El Gobierno y la banca aceleran para cerrar un paquete de ayudas a hipotecados en los próximos días

El Gobierno y la banca meten una marcha más en la negociación para sacar adelante un escudo que proteja a los clientes financieros más vulnerables. Las reuniones se mantienen al más alto nivel para alcanzar un acuerdo cuanto antes. El Ejecutivo presiona para ello y pretende que sea un paquete de medidas amplio ante la escalada del euríbor por la fuerte subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) de los últimos meses. El sector financiero, por su parte, ya ha llevado a la mesa una serie de propuestas que sirven de base del nuevo plan de apoyo. Y consideran que el pacto está cerca, tanto que no descartan que se produzca antes de la presentación de resultados del tercer trimestre —el Santander lo hace el día 26, el Sabadell el 27, mientras que el turno de CaixaBank y BBVA será el viernes 28— que serán previsiblemente muy buenos.

En la medicina, cuando no es posible detectar una enfermedad, se busca la presencia de anticuerpos que la combatan. En este caso, el acuerdo se vislumbra muy cercano por todos los movimientos que han ido trascendiendo de la negociación. Por ejemplo, el encuentro de los responsables de riesgos y jurídicos de los bancos a finales de la semana pasada para valorar el impacto de las medidas sobre sus cuentas. Es decir, las entidades ya tienen una estimación sobre cuántos de sus clientes se podrían acoger y el coste que les supondría. Tras un primer análisis, la parte negativa es que estos préstamos pasarían a estar bajo vigilancia. Eso sí, evitarían que muchos cayeran en riesgo de impago, por lo que no estarían obligados a disparar sus provisiones.

Entre las propuestas sobre la mesa está que se consideren como vulnerables a las familias cuya cuota de la hipoteca se encarezca en al menos un 30%, siempre que se hayan firmado a partir de 2012 y se trate de primera vivienda, según ha adelantado Efe. Se trata de una nueva opción planteada por la banca, aunque no es la única que está siendo abordada con el Ejecutivo, según confirman a EL PAÍS fuentes conocedoras de la negociación. Con esta alternativa se pretende ampliar el número de beneficiarios mediante la actualización de los requisitos. De hecho, en los últimos encuentros ya se valoró la necesidad de modificar o eliminar del Código de Buenas Prácticas la condición de que se haya producido una disminución de los ingresos de la unidad familiar para que se considere que un hipotecado se halla en apuros y pueda beneficiarse de ese escudo social que ofrece el protocolo en vigor, que es de obligado cumplimiento una vez las entidades están dentro. “Hay propuestas que están bien, pero hacen falta ajustes y cerrar un plan de apoyo más amplio”, inciden fuentes de la Administración.

La definición de cliente vulnerable se había formulado así porque en la crisis de 2008 el problema principal para los clientes era la pérdida de empleo y el retroceso de los ingresos de la unidad familiar. Sin embargo, en esta ocasión, el factor clave no es de desplome de la renta, sino el repunte de los costes, tanto financieros como de otros ámbitos (la factura eléctrica, el combustible u otros productos básicos). Por ello, todas las partes consideran importante actualizar el código y ajustar los umbrales. “Se están consensuando las medidas para apoyar a los más vulnerables. Los bancos buscan soluciones porque son los más interesados en que no haya impagos”, sostienen fuentes financieras. Algo que el Gobierno considera clave: el acuerdo debe ser conjunto para que todas se adhieran a un protocolo que es voluntario.

Asimismo, en los encuentros se discute sobre la necesidad de rebajar la tasa de esfuerzo de la cuota hipotecaria para poder acceder a una protección especial (el protocolo lo sitúa en el 50%). Mientras que sobre el umbral de renta, el código lo marca en los hogares que ganen hasta tres veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) en 14 pagas: 24.318,84 euros. Sin embargo, en la práctica, esta cifra ascenderá a 25.200 euros anuales, ya que se revalorizará a partir de enero de 2023, según recoge el proyecto de Presupuestos. Para los clientes que se consideren como vulnerables, el Código de Buenas Prácticas ya les permite acogerse a una carencia en la amortización de capital de cinco años, ampliar el plazo del préstamo o reducir el tipo de interés aplicable a euríbor más 0,25%, a lo que habrá que añadir las nuevas medidas que se acuerden ahora.

Antes de resultados

Entre las nuevas medidas que se han propuesto en las últimas semanas también se encuentra la de congelar las cuotas de hipotecados en problemas, una propuesta que realizó CaixaBank. Esta alternativa se considera viable por todas las partes, aunque despertó ciertos recelos entre las patronales bancarias, ya que no se hizo de forma conjunta. “Ya se ha acabado la fase de análisis preliminar y ahora estamos con las propuestas concretas”, aseguran fuentes conocedoras de la negociación, que añaden: “La intención es que el plan no se reduzca a solo algunas medidas, sino que sea amplio para ayudar a los que lo pasen mal en los próximos meses”.

El Gobierno ha mostrado interés en que se cierre algo cuanto antes y está ejerciendo presión para que se saque adelante en breve. Sin embargo, el sector considera que todavía no existe tal necesidad: la morosidad sigue por debajo del 4%, en niveles históricamente bajos. “No se puede retrasar mucho porque cada semana hay revisiones del euríbor y el golpe para las familias es grande”, aseguran fuentes gubernamentales. De hecho, el euríbor, índice al que se referencia la mayoría de las hipotecas variables, pulverizó sus registros de subida el pasado septiembre: en un préstamo medio (137.921 euros a pagar a 24 años, según los datos del INE de 2021) con interés del euríbor más un punto se encarecerá unos 180 euros al mes, alrededor de un 35% más.

Así, aunque los datos todavía no muestran un deterioro excesivo en los impagos, la intención del Ejecutivo y la banca es que se apruebe un paquete de medidas lo antes posible de forma preventiva: “Buscamos propuestas que tengan efecto inmediato para dar solución a los problemas que puedan surgir”, coinciden casi al unísono todas las partes. Para la banca, además, la premura puede deberse a otras dos razones: antes de que haya una nueva alza de tipos del BCE (hay reunión el próximo jueves) y por la cercanía de la presentación de resultados trimestrales, que se prevé que sean muy buenos por el endurecimiento en la política monetaria.