Una propuesta más justa de revalorización de las pensiones

Recordaba Miguel Ángel García en una investigación reciente para Fedea que “no defiende mejor el sistema público de pensiones aquel que promete más prestaciones ahora sin reparar en medios, sino el que garantiza permanentemente el pago de pensiones razonables sin trasladar cargas excesivas a las próximas generaciones”.

Ese es un horizonte que conviene no olvidar al tratar de equilibrar los tres objetivos que tiene el sistema de pensiones: (1) proporcionar un ingreso suficiente a las personas que ya no se encuentran en edad de trabajar; (2) hacerlo manteniendo la equidad entre individuos acorde a su contribución y (3) también entre generaciones.

Para navegar el reto del equilibrio entre todos ellos, la mayor parte de países de nuestro entorno con sistemas similares al español cuentan con una fórmula para actualizar año a año el valor de las pensiones que tiene en cuenta la evolución del nivel de precios, pero también otras variables como la evolución demográfica o el crecimiento de la economía.

En contraste, en España, desde la derogación en esta legislatura de las reformas de 2012 y 2013 las pensiones se actualizan teniendo en cuenta solamente el Índice de Precios al Consumo (IPC). Como consecuencia, dada la previsible evolución demográfica, el objetivo de la equidad entre generaciones queda relegado: de acuerdo con las estimaciones de la Airef, con las medidas adoptadas en esta legislatura y en ausencia de reformas adicionales, en 2050 frente al 11% actual, el gasto en pensiones pasará al 17,4% del PIB – muy por encima del gasto esperado en los países de nuestro entorno. Y esto es, asumiendo una evolución demográfica y macroeconómica favorables.

Ese problema se agrava enormemente en un entorno inflacionario como el actual. Nada lo expresa tan claramente como los números del proyecto inicial de los Presupuestos Generales del Estado para 2023: el Gobierno ha promocionado el incremento de unos 25.000 millones de euros en el gasto social en comparación con el año anterior, pero resulta que, de estos, unos 19.500 se dedicarán al aumento del gasto en pensiones, de los cuales 12.430 irán únicamente a la revalorización general al 8,5% anunciada por el Gobierno. Los otros 7000 millones, aproximadamente, se dedican a financiar el gasto inercial del sistema: cada año hay más pensionistas y con derecho a una pensión media más alta.

En otras palabras: del total de aumento de gasto social de los presupuestos generales del estado, cerca de tres de cada cuatro euros van a pagar pensiones y uno de cada dos a pagar la revalorización del 8,5%.

En un contexto inflacionario y de subida de tipos de interés, en el que el Gobierno necesita dar una señal de compromiso con la estabilidad de las cuentas públicas, al tiempo que la sociedad española está haciendo enormes esfuerzos para contener la espiral inflacionaria, una revalorización universal que concentra las transferencias en pensionistas de alto poder adquisitivo no parece ni justa ni razonable.

Para mostrarlo, en EsadeEcPol hemos hecho el ejercicio de dividir la población española en diez grupos según sus ingresos, utilizando los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, con el objetivo de averiguar qué parte del coste de la revalorización del 8,5% se destinará a los pensionistas que forman parte de cada uno de esos diez grupos.

Resulta que los pensionistas que forman parte del 30% de la población española con menos ingresos recibirán solamente un 13% de la revalorización, mientras que los pensionistas que se sitúan entre el 10% de españoles con mayor renta lograrían un 21,2%, casi 2.500 millones de euros.

Dicho de otro modo: mientras los pensionistas que forman parte del 30% de la población más rica recibirán una transferencia por vía de impuestos de 6.111 millones de euros, los que forman parte del 30% más pobre recibirán una transferencia de 1.620 millones. La distribución del coste de la revalorización puede explicarse por dos canales: el número de pensionistas que hay en cada decil en la distribución nacional de la renta y la pensión media que reciben estos pensionistas dentro de cada decil.

Nuestra propuesta consiste en sustituir la revalorización universal por una dividida en cuatro tramos. Para los pensionistas que se encuentren dentro de los tres primeros deciles de renta (ese 30% de menores ingresos) la revalorización sería completa, del 8,5%. En el caso de los pensionistas que se encuentran entre el decil cuatro y el seis, la revalorización ascendería al 6%, que se reduciría al 4% entre el decil siete y el nueve y llegaría a su nivel mínimo de revalorización del 2% para aquellos que se encuentren entre el 10% con mayores ingresos.

Esta propuesta alternativa de revalorización para 2023 tiene dos ventajas. El coste absoluto de la revalorización se reduce desde 12.430 a 6.890 millones de euros. Adicionalmente a este ahorro presupuestario del 44,5% frente a la revalorización universal, nuestra propuesta presenta un impacto distributivo sustancialmente mayor: la revalorización universal tendría un efecto prácticamente neutro en términos distributivos, con una reducción de la desigualdad de tan solo el 0,02%. Por su parte, la revalorización por tramos, empleando poco más de la mitad de los recursos, logra un impacto distributivo sustancialmente mayor, equivalente a una reducción de la desigualdad (medida con el índice de Gini) del 0,67%. Es, por tanto, no solo más razonable, sino también más justa en la búsqueda de un equilibrio entre suficiencia y equidad.

En principio, esta propuesta de revalorización alternativa solo debería aplicarse para 2023, puesto que se trata de una medida extraordinaria para un momento extraordinario: en un contexto en el que se está intentando llegar a un pacto de rentas que reparta de forma justa los costes de la inflación, excluir de ese pacto a un porcentaje tan grande de la población como son los pensionistas no parece la opción más equitativa. Por su parte, las medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, creemos, no deberían pasar por modificar las reglas de revalorización, sino por otro tipo de ajustes que permitan a los trabajadores actuales modificar sus decisiones de ahorro y consumo de cara a la vejez. En ese sentido, creemos que la reducción del componente contributivo del sistema como consecuencia de nuestra propuesta es un precio razonable a pagar para garantizar la equidad en el reparto de los costes de la crisis y la estabilidad presupuestaria en el corto plazo, a la espera de una reforma que garantice la misma a largo plazo.

Ángel Martínez Jorge es investigador en EsadeEcPol.

Toni Roldán es director de EsadeEcPol.

Jorge Galindo es director Adjunto de EsadeEcPol.