Las pensiones alcanzarán este año el gasto previsto por el Gobierno para 2030

La inflación rampante golpea de muchas formas. Una de las más evidentes es en el gasto en pensiones. Al haber recuperado las revalorizaciones con el IPC, esta partida subirá un 11%, hasta los 190.000 millones de euros, tomando los números de los Presupuestos e incluyendo las de los funcionarios y las no contributivas. Si se ponen estas cifras en relación con el PIB previsto por el Gobierno, que es la forma en la que se suele medir, porque valora la capacidad de pago, esto supone que el gasto sobre PIB alcanzará este mismo año un récord del 13,7%. Cuando se aprobó a finales de 2021 la reforma que volvía a vincular las pensiones a la inflación, la previsión del Ejecutivo era que las pensiones solo alcanzarían esa cifra en 2030, una vez ya se hubieran empezado a jubilar las primeras hornadas del baby boom, aquella generación que en España comprende a los nacidos entre 1956 y 1979. Así lo reconocía el Gobierno tanto en la memoria económica de la reforma que volvía a indexar las pensiones con el IPC como en el informe sobre envejecimiento enviado cada tres años a Bruselas.

Sin embargo, se ha llegado al 13,7% del PIB siete años antes. Nadie esperaba una inflación tan disparada que fulminase todas las previsiones. Esta cantidad se alcanza además antes de que comience a jubilarse el baby boom, la generación más numerosa, que elevará el número de pensionistas de los 10 millones de la actualidad hasta los 15 millones en 2050. No obstante, fuentes del Gobierno siempre aseguran que el PIB no está siendo bien medido si se tienen en cuenta los buenos datos de empleo y recaudación. Si esto se corrigiese, según señalan, el peso de las prestaciones sobre el PIB sería menor.

La subida del 8,5% con el IPC medio del año pasado se consolida en el gasto y hará que cualquier revalorización posterior sea todavía mayor porque se hace sobre bases superiores. No es lo mismo el 2% sobre 100 que sobre 108. De esta forma se aumentarán más los desembolsos.

La buena noticia es que la recaudación también está marchando bien. En la caja de la Seguridad Social las cotizaciones han estado creciendo en 2022 al 8%. En contabilidad nacional crecen algo menos: al 5%. En cualquier caso, los ingresos de la Seguridad Social están batiendo niveles récord. Aunque no van a engordar tanto como lo harán los desembolsos. No obstante, ahora además se está financiando una parte, unos 20.000 millones, con transferencias procedentes de los impuestos. Y eso implica que parte de la recaudación del IVA, que también está disparada creciendo al 19% impulsada por la inflación, puede destinarse a pensiones. De hecho, aunque las transferencias a las pensiones están tasadas por ley, muchos defienden que la caja de las pensiones y la de Hacienda en realidad son la misma cosa.

10.000 millones que financiar este año

Pero incluso con esa recaudación, el Gobierno tendrá que tomar prestado este año 10.000 millones de euros, el 0,7% del PIB, para financiar el desfase presupuestario de las pensiones, tal y como figura en los Presupuestos de 2023. Y a partir de los próximos años el gasto va a estar creciendo por encima del PIB y, en consecuencia, por encima de la recaudación debido a la jubilación del baby boom, que además tendrá prestaciones más altas.

La propia previsión del Gobierno es que el gasto en pensiones se sitúe en el 16,6% del PIB en 2050, una vez se tiene en cuenta también la supresión del factor de sostenibilidad que aprobó el PP y que reducía la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida. Tal estimación de gasto a 2050 se ha realizado sobre la base de previsiones de inflación al 2% y no superiores como las de ahora.

Si además los ingresos caen o se desaceleran en algún momento por una coyuntura económica adversa, el riesgo evidente es que el déficit sea todavía mayor. Esta necesidad de cubrir semejante desfase presupuestario se sumará al déficit estructural que ya existe de por sí en las cuentas públicas, calculado por encima del 3% del PIB por el Banco de España o la Autoridad Fiscal. Esta cifra es el equivalente a subir más de un tercio la recaudación por IRPF.

Para contrarrestar esto, la reforma de las pensiones, cuya segunda parte está negociando el ministro José Luis Escrivá, solo ofrece de momento dos medidas por el lado de los ingresos. Una es el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que aportaría 0,2 puntos de PIB al año en ingresos por cotizaciones que se destinarán a la hucha de las pensiones.

Y la otra es el llamado destope de las cotizaciones, por el cual los salarios altos cotizarían por una mayor proporción de su sueldo. En la actualidad esta contribución está topada en cerca de 54.000 euros. A partir de esa cantidad, el sueldo no aporta a la Seguridad Social. Con la propuesta de Escrivá, la base máxima de cotización se elevaría todos los años con la inflación más un 1,154%, hasta subirla en 30 años casi un 35% una vez descontada la inflación. Según cálculos de Fedea, ese incremento de cotización solo aportaría un 0,15% anual del PIB. Según las estimaciones del grupo de pensiones de WTW, un 0,2% del PIB. Hay estimaciones internas del Gobierno que dan el 0,4%. Los sindicatos y Podemos abogan por un destope total que haga que coticen íntegramente los sueldos altos, algo que dicen que podría dar unos 10.000 millones, el 0,7% del PIB, pero que también conllevaría una importante escalada de los costes laborales.

Medidas dentro de una década

El cambio del sistema de cotización de autónomos será neutro a la hora de aumentar la recaudación, como ha reconocido el Gobierno. Si bien algunas fuentes señalan que más adelante se podría subir, lo que se les exige para ingresar más. La ampliación del periodo de cálculo que está proponiendo Escrivá también ha sido declarada neutra en cuanto al ahorro que puede conseguir. Eso sí: el mecanismo de equidad intergeneracional contempla que dentro de una década se tomarán medidas adicionales por valor del 0,8% del PIB si el gasto sobrepasa las previsiones.

Una parte del Gobierno, Podemos y los sindicatos mantienen que en realidad dedicar el 16% del PIB a pensiones es una decisión política. Y que simplemente hay que poner los recursos para ello. Haría falta articular una reforma fiscal que el Ejecutivo no se ha atrevido a llevar adelante aprovechando el informe de los expertos que publicaron en marzo del año pasado. Políticamente, es siempre difícil encontrar el momento. Pero no todos comparten este planteamiento de elevar tanto el desembolso en pensiones: “Empeñarse en no adaptar el sistema de pensiones a la nueva demografía conlleva dedicar todo el margen fiscal a las pensiones, dejando sin financiación políticas que benefician a los jóvenes y al crecimiento, como la educación, la vivienda, la I+D o combatir el cambio climático”, sostiene José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía de la Complutense y subdirector de Fedea.