desarrollo depende del Ministerio de Hacienda (donde está integrada Función Pública).

En los últimos meses los trabajadores de Inspección han protestado con paros puntuales y concentraciones, sin que hayan surtido efecto. Hace dos semanas elevaron la intensidad de la protesta, con la amenaza de una huelga indefinida a partir del 26 junio si el Ejecutivo no cambia su posición. “Ha llegado el momento de tomar decisiones serias. Por mucha legislación que establezcamos, sin nosotros todos los derechos laborales quedan al albur de los empresarios. Estamos cansados de que nos agradezcan el trabajo que hacemos sin escucharnos”, dijo Miguel Ángel Montero, portavoz de CSIF, uno de los sindicatos convocantes, junto a CC OO, UGT, CIG, SITSS, SISLASS y USESSS.

En busca de soluciones

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, destacó en una rueda de prensa a principios de mes que una de las prioridades de Trabajo es “reforzar” la Inspección, “que está haciendo una labor encomiable en muchos aspectos, como en materia de falsos autónomos, con resultados espectaculares”. “Como saben vamos a reforzar la plantilla de la Inspección con más de 600 efectivos nuevos. El presupuesto que el Estado dedica a la Inspección de Trabajo ha crecido desde 2020 más de un 40%”, indicó, destacando también la incorporación de 200 trabajadores de personal auxiliar. Esos dos centenares de efectivos sirvieron para desconvocar un paro, pero la falta de desarrollo del acuerdo global reactivó las protestas.

Fuentes de Función Púbica recuerdan ahora que el departamento ha autorizado un incremento de 781 efectivos para inspectores y subinspectores de Trabajo, una productividad extraordinaria de 6 millones de euros y un aumento del sueldo para este año del 2,5%, que puede llegar a un alza del 9,8% en el periodo 2022-24. “También hay que recordar que la ley de Función Pública, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, establece el horizonte de desarrollo profesional que la Inspección de Trabajo había reclamado”, añaden desde el ministerio de María Jesús Montero.

La mayoría de los sindicatos que representan a la plantilla de Inspección presentaron a finales de marzo una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea por este conflicto. Los denunciantes creen que el Ejecutivo español incumple el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 2021, y también el real decreto ley de 2020 que incluye medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública, conectadas con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas normas recogían mejoras en el ente público que, de momento, no se han materializado.

“El relato de las vacantes sin cubrir es falso”

El Ministerio de Trabajo tiene “clarísimo” que en España no hay un problema de vacantes sin cubrir, pese a las quejas de los empresarios. Para atajar esta idea tan repetida por las patronales, fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz han diseccionado este miércoles la única estadística oficial al respecto: la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), según la cual había 140.517 vacantes sin cubrir en España en el último trimestre de 2022. “Son muy pocas en comparación con los ocupados. No es estadísticamente cierto que las empresas tengan dificultades para cubrir necesidades de empleo”, han señalado estas fuentes.

El dato de la ETCL no es nuevo, y aún faltan tres semanas para que se publiquen los datos del primer trimestre de 2023, pero desde el ministerio explican que salen al paso porque están “cansados” de este “relato falso”. Hace referencia a declaraciones como las de este lunes del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi: “Seguimos teniendo paro elevado en España, superior a la media europea, y la realidad también es que hay vacantes, es decir, hay sectores que están reclamando gente”. Entre las patronales que más se quejan están las de la construcción, la hostelería o la metalúrgica. Varias han elaborado sus propios estudios que señalan este nivel de vacantes, al igual que la reciente encuesta entre empresarios de la consultora KPMG, en la que ocho de cada 10 compañías dicen que no encuentran personal suficiente.

Fuentes del Ministerio de Trabajo destacan que la ETCL, que elabora el Instituto Nacional de Estadística, es el único registro oficial. “En España solo existe esta fuente estadística oficial para medir vacantes. Y es una estadística muy robusta, en la que se pregunta a 28.500 empresas”. Ante las preguntas sobre una posible debilidad en esta estadística, dado el contraste entre lo que refleja y lo que dicen las patronales, el ministerio ha repetido que “se basa en una muestra enorme, homologada por Eurostat”. Desde el departamento también han recurrido al dato europeo, según el cual España tiene una de las tasas de vacantes más bajas del continente (un 0,9%, frente al 2,8% de media). “Nuestra tasa es tan baja porque, lamentablemente, nuestro dato de paro es muy alto (un 13%, ante la media europea del 6%)”, indican las mismas fuentes.

El ministerio se ha esforzado especialmente en contradecir el discurso de las patronales de la hostelería y de la construcción. “Se debería acabar el debate. En toda la hostelería en España, según la ETCL, había 4.152 vacantes en 2022. Esto es lo que dicen las empresas cuando les pregunta el INE”. En la misma línea, destacan que el registro del INE solo recoge 3.759 vacantes en construcción.

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