El año en que el dinero perdió valor

El dinero vale tanto como lo que puedes comprar con él. Y ganar 1.000 euros al mes en 2022 no fue lo mismo que hacerlo en 2021. La inflación, una palabra por muchos años desterrada del vocabulario de riesgos económicos, regresó el año pasado, pero explotó definitivamente este ejercicio. Las grandes cifras macro, sin embargo, resistieron en ese complicado entorno. Estos son los principales hitos del año que acaba.

Inflación ochentera. El 10,8% de inflación alcanzado en julio fue el inesperado máximo al que se auparon los precios este año. Detrás de esa cifra hay una factura eléctrica desbocada por el alto coste del gas, aumentos en los combustibles, y encarecimientos de los alimentos. Desde máximos, la inflación española ha caído cuatro puntos, lo que ha llevado a los expertos a pronosticar que los incrementos han tocado techo. El camino de regreso a la normalidad será largo: ningún organismo augura en 2023 el regreso a las tasas del 2% de inflación que los bancos centrales estiman como saludables.

La cesta de la compra más cara. La moderación de la inflación en la recta final del año no ha llegado a la cesta de la compra. El precio de los alimentos subió un 15,3% anual en noviembre tras escalar otro 15,4% el mes anterior, su máximo histórico. Azúcar, cereales, huevos, leche, aceite de oliva… son algunos de los productos que más están subiendo.

Hay pocos signos de que los precios se frenen en el corto plazo. La energía se disparó tras la invasión rusa de Ucrania y, con ella, subieron todos los costes de producción, transporte y de las materias primas. En la primera parte del año el alza fue más tímida, pero la tendencia ha ido a más y ha reavivado el debate sobre si algún intermediario de la cadena está sacando beneficios extra de esta situación. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió en septiembre a los supermercados que crearan una cesta de la compra básica a precios asequibles, pero el sector se negó alegando que ya ajustan al máximo sus precios y argumentó que la mejor medida era bajar el IVA de forma temporal.

El encarecimiento de estos productos básicos ha cambiado la forma de hacer la compra: visitas más frecuentes a las tiendas, compras más pequeñas e incremento de las ventas de las marcas propias. Es lo que se llama “consumo de crisis”.

Energía: la pieza clave en el rompecabezas de la inflación. Segundo año seguido con los electrones y las moléculas en primera línea del plano informativo. Tras prorrogar todas las rebajas fiscales aplicadas en 2021 sobre el recibo de la luz, la renovada tensión sobre los precios obligó al Gobierno a duplicar en junio el recorte del IVA sobre el recibo eléctrico, que pasó del 10% al 5%. Poco antes —tras meses de arduas negociaciones con Bruselas— había entrado en vigor la excepción ibérica, un mecanismo ideado para evitar el contagio de los altos precios del gas sobre la electricidad que ha permitido a España pasar de ser uno de los países con la luz más cara de la eurozona a ser uno de los más baratos.

En octubre, en vísperas de la temporada de calefacciones y pocas semanas después de que la cotización del gas natural marcase su máximo histórico, se reforzaron los bonos sociales para los colectivos vulnerables y se permitió a quienes viven en bloques con caldera comunitaria acogerse a la tarifa de último recurso (TUR), mucho más barata que las del mercado libre y subvencionada con dinero público.

Consciente de que si la electricidad no baja será imposible doblegar del todo la curva de la inflación, el Ejecutivo ha aprovechado el tramo final del año para anunciar un nuevo tijeretazo en los cargos de la factura eléctrica de cara a 2023. Un empujón más para que el aterrizaje de precios en el mercado mayorista que dibujan los futuros pueda traer consigo, al fin, una distensión en el componente energético del IPC.

Nuevo pico del combustible. Se notaba la tensión desde semanas antes, pero el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania fue definitivo. La guerra no solo nos hizo mirar con preocupación al este de Europa, también a los monolitos que anuncian los precios en las gasolineras. Los importes de gasolina y gasóleo, que ya habían marcado máximos históricos poco antes de la invasión, se dispararon todavía más y acapararon titulares que anunciaban récords semana tras semana. La cima se alcanzó en junio: la gasolina superó los 2,1 euros por litro, un 41% más cara que el precio más alto hasta este año. Y el diésel, que se ha abonado a la anomalía de ser el combustible más caro, superó en un 45% ese tope.

No obstante, esos no eran los importes que pagaban los conductores: el 1 de abril se estrenaba un descuento de 20 céntimos por litro, sostenido en parte por las arcas públicas y en parte por las grandes compañías, que el Gobierno prorrogó hasta final de año. La medida fue discutida por aplicarse indiscriminadamente a todos los conductores, y no solo a familias vulnerables. Su coste hasta octubre ya se acercaba a los 4.000 millones y no evitó que, pese a la bonificación, los conductores hayan pagado más que nunca por repostar, aunque sí alivió algo la factura.

El Gobierno interviene. Las de los carburantes no fueron las únicas ayudas públicas que el Ejecutivo se vio obligado a poner en marcha ante el incierto contexto económico. El 29 de marzo se aprobó un real decreto-ley de “medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania”. Movilizaba en total 16.000 millones, con 6.000 millones destinados a pagos directos, que además de las bonificaciones a los combustibles incluían una nueva rebaja al IVA de la luz, un incremento del Ingreso Mínimo Vital y subvenciones a sectores como el primario, los transportes o la industria electrointensiva. En el paquete también se incluiría el tope al 2% en las actualizaciones de los alquileres, para evitar que estos se disparasen en la misma proporción que la inflación.

Conforme el IPC mostró que la carestía de precios no era tan pasajera como se esperaba en un principio, el Gobierno preparó un segundo decreto de medidas a finales de junio. Este prorrogaba a final de año muchas de las anteriores (gasolinas, alquileres…) y añadió otras como el cheque de 200 euros para hogares con ingresos inferiores a los 14.000 euros anuales, la congelación del precio de la bombona del butano o la gratuidad y las reducciones en determinados transportes públicos. Estas últimas, por cierto, se han alargado para todo 2023.

El empleo resiste. Aunque entró en vigor en diciembre de 2021, la reforma laboral se desplegó completamente en marzo. Desde entonces, el nuevo marco de contratación ha rebajado en cuatro puntos la temporalidad (del 24,2% al 20,2%) y ha convertido al fijo discontinuo en el contrato de referencia para sustituir a los temporales. Sin embargo, si por algo ha destacado el nuevo paradigma de relaciones laborales durante su primer ejercicio, ha sido por su inesperada impermeabilidad frente al despegue de la inflación. El número de cotizantes se ha mantenido por encima de los 20 millones desde abril y el paro ha protagonizado bajadas en meses como octubre, en los que tradicionalmente subía. La radiografía estadística ha sido puesta en entredicho en varios momentos del ejercicio, a pesar de que los agentes sociales convienen en reconocer el éxito de la norma en su primer año de vida. Las dudas se concentran ahora en si el empleo resistirá al escaso crecimiento que experimentará la economía en 2023.

Las pensiones se revalorizan. La vinculación de las pensiones con el IPC llevó a que las prestaciones mejoraran un 2,5% en 2022. Un porcentaje que, por primera vez tras la aprobación de la reforma, las emparejaba con la evolución que habían experimentado los precios entre los meses de diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Además de este aumento, los nueve millones de pensionistas recibieron su última paguilla: un 1,6% adicional al 0,9% que cobraron en enero de 2020, y que para una pensión media de 1.127 euros supuso un extra de 240 euros. Sin embargo, todavía restan por resolver los aspectos más importantes de la segunda pata de la reforma de las pensiones. Entre ellos, el aumento del cómputo de los años para el cálculo de la pensión inicial, junto con el destope de las cotizaciones máximas y de las prestaciones más altas. Aspectos que el Gobierno se había comprometido con Bruselas a tenerlos listos antes de que terminase el año y que cuya resolución sigue en el aire. En 2023, en consonancia con la alta inflación, su revalorización será mucho mayor, del 8,5%.

Bajan las cuotas de los autónomos. El Ministerio de Seguridad Social acordó en julio con las organizaciones que representan a los autónomos un nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Con este nuevo esquema, los trabajadores por cuenta propia con ingresos más bajos verán rebajada su cuota durante los próximos tres años. A pesar de que el despliegue completo del nuevo régimen de cotización contempla un horizonte de nueve años, tan solo se han definido las cuotas de los próximos tres, que han quedado recogidas de la siguiente manera: en 2023 los trabajadores por cuenta propia con un rendimiento neto por debajo de 670 euros pagarán 230 euros al mes, pasarán a pagar 225 en 2024, y 200 en 2025. En el tramo alto, por encima de 6.000 euros, abonarán 500 euros en 2023, 530 en 2024 y 590 en 2025.

Nuevos impuestos en medio de una batalla fiscal. 2022 no ha sido el año de la profunda reforma fiscal que planeaba el Gobierno, pero ha habido varios hitos, ajustes tributarios y rifirrafes a cuenta de los impuestos. Entre los objetivos cumplidos están las conclusiones del comité de expertos para la reforma fiscal, que habían sido comprometidas con la UE y que se presentaron en marzo. Desde entonces, la situación económica se ha deteriorado y el Gobierno ha ajustado el tiro: ha aplazado la reforma tributaria completa, y en su lugar ha promovido cambios de cara a 2023 y nuevos gravámenes extraordinarios a banca, energéticas y grandes fortunas para financiar las medidas anticrisis. Las comunidades, por su parte, han anunciado bajadas generalizadas de impuestos, entre ellas en patrimonio y en el IRPF.

Todos estos movimientos han hecho saltar chispas. El nuevo impuesto a los ricos ha protagonizado el mayor encontronazo entre el Gobierno y las comunidades, porque en la práctica armoniza el impuesto sobre el patrimonio, que está gestionado por las autonomías. De hecho, la mayor recaudación vendrá de las comunidades que bonifican total o parcialmente este tributo autonómico: Madrid, Andalucía y Galicia, todas gobernadas por el PP. Los nuevos impuestos a banca y energéticas también han causado malestar en los sectores afectados. Estos gravámenes no se aplicarán a los beneficios, sino al margen de intereses y comisiones en el primer caso, y a la facturación en el segundo. Mientras tanto, la recaudación de la Agencia Tributaria va batiendo récords, empujada por la inflación galopante: en octubre ya había superado todo lo ingresado en 2021.

Los bancos centrales cambian el paso. Los bancos centrales han recogido este año el cable a toda mecha para deshacer la extraordinaria expansión monetaria que habían desplegado para hacer frente a la crisis financiera, primero, y al batacazo económico provocado por la pandemia, después. El Atlantic Council estima que los cuatro grandes bancos centrales (Washington, Fráncfort, Tokio y Londres) bombearon más de diez billones de euros para salvar a las economías de la covid-19. Sin embargo, esa crisis se encadenó con otra que requirió la receta opuesta. La inflación escaló a ambos lados del Atlántico, a lo que los bancos centrales empezaron a reaccionar ya de forma agresiva en 2021.

El BCE lo ha hecho este año. Y además de acabar con sus programas de compras de deuda, en los seis meses comprendidos entre julio y diciembre ha subido los tipos de interés del 0% al 2,5%. Con ese aumento, el mayor de su historia, devuelve el precio del dinero a niveles de 2008 para combatir una inflación que todavía se sitúa en el 10,1% en el conjunto de la zona euro. La Reserva Federal también ha despedido el año con otra subida de tipos, dejándolos en la horquilla de entre el 4,25% y el 4,5%. A diferencia de Europa, Washington ya ha empezado otro proceso que se prevé complejo: la reducción de la cartera de bonos que acumulan de las dos crisis. El BCE prevé empezar en marzo de 2023 a un ritmo inicial de 15.000 millones mensuales. Con sumo cuidado, puesto que cualquier derrape podría poner en riesgo las delicadas primas de riesgo del sur del Viejo Continente.

El euríbor cambia de tendencia. Esa escalada de los tipos de interés para luchar contra la inflación ha tenido asimismo un efecto negativo para las familias endeudadas: el euríbor ha rebotado con fuerza (cerró noviembre en el 2,828%), lo que golpeará a los 3,7 millones de hogares con hipotecas variables. Ante este varapalo que terminará de llegar en los próximos trimestres, el Gobierno y la banca han pactado una red de auxilio de forma preventiva: se amplió el Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012, para los más vulnerables (con rentas de hasta 25.200 euros anuales a las que la carga hipotecaria se les haya incrementado y cuya cuota mensual supere la mitad de los ingresos netos del hogar) y se ha creado un nuevo protocolo para las familias en riesgo de caer en situación de vulnerabilidad (con rentas de hasta 29.400 euros, cuya tasa de esfuerzo supere el 30% y esta, a su vez, haya aumentado al menos un 20%). El catálogo de medidas incluye periodos de carencia, un tipo de interés reducido, congelación de la cuota y alargamiento de la vida del préstamo, entre otros, para reducir la presión en el bolsillo de los endeudados.

La vuelta del turismo. La recuperación del turismo ha sido sólida en 2022. Tras dos años complicados por las restricciones impuestas por la pandemia, el sector ha vuelto a respirar. La mejoría empezó en 2021 gracias al turismo nacional, pero el internacional se había hecho de esperar hasta este año. La llegada de viajeros ha rozado durante los últimos meses los niveles anteriores a la pandemia, en 2019, que fue un ejercicio récord con 83,7 millones de visitantes. El pasado verano el sector recuperó el 88% de los turistas que llegaban antes del coronavirus y todo apunta a que el conjunto del año será similar.

Ni los temores a una recesión ni la escalada de los precios han frenado la actividad. Incluso este invierno, que se esperaba más complicado, será mejor de lo esperado, según las previsiones del sector hotelero. Los principales indicadores de actividad y rentabilidad están mejorando: el beneficio por habitación alcanzó los 113 euros entre octubre y septiembre, un 13% por encima de 2019, según un informe de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y PwC. La ocupación se situó un 15% por encima y los precios medios de los hoteles alcanzaron los 115 euros, un 15% más.

El año loco de Elon Musk en Twitter. Elon Musk ha cambiado en 2022 el título de hombre más rico del mundo por el de tuitero jefe. Decidió comprar Twitter en un arrebato, luego quiso echarse atrás durante meses, y acabó adquiriendo la red social por 44.000 millones de dólares cuando se vio atrapado en los tribunales. Entró en la empresa como elefante en cacharrería. Despidió a la mitad de la plantilla y otros cientos de trabajadores se fueron al exigirles una entrega absoluta, que predicaba quedándose a dormir en la sede de la empresa. Proclamó un falso “absolutismo de la libertad de expresión” que atrajo los mensajes de odio y ahuyentó a los anunciantes. Para compensar, implantó el sistema de suscripción, de nuevo de forma caótica. Ha readmitido en la red a Donald Trump (que le ha dado calabazas) y abrazado parte del discurso de la derecha extrema y conspiranoica. Asegura que el uso de la red social ha crecido, pero las cuentas no le terminan de salir y hasta ha dejado de pagar facturas. Mientras, continúa con sus planes de crecimiento en Tesla, SpaceX, Neuralink… Todas tienen grandes proyectos para el próximo año. Elon Musk no deja indiferente. Será protagonista de 2023 y lo contará a golpe de tuit.

Despidos en las tecnológicas. Para muchas tecnológicas, la pandemia fue una época dorada gracias al cambio de hábitos de consumo. La vuelta a la normalidad, errores de estrategia y el frenazo de la economía han dejado una resaca de decenas de miles de despidos que ha afectado incluso a gigantes tecnológicos que no habían hecho más que crecer. Amazon está recortando hasta 10.000 empleos, principalmente en el área de dispositivos. Meta (Facebook) anunció 11.000 despidos en plena apuesta (de momento fallida) por el metaverso. Twitter recortó la plantilla de 7.500 trabajadores a la mitad con la llegada de Musk. La red social Snap anunció en agosto el despido del 20% de su nómina de empleados, más de 1.000 trabajadores, tras un frenazo en su crecimiento y unas pérdidas multimillonarias. Peloton se sumó en octubre con más de 4.000 empleados y Netflix, con unos 500. Lyft, rival de Uber, la plataforma de pagos de comercio electrónico Stripe, Intel y Microsoft también están reduciendo plantilla y gigantes como Apple y Alphabet (Google) están frenando la contratación. El próximo año dirá si se trata de una crisis de crecimiento o de un cambio de tendencia más preocupante.

El largo invierno cripto. El maravilloso 2021 para las criptomonedas hacía prometérselas muy felices a los inversores en estos activos tan controvertidos. Pero 2022 pasará a la historia como uno de los peores años de su corta historia: la criptomoneda TerraLuna colapsó dejando a cientos de miles de particulares sin sus ahorros, y la quiebra de plataformas como Celsius, BlockFi, y sobre todo, FTX, añadieron nuevos damnificados y han extendido la desconfianza hacia un universo que necesita de ella para sobrevivir. El criptoinvierno, como se denomina en el sector a este periodo de vacas flacas, parece no tener fin. Y todas las miradas se dirigen ahora a Binance, la mayor plataforma de compra y venta de criptomonedas del mundo. De su supervivencia depende buena parte del futuro de esta industria tan exaltada por unos como denostada por otros.

Relevo en Inditex. El imperio Inditex ha vivido este 2022 uno de sus años más relevantes. El grupo textil gallego, propietario de marcas como Zara, Stradivarius y Massimo Dutti, ha culminado el relevo generacional en la cúpula con la salida en abril pasado de Pablo Isla, que sustituyó en 2011 a Amancio Ortega en la presidencia, y el nombramiento de Marta Ortega, hija del fundador, como presidenta no ejecutiva.

“Inditex tiene aciertos y errores, pero nunca se detiene”, dijo Ortega, de 38 años, en su primera junta de accionistas, en julio pasado. La cuenta de resultados le está dando la razón, al menos de momento. En este primer ejercicio fiscal (iniciado en febrero), Inditex está encadenando ventas y beneficios récord: en los nueve primeros meses la facturación fue de 23.055 millones de euros, un 19% más, y las ganancias crecieron un 24%, hasta 3.095 millones. De seguir a este ritmo, cerrará el cuarto trimestre superando su mejor año hasta ahora: 2019.

Choque con los transportistas. La Plataforma en Defensa del Transporte, una agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de mercancías, paralizó el país durante veinte días en la huelga protagonizada el pasado marzo. La subida de los carburantes y la escasa remuneración por los portes, que lleva a muchos camioneros a trabajar por debajo de costes, motivó el conflicto, provocando incluso problemas de abastecimiento en supermercados y el cierre de fábricas por falta de materiales.

El Gobierno reaccionó y aprobó subvencionar con 20 céntimos de euros cada litro de combustible, ayudas directas de 450 millones y tramitó por vía de urgencia un decreto ley para asegurar que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista, que finalmente entró en vigor el pasado agosto. Las medidas fueron saludadas por las organizaciones mayoritarias de transportistas que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), y del que no forma parte la Plataforma. Esta asociación volvió a la carga y convocó una nueva huelga el pasado 14 de noviembre alegando los incumplimientos de la ley, pero tuvo que desconvocarla apenas 24 horas después por la falta de seguimiento.

La última bala de Abengoa, El pasado 29 de julio el titular del Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Sevilla ratificaba la liquidación de Abengoa, S. A., la matriz de un conglomerado empresarial que había encarnado el símbolo del desarrollo industrial y tecnológico de España. La disolución suponía el punto y final para una entidad fundada en 1941, cuyo ocaso empezó a larvarse en 2015 y que después fue incapaz de remontar tres rescates fallidos y un concurso de acreedores.

La negativa de la SEPI de aportar los 249 millones para su reestructuración a finales del pasado mes de junio obligó a diseñar una estrategia para salvar las unidades de negocio de Abengoa que sí son rentables. En 2021, la multinacional facturó 1.000 millones de euros anuales y registró unos beneficios operativos superiores a los 160 millones, pero se vio lastrada por una deuda que roza los 5.000 millones de euros. El 10 de noviembre Abenewco1 —la filial que acaparaba todos los activos de la compañía— y otras 27 empresas que dependen de ella entraron en concurso de acreedores. El viacrucis para la salvación de sus 8.700 puestos de trabajo, 2.000 de ellos en Andalucía, sin embargo, no termina. El 12 de diciembre el juez amplió el plazo para presentar ofertas, alargando la incertidumbre. La administración concursal y el comité de empresa han apoyado la propuesta de adquisición de Urbas, a la que en los últimos días se han sumado las de Ultramar Energy y el fondo británico Sinclair. Todas se comprometen a garantizar la subsistencia de todo el subespectro de negocio de la compañía y mantener a la totalidad de la plantilla.

Con información de Ignacio Fariza, Lluís Pellicer, Miguel Jiménez, Laura delle Femmine, José Luis Aranda, Hugo Gutiérrez, Cristina Galindo, Gorka R. Pérez, Ramón Muñoz, y Eva Sáiz.