España, el segundo país de la OCDE que más elevó el gasto social por la covid

España es el segundo país miembro de la Organización para la Organización y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más elevó su gasto social para hacer frente al vendaval causado por la covid. En 2020, cuando un virus desconocido puso patas arriba el mundo entero, aumentó los desembolsos públicos hasta el 31,2% del PIB, un salto de 6,5 puntos con respecto al ejercicio previo. Este incremento, que duplica el promedio del conjunto del bloque, permitió insuflar financiación adicional a la sanidad, ampliar las prestaciones por desempleo o las bajas por enfermedad en un momento en el que todas las costuras amenazaban con reventar. Solo Canadá experimentó un crecimiento porcentual superior (+6,9 puntos), según datos difundidos este jueves por el organismo con sede en París.

La llegada de la pandemia supuso un revés generalizado, que convulsionó de la noche a la mañana tanto las rutinas diarias como los cimientos de la economía mundial. Todo fue distinto en esta crisis en comparación con las anteriores. Lo fue la virulencia, con un hundimiento profundo y repentino del PIB; el origen, una emergencia sanitaria, y también la respuesta que se le dio, con una expansión inédita del gasto público. Aunque con distintas intensidades, los gobiernos abrieron el grifo para mantener la actividad y las rentas a flote durante los cerrojos forzosos que ordenaron para frenar los contagios. En los países de la OCDE, los desembolsos sobre el PIB crecieron unos tres puntos entre 2019 y 2020, desde el 20% hasta el 23% del PIB.

Como era previsible ante un shock causado por un virus y no por un desequilibrio económico, el gasto cayó en tiempo récord tras el bache. La OCDE estima que en 2022 la ratio se redujo en dos puntos, hasta el 21% del PIB, mientras que después de la Gran Recesión de 2008 la reducción fue mucho más lenta y nunca se volvió al porcentaje anterior a la debacle. Una diferencia que, según la institución, se justifica por el fuerte rebote de la actividad tras el periodo de los confinamientos estrictos: el PIB cayó un 4% en 2020, pero avanzó un 6% en 2021 y otro 3% en 2022 en el promedio del bloque.

En España, la caída del PIB fue del 11%, y del 5,5% el avance en 2021. Es decir, aún no se ha recuperado el terreno pedido, y quedan por pagar las facturas dejadas debido al aumento del déficit y la deuda. En cambio, la OCDE estima que el gasto bajó hasta el 29,5% del PIB en 2021 y el 28,1% el año pasado, porcentajes más alineados con la UE que con el club de las economías avanzadas, de la que forman parte países con un escudo social muy exiguo, como México, o donde tienen más peso los sistemas privados.

Efecto denominador

La subida de la ratio de gasto sobre el PIB no se debe solo a los mayores desembolsos. Parte del incremento se explica por la caída de la actividad, que en España ha sido particularmente intensa. Es el llamado efecto denominador: si el importe del PIB —el denominador— se reduce, mientras que el numerador —los gastos— crece o se mantiene estable, el porcentaje aumenta. La OCDE, sin embargo, considera que casi toda la subida del gasto público registrado entre 2019 y 2020 se debe al crecimiento de los desembolsos: de un aumento total de 3 puntos, 2,5 se explicarían por los mayores gastos y solo 0,5 por el retroceso del PIB.

En dinero contante y sonante, esos 6,5 puntos adicionales de gasto público que España contabilizó en 2020 se corresponden a unos 70.000 millones de euros, más o menos lo que la Agencia Tributaria recauda por IVA en un año. La flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) fue quizás la medida más notable en materia laboral aprobada por el Ejecutivo español al principio de la crisis, una herramienta de la que se llegaron a beneficiar más de tres millones de trabajadores y que evitó una destrucción masiva de empleo. A ello se suman los recursos inyectados para apuntalar los servicios básicos, con la sanidad a la cabeza.

De hecho, el incremento del gasto experimentado en 2020 en los países de la OCDE se debe a la mayor inversión en sanidad, que en el caso de España se ha concretado en ingentes transferencias a las administraciones regionales, encargadas de prestar los servicios básicos. También destaca la subida de los desembolsos en prestaciones por desempleo, en las que se incluyen los ERTE en España, los programas de empleo activo o las ayudas a las rentas más bajas, como el ingreso mínimo vital.

Independientemente de la pandemia, los capítulos con más peso sobre el gasto entre los países del club son la sanidad y las pensiones, que acaparaban el 5,8% y el 7,7% del PIB en promedio con datos de 2019. Las prestaciones por jubilación son la partida más ingente en muchos países europeos, con Grecia (15,7% del PIB) e Italia (15,9%) a la cabeza. España también se sitúa en la franja superior (11,3%), si bien la factura estimada para este 2023 será muy superior, alcanzando los 190.000 millones (más del 13% del PIB). En el otro extremo están países como Chile, Islandia, Corea del Sur y México. En cuanto a la sanidad, en Francia, Alemania, Japón y EE UU, el gasto sobre el PIB supera el 8%, frente a porcentajes inferiores al 3% en México, Países Bajos o Suiza. Estas diferencias se deben tanto a la estructura de la población —más envejecida, más gasto en sanidad y pensiones—, como a la orientación de los sistemas hacia una estructura más basada en lo público o en lo privado.