Los inspectores de Trabajo paralizan varias campañas para intensificar su protesta contra el Gobierno

A lo largo de esta legislatura, el Ministerio de Trabajo ha ido poniendo nuevos deberes a Inspección para proteger mejor a los empleados. Así, ha lanzado campañas investigadoras específicas, que van más allá de la labor ordinaria de este organismo. Entre ellas están las de control de los planes de igualdad entre mujeres y hombres, del tiempo de trabajo, del registro de jornada o de riesgos asociados a la actividad agraria. Este lunes los sindicatos que representan a plantilla de Inspección han anunciado que paralizan estas campañas, como protesta contra los incumplimientos del Gobierno, que se había comprometido a un refuerzo de personal, una modernización del servicio y una mejora de las condiciones laborales que no terminan de materializarse. Es un paso más en un conflicto que ya ha motivado paros parciales de los trabajadores y que culminará, si no hay acuerdo, con una huelga indefinida desde el 26 de junio.

Los trabajadores apuntan a dos parcelas del Gobierno como responsables: al Ministerio de Trabajo y al de Hacienda y Función Pública. Cargan contra los primeros porque son los que alcanzaron el acuerdo que de momento no se cumple y contra los segundos, por no dar luz verde a su aplicación. Por ello, la plantilla pide la dimisión tanto de Yolanda Díaz como de María Jesús Montero. Justo antes de las elecciones del 28-M, fuentes de Trabajo expresaron su malestar con Función Pública por no desbloquear el acuerdo y se quejaron de que mejoras parecidas sí se han materializado en ministerios socialistas. Fuentes de Función Pública contestaron que trasladaron a Trabajo una propuesta que incrementa la plantilla de Inspección, pero no convence ni a los trabajadores ni al departamento de Díaz.

El compromiso del Gobierno era aprobar la relación de puestos de trabajo (RPT) acordada hace dos años. Pero, según explican los sindicatos, Función Pública rechaza esta posibilidad a corto plazo. Esa RPT establece tres fines principales: reorganizar la estructura de Inspección, mejorar las condiciones laborales y aumentar la plantilla. “Para la consecución de estos objetivos se han acordado las líneas generales del contenido de la relación de puestos de trabajo que se propondrá a la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones para su aprobación”, especifica el texto, que implicaría un refuerzo de casi 1.000 plazas más. Inspección cuenta actualmente con unos 3.100 trabajadores y necesitaría, según los sindicatos, al menos 4.500 para operar correctamente. Para sostener esta postura resaltan que en España hay un inspector o subinspector por cada 15.000 trabajadores, mientras que la media de la Unión Europea y lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo es cada 10.000.

En la nota de prensa en la que anuncian la paralización de las campañas, los inspectores especifican que también interrumpen la de control de las condiciones salariales o la de control de economía irregular y trabajo de extranjeros en la agricultura. Los trabajadores recuerdan que el plan estratégico que recoge estas tareas especifica que “no serían realmente eficaces si no se avanzaba con firmeza en el fortalecimiento y modernización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, adoptando medidas organizativas y creando una estructura que permitiera su implementación, con la aprobación de una nueva RPT”.

Además, la mayoría de los sindicatos que representan a la plantilla de Inspección presentaron a finales de marzo una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea por este conflicto. Los denunciantes creen que el Ejecutivo español incumple el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 2021, y también el real decreto ley de 2020 que incluye medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública, conectadas con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas normas recogían mejoras en el ente público que, de momento, no se han materializado.

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