El desajuste de precios deja colgadas obras públicas por valor de 190 millones en el primer trimestre

La falta de mecanismos de revisión de precios, en un contexto de fuerte inflación y de volatilidad en los materiales de construcción, sigue lastrando la obra pública en España. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha contabilizado al menos 318 licitaciones desiertas en el primer trimestre de este año, que se corresponden con un volumen de trabajos de casi 190 millones de euros. La patronal de las empresas constructoras denuncia que esta situación afecta sobre todo a comunidades autónomas y ayuntamientos, compromete económicamente a muchas pymes y pone en riesgo una parte de los fondos europeos de recuperación.

“Muchas de las obras financiadas por los fondos Next Generation pertenecen al ámbito autonómico y local, y no han podido iniciarse ante la falta de sensibilidad de ayuntamientos y comunidades”, sintetiza el presidente de la CNC, Pedro Fernández-Alén. Por eso insta al Gobierno, “sobre todo a través del Ministerio de Hacienda”, a “solucionar cuanto antes el problema de los precios, ya que en caso contrario la ejecución de los fondos quedaría comprometida y también se frenaría la creación de empleo”.

La problemática, según la patronal, llega tanto de la falta de un sistema de revisión de precios “ágil” —una reclamación que arrastran hace tiempo y afecta a las obras con plazos de ejecución más largos— como de la redacción de concursos con precios no actualizados. Y, aunque provienen de todas las Administraciones (de hecho, el Gobierno evitó el pasado marzo prorrogar el sistema excepcional de revisión de precios que se había puesto en marcha al detectar esta situación), los constructores ponen el foco sobre todo en las más pequeñas, que usan el silencio administrativo negativo (la falta de respuesta de la Administración equivale a un no) cuando se les pide una revisión de los importes de licitación. “Estamos apreciando cada vez más obras desiertas en comunidades y ayuntamientos”, insiste Fernández-Alén.

Los datos recabados por la organización en el primer semestre muestran un problema muy extendido, aunque no se han logrado obtener datos de tres comunidades (Cantabria, Murcia y Navarra). Entre todas las demás, suman al menos 318 licitaciones desiertas por valor de 189,1 millones de euros. Es decir, se trata de trabajos que de media tienen un presupuesto cercano a los 595.000 euros. Pero los hay por importes más altos o más bajos: la mayoría, 254 contratos, no llegaban al medio millón; mientras que 34 superaban el valor de un millón de euros. Los 30 restantes se situaban entre esas dos cantidades.

62 concursos desiertos en Canarias

Canarias es la comunidad donde se han identificado más obras que no se han adjudicado: 62, con un valor de 13,3 millones de euros. Sin embargo, hay cuatro territorios que superan en importe el volumen del archipiélago. El primero es Extremadura que, con 17 licitaciones desiertas, suma 84,6 millones. Pero hay que tener en cuenta que en una sola obra, la del trasvase entre las cuencas fluviales del Pizarroso, el Alcollarín y el Búrdalo —un trabajo que se llevaría a cabo en cuatro términos municipales de la provincia de Cáceres, que sacó a licitación el pasado enero el Ministerio de Transición Ecológica y no recibió ni una oferta— se computan 74,4 millones, según los datos recabados por la CNC.

La segunda comunidad con más volumen de obra por empezar es Andalucía, con 24,8 millones. Y la tercera es Castilla y León, que en 35 trabajos suma 15,2 millones. Por detrás de Canarias, pero por encima de los 10 millones, se sitúa también Madrid. Y entre los cinco y los 10 millones estarían Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco. Las demás, con la excepción de las tres autonomías para las que no hay datos, están por debajo de los cinco millones. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, solo se han identificado tres concursos fallidos que suponen algo menos de 225.000 euros.

En conjunto, se trata de cifras muy similares a las del año pasado: la patronal estima que en el primer trimestre de 2022 quedaron desiertas 388 licitaciones por casi 230 millones. La diferencia, consideran, puede explicarse por la falta de datos de tres territorios en los datos de enero, febrero y marzo de este año. Por ello, insisten en la patronal en la necesidad “de un mecanismo de reequilibrio económico de los contratos públicos estable en el tiempo y de una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público”. Se trata de una reivindicación que llevan meses haciendo. El Gobierno modificó esa norma este mes, mediante una enmienda a otra ley, para favorecer la revisión de precios. Aunque el cambio afecta sobre todo a los contratos de servicios y sigue sin obligarse, como pide la CNC, a que todas las Administraciones incorporen mecanismos de revisión de los precios en sus contrataciones de obras.

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