Así está la negociación sobre el pacto de rentas: un diagnóstico común, soluciones enfrentadas

Gobierno, sindicatos y patronales retomaron las conversaciones este miércoles, pero no abordaron la forma de acabar con el bloqueo

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, preside la mesa de diálogo social convocada este miércoles en Madrid.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, preside la mesa de diálogo social convocada este miércoles en Madrid.Juanjo Martín (EFE)

El último movimiento del Gobierno este miércoles para reactivar las negociaciones sobre un pacto de rentas con el que combatir una inflación que se ha cronificado ha vuelto a evidenciar las desavenencias que enfrentan a los agentes sociales en cuanto al aumento de los salarios, y que han impedido la consecución de un acuerdo en los últimos meses. Se trata de diferencias aparentemente insalvables en algunos puntos, como la incorporación (o no) de cláusulas de revisión salarial que los sindicatos consideran fundamentales, y de las que los empresarios reniegan. Pero los problemas van más allá del microscopio, hasta el punto de cuestionar los fundamentos del propio pacto de rentas, así como su contenido. Y ahí los enfrentamientos pasan de las dos a las tres dimensiones.

¿Están de acuerdo en qué debería incluir el pacto de rentas?

Los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, e incluso el propio Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se han manifestado de forma reiterada en contra de asimilar el pacto de rentas, exclusivamente, con un acuerdo sobre salarios. Aunque ambos comparten la opinión de que un hipotético acuerdo sobre salarios resultaría parte fundamental, consideran que este debe ir acompañado de una batería de medidas que corresponde definir al Gobierno (y que ya presentó a finales del mes de junio).

Hasta aquí las sincronías. Porque mientras los sindicatos han pedido que dentro de estas medidas se encuentren modificaciones fiscales que carguen (en forma de incremento de impuestos) las ganancias de aquellas empresas que se están beneficiando del aumento de los precios, los empresarios no solo lo consideran desproporcionado, sino que apuntan hacia una contención de rentas que llegue también hasta los funcionarios y los pensionistas. Estos últimos tienen asegurada una revalorización de sus prestaciones tras la aprobación de la última reforma. “Habría que hablar de funcionarios, impuestos, pensiones... Un pacto de rentas va mucho más allá, y no solo afecta al diálogo social, sino a toda la clase política, al arco parlamentario. Estamos hablando de un acuerdo de país”, ha señalado este jueves Garamendi.

¿Cuáles son las líneas rojas de unos y otros?

Sindicatos y patronales consideran apropiado definir una senda de crecimiento de los salarios para los próximos años. La propuesta que han puesto sobre la mesa UGT y CC OO establece un aumento del 3,5% para 2022, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, que incorporaría la presencia de cláusulas de revisión que corrigieran las cuantías finales en función del comportamiento de la inflación en este tiempo. Y es aquí donde la patronal se ha plantado en redondo. “En ningún caso estamos diciendo que no haya que subir los salarios, claro que sí, y vamos a ver cómo, pero habrá que hacerlo de una manera que no sea indexando los salarios a la inflación, porque esa cláusula creo que no es beneficiosa”, ha indicado Garamendi.

En la reunión de este miércoles, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, planteó a los agentes sociales un pacto de rentas hasta 2025 que pase por una “moderación” de rentas salariales y empresariales. “Vamos a empezar a trabajar desde mañana mismo [por este jueves] en distintas composiciones y de forma discreta para llevar a buen puerto esta negociación”, añadió después. Los representantes sindicales que acudieron al encuentro que tuvo lugar en el Ministerio de Economía, sin embargo, afearon al Gobierno que no plantease una sola medida en relación por dónde orientar estas conversaciones. Fuentes del gabinete de Calviño señalan que dentro del orden del día “no había un punto que fuese sobre el pacto de rentas”, y sostienen que lo que se consiguió con esta convocatoria fue “desbloquear o reactivar un debate que había sido dejado de lado por los agentes sociales”, y trasladarles su voluntad de facilitar que llegasen a un acuerdo.

¿Está más cerca el acuerdo?

Esta fue una de las preguntas que se planteó a todas las partes participantes en la reunión. Y las respuestas de todos ellos (ningún representante de las patronales compareció) enfrió el optimismo. “Las posibilidades de que se firme hoy un pacto son las mismas que hace un mes o una semana”, reconoció Mariano Hoya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. Su visión fue compartida por Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO, quien consideró apropiado el relato que realizó el Gobierno durante el encuentro acerca de la situación económica y social del país, pero lamentó que no se hubiera planteado ninguna línea de trabajo concreta sobre la mesa.

¿Cuándo volverán a reunirse?

A pesar de que Calviño reconoció que los contactos se mantendrían con asiduidad, lo cierto es que la próxima reunión del diálogo social está prevista para septiembre, tras el verano, en una fecha aún por definir. Se dará en un mes en el que los sindicatos planean inundar el país de movilizaciones para dar comienzo a ese “otoño caliente” con el que han amenazado (un término que acuñaron durante las manifestaciones del Primero de Mayo) si no se produce un alza de los salarios.

Estas futuras manifestaciones recogerían el testigo de las que ya se dieron, precisamente, este miércoles por distintas ciudades del país ante las sedes de las organizaciones empresariales. “Las organizaciones sindicales tenemos que movilizar a los trabajadores que están con los convenios bloqueados, para que se llenen las calles, para que las fábricas y los centros de trabajo paren y consigamos romper esta barrera que nos impide poder mantener los salarios”, declaró Pepe Álvarez durante las protestas en Madrid.

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Gorka R. Pérez

Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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